02 de marzo de 2026
La regulación de las fintech en Brasil: lagunas normativas en el sector financiero digital
Andreas Monteiro Seiler; Sarah de Oliveira Silva dos Santos
Resumen elaborado por la herramienta ResumeAI, solución de inteligencia artificial desarrollada por el Instituto Pecege orientada a la síntesis y redacción.
La economía digital ha promovido profundas transformaciones en las dinámicas de producción, consumo e interacción entre individuos e instituciones financieras, consolidando un escenario donde la tecnología actúa como el principal vector de agilidad y personalización de servicios. En este contexto, las fintechs han emergido como organizaciones fundamentales para la reconfiguración del sector, utilizando innovaciones como inteligencia artificial, big data y blockchain para desafiar la hegemonía de las instituciones tradicionales y promover la inclusión económica. En Brasil, este ecosistema ha presentado un crecimiento expresivo, alcanzando la marca de 1.481 empresas, con la apertura de más de 250 millones de cuentas digitales y la generación de aproximadamente 100 mil empleos directos (Perez, 2023). Este fenómeno no se ha limitado al territorio nacional, dado que, en América Latina, el número de fintechs se expandió un 340% entre los años 2017 y 2023, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (Perez, 2024). Sin embargo, la velocidad de esta innovación disruptiva ha expuesto la lentitud estructural de los marcos regulatorios y las dificultades de las instituciones jurídicas para seguir modelos de negocio altamente escalables y eficientes.
La base teórica que sustenta el análisis de este sector destaca que la regulación debe buscar un equilibrio delicado para mitigar incertidumbres sin sofocar la innovación (Arner, Barberis y Buckley, 2016). En el escenario brasileño, sin embargo, se observa un ambiente normativo fragmentado y, en ocasiones, permisivo con grandes instituciones establecidas, mientras carece de instrumentos eficaces de rastreabilidad para los nuevos entrantes. Esta asimetría regulatoria refuerza la concentración de mercado y restringe el potencial transformador de las empresas emergentes, perpetuando un sistema poco receptivo a las nuevas demandas sociales. La literatura especializada sugiere que la ausencia de una regulación proporcional y adaptativa crea zonas grises que son explotadas tanto por grandes operadores financieros, amparados por capital político, como por organizaciones criminales que se aprovechan de fallas de fiscalización (Zetzsche et al., 2020). Por lo tanto, la justificación para profundizar en este tema reside en la necesidad de comprender cómo las lagunas normativas y las prácticas institucionales selectivas contribuyen a vulnerabilidades sistémicas, con el objetivo de proponer un marco regulatorio más justo y moderno.
El detalle de los procedimientos metodológicos revela un enfoque cualitativo de carácter exploratorio-analítico, diseñado para interpretar las complejas variables institucionales y estratégicas del ecosistema financiero digital. La investigación se fundamentó en la aplicación de entrevistas semiestructuradas a una muestra intencional de 16 especialistas, seleccionados por su experiencia comprobada en diferentes segmentos de la regulación y del mercado. El grupo de participantes estuvo compuesto por cuatro abogados de carrera con actuación en derecho digital y tributario, seis ejecutivos de fintechs con experiencia directa en procesos de cumplimiento, dos consultores de estrategia enfocados en tecnología financiera, un analista servidor del Banco Central de Brasil, dos profesores universitarios especializados en derecho bancario y un consultor financiero con actuación en la B3. Esta diversidad de perfiles permitió captar percepciones cualificadas y consistentes, garantizando que el fenómeno fuera analizado desde múltiples perspectivas, desde la visión técnica del regulador hasta los desafíos operativos de los emprendedores.
El instrumento de recolección de datos consistió en un guion estructurado en cuatro ejes temáticos principales, formulado para identificar patrones recurrentes y contradicciones en el ambiente regulatorio. El primer bloque investigó la selectividad en la actuación de los organismos reguladores, utilizando preguntas abiertas para captar significados atribuidos a la imparcialidad y eficacia de las normas (Creswell, 2014). El segundo eje se centró en los impactos concretos de las lagunas normativas, explorando las consecuencias de la ausencia de regulaciones claras para la seguridad institucional. El tercer bloque mapeó las barreras institucionales a la innovación, buscando comprender los desafíos que enfrentan las fintechs en comparación con los grandes bancos. Finalmente, el cuarto eje promovió un benchmarking comparativo con modelos internacionales, inspirado en enfoques de la Financial Conduct Authority del Reino Unido y la Monetary Authority of Singapore (Fenwick, McCahry y Vermeulen, 2020). La recopilación de datos se realizó íntegramente en el mes de agosto de 2025, a través de formularios digitales que garantizaron el anonimato y la conformidad con las directrices éticas de la Resolución CNS 510/2016.
El análisis de los datos recopilados se llevó a cabo mediante la técnica de codificación temática, que permitió la identificación de categorías emergentes a partir de la lectura interpretativa de los relatos (Braun y Clarke, 2006). Este proceso implicó la transcripción íntegra de las entrevistas y la organización de las respuestas en categorías claras, facilitando la comparación entre los diferentes grupos de interés. La elección de métodos cualitativos se justificó por la naturaleza opinativa y voluntaria de la investigación, donde el rigor no reside en la estandarización estadística, sino en la claridad del recorte teórico-metodológico y en la profundidad de las interpretaciones (Minayo, 2010). Cada etapa del análisis buscó confrontar el discurso institucional con la práctica efectiva del mercado, permitiendo mapear fallos de enforcement y cuellos de botella regulatorios que comprometen la integridad del sistema financiero nacional.
Los resultados obtenidos revelan que la mayoría de los especialistas identifica una clara selectividad en la forma en que actúan los organismos reguladores, beneficiando a instituciones que detentan mayor capital político y lobby consolidado. Mientras los bancos establecidos operan en un entorno de mayor previsibilidad, las fintechs en etapa inicial enfrentan exigencias regulatorias idénticas a las de grandes conglomerados, sin que se consideren las diferencias de escala y madurez institucional. Esta ausencia de proporcionalidad obliga a las empresas menores a desviar recursos de tecnología e innovación para costear estructuras de compliance robustas y complejos informes periódicos, lo que acaba por restringir su capacidad de competir en igualdad de condiciones. Tal escenario corrobora la percepción de que la estructura regulatoria brasileña es más limitante que favorable a la innovación, convirtiéndose en un obstáculo para startups que no poseen el mismo impulso financiero de los incumbentes.
Uno de los puntos más críticos discutidos se refiere a la vulnerabilidad del sistema frente al crimen organizado, evidenciada por recientes operaciones policiales y fiscales. Los datos demuestran que organizaciones criminales utilizaron fintechs para mover y lavar cerca de R$ 52 mil millones entre los años 2020 y 2024, explotando brechas normativas para actuar como bancos paralelos. Episodios como las operaciones Quasar, Tank y Carbono Oculto revelaron que la falta de instrumentos eficaces de rastreabilidad y la demora en la respuesta regulatoria permitieron la infiltración de prácticas ilícitas en el sector financiero digital. La respuesta del poder público, a través de instrucciones normativas de la Receita Federal que equipararon las obligaciones de transparencia de las fintechs a las de los bancos tradicionales, fue vista por los entrevistados como una medida necesaria, pero tardía y reactiva. Esta dinámica demuestra que el Estado brasileño tiende a actuar solo después de crisis de gran repercusión, fallando en anticipar riesgos y mapear vulnerabilidades de forma proactiva.
La discusión sobre la selectividad institucional adquiere contornos aún más nítidos al analizar casos de denuncias contra grandes actores del mercado, como el ocurrido con XP Investimentos en 2024. El episodio, que involucró acusaciones de prácticas comerciales controvertidas y publicidad engañosa, resultó en una respuesta regulatoria considerada blanda e insuficiente por los especialistas consultados. La percepción predominante es que los grandes operadores disfrutan de una mayor tolerancia fiscalizatoria, mientras que las fintechs emergentes son sometidas a un escrutinio riguroso desde el inicio de sus operaciones. Este desajuste no solo distorsiona la competencia, sino que también debilita la confianza institucional, ya que el mercado percibe la existencia de pesos y medidas diferentes para actores distintos. La literatura señala que esta captura regulatoria por parte de los incumbentes es un fenómeno común en mercados en transición, pero que debe ser combatido para garantizar la resiliencia del sistema (Black, 2019).
Al comparar el modelo brasileño con benchmarks internacionales, los resultados apuntan a que el país aún carece de una segmentación normativa clara. En el Reino Unido, la Financial Conduct Authority adopta mecanismos que diferencian a las empresas en función del riesgo y el tamaño, permitiendo que nuevos entrantes operen de forma gradual. De igual manera, en Singapur, la Autoridad Monetaria aplica un régimen de licencias modular que fomenta la innovación sin renunciar a la supervisión prudencial. En contraste, Brasil continúa operando con normativas fragmentadas entre el Banco Central, la CVM y la Receita Federal, lo que genera superposición de competencias e inseguridad jurídica. La ausencia de canales de escucha estructurados y de foros permanentes de innovación impide que el regulador siga la velocidad de las transformaciones tecnológicas, como la tokenización de activos y el avance de las finanzas descentralizadas.
La volatilidad normativa también fue identificada como una barrera significativa, con cambios abruptos de orientación institucional que desincentivan inversiones a largo plazo. Los expertos destacaron que la falta de una política institucional de estabilidad normativa obliga a las empresas a reconfigurar procesos internos en un corto espacio de tiempo, elevando sustancialmente los costos operativos. Para las fintechs, esto puede significar la inviabilidad económica de sus modelos de negocio, mientras que para los grandes bancos representa solo ajustes marginales. Esta asimetría estructural refuerza la tendencia de concentración del sector y debilita el dinamismo competitivo que las nuevas tecnologías podrían proporcionar. La construcción de un marco regulatorio más estable y predecible se considera una condición indispensable para asegurar la confianza de los inversores y la atracción de capital internacional.
Otro aspecto relevante discutido fue la implementación del Open Finance en Brasil, que, a pesar de ser un avance tecnológico, recibió críticas por su dependencia excesiva de los grandes bancos. Los entrevistados señalaron que la baja interoperabilidad y la gobernanza centralizada dificultan el acceso de las fintechs a los datos necesarios para ofrecer servicios más personalizados. Esta desigualdad de acceso al proceso de formulación regulatoria fue frecuentemente asociada a la percepción de captura, donde los incumbentes logran moldear las normas a su favor, creando barreras de entrada para nuevos competidores. La necesidad de institucionalizar canales de participación más inclusivos e informes periódicos de impacto regulatorio fue defendida como una forma de garantizar mayor transparencia y rendición de cuentas al sistema.
Las limitaciones metodológicas del estudio, como el tamaño reducido de la muestra de expertos, impiden la generalización estadística de los hallazgos, pero no invalidan la profundidad de las percepciones captadas. La investigación permitió identificar que la regulación brasileña no es neutra y que la ausencia de directrices formales de proporcionalidad resultó en un modelo disfuncional que penaliza la innovación. La urgencia de reformas estructurales es evidente, especialmente para fortalecer la coordinación interinstitucional y evitar la superposición de normas que confunden al mercado. El desafío para los próximos años será transitar de una regulación reactiva a un modelo preventivo y adaptativo, capaz de proteger al consumidor y la estabilidad sistémica sin sofocar el potencial creativo de las nuevas tecnologías financieras.
Se concluye que el objetivo fue alcanzado al demostrar que las lagunas normativas y la selectividad institucional en Brasil crean un ambiente de inseguridad jurídica que favorece la concentración de mercado y expone al sistema a vulnerabilidades criminales. El análisis evidenció que la regulación actual es predominantemente reactiva, actuando solo después de la ocurrencia de escándalos o crisis sistémicas, lo que compromete la integridad del sector financiero digital. La comparación con modelos internacionales reforzó la necesidad de una reforma que adopte la proporcionalidad como pilar central, permitiendo que las fintechs operen bajo reglas compatibles con su tamaño y riesgo. Superar estos cuellos de botella exigirá la creación de mecanismos de gobernanza más transparentes y la institucionalización de canales de participación que limiten la captura regulatoria por parte de los incumbentes, garantizando un ecosistema más competitivo, innovador y seguro para todos los actores involucrados.
Referencias Bibliográficas:
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Resumen ejecutivo de Trabajo de Conclusión de Curso de Especialización en MBA en Gestión de Negocios Digitales e Inteligencia Artificial
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