Políticas de Inclusión y Antiacoso: una Perspectiva Jurídico-gestora en las Escuelas de Enseñanza Regular

Andressa Silva Rezende; Marcos Cesar Rodrigues de Miranda

DOI: 10.22167/2675-6528-202602664

Artículo derivado del Trabajo de Fin de Curso (TCC), con contenido basado en el trabajo original del alumno y adaptado al formato editorial de la Revista E&S con el apoyo de la herramienta ResumeAI, una solución de inteligencia artificial desarrollada por el Instituto Pecege para la síntesis y organización textual.

Resumen

La violencia y la exclusión escolar, manifestadas en sus diversas formas, representan desafíos persistentes en el contexto educativo brasileño, según ampliamente informado. Se objetivó revisar las leyes que rigen la educación y analizar su aplicación práctica, proponiendo enfoques jurídico-éticos más asertivos para las escuelas. Para ello, se analizaron documentos federales sobre bullying e inclusión, confrontándolos con casos reales. Se realizó una investigación descriptiva con enfoque cualitativo, que investigó, a través de estudios de caso en escuelas de Brasil, las acciones correctas y erróneas de gestores y demás profesionales involucrados en conflictos. Se verificó que, a pesar de la existencia de leyes protectoras para niños y adolescentes, su efectividad se ve comprometida por la falta de capacitación profesional, dificultad en la detección de los actos o por el silenciamiento de muchos casos. Se evidenció la necesidad de capacitar a los adultos en el ambiente escolar para identificar, prevenir y combatir eficazmente el bullying y la exclusión. Como contribución, se presentaron diversas sugerencias para mejorar la resolución de conflictos, enfatizando la importancia de la colaboración entre la familia y la escuela, y la inversión en educación para proporcionar un ambiente adecuado para el aprendizaje.

Palabras clave: Derechos fundamentales; Estudios de casos; Gestión democrática; Legislación educativa; Resolución de conflictos.

1. Introducción

El ambiente escolar, un espacio fundamental para la institución de la ciudadanía y para el desarrollo de niños y adolescentes (Canivez, 1991), está intrínsecamente marcado por la convivencia de individuos con diferentes orígenes y perspectivas. Esta diversidad, aunque enriquecedora, también es un terreno fértil para el surgimiento de conflictos. La expresión latina “Ubi homines, ibi lites”, que significa “donde hay personas, hay conflictos”, refleja la realidad de que, en el contexto educacional, las disputas y los desacuerdos son inherentes a las interacciones humanas.

Diariamente, los noticieros brasileños evidencian la persistencia de casos de exclusión y violencia en las escuelas, manifestándose en diversas formas, como agresiones físicas, psicológicas y morales. Tales sucesos revelan una brecha significativa entre las normativas legales que buscan proteger a los estudiantes y la efectividad de su aplicación práctica en el día a día escolar. A pesar de un marco jurídico robusto, la realidad a menudo se distancia del ideal preconizado por la legislación.

En este escenario, el bullying emerge como una de las formas más perniciosas de violencia escolar. Se caracteriza por actitudes repetidas e intencionales que causan dolor físico o emocional, generando consecuencias graves a largo plazo, como traumas y depresión. El bullying escolar se comprende como una violencia simbólica que compromete la socialización y la identidad de los jóvenes, según lo señalado por Bessa, Maia y Barreira (2023).

Paralelamente, la inclusión escolar es un concepto central que busca garantizar que todos los alumnos tengan acceso, permanezcan y participen efectivamente en el proceso de aprendizaje, respetando sus diferencias y valorando la diversidad (Mantoan, 2003). La escuela, en este sentido, debe transformarse en un espacio democrático que acoge a todos. Para ello, este trabajo adopta una perspectiva jurídico-gestora, que analiza las leyes y las prácticas administrativas que orientan la gestión escolar, con el fin de asegurar los derechos de los estudiantes y promover un ambiente verdaderamente inclusivo.

A pesar de la existencia de leyes federales, estatales y regionales que aseguran los derechos y deberes relacionados con la educación de niños y adolescentes –incluyendo la Constitución Federal (artículo 205), la Ley de Directrices y Bases, los Parámetros Curriculares Nacionales, el Plan Nacional de Educación y la Base Nacional Común Curricular, además del Estatuto del Niño y del Adolescente (artículo 4º) y la Ley Brasileña de Inclusión–, se observa una discrepancia entre lo que está legalmente garantizado y lo que efectivamente se valora y aplica. Muchas veces, estas leyes no se cumplen debido a la falta de capacitación profesional, a la dificultad en detectar los actos de violencia o, incluso, al silenciamiento de casos observados.

La problemática central reside en la complejidad de resolver conflictos cuando la efectividad del derecho de un estudiante puede, paradójicamente, herir el derecho de otro. Esa dicotomía normativa y la presencia de lagunas en la resolución de problemas exigen un análisis profundo. Existe una necesidad apremiante de capacitar a los adultos en el ambiente escolar para identificar, prevenir y combatir el bullying y la exclusión, así como de promover una asociación más efectiva entre la familia y la escuela, invirtiendo en un ambiente propicio para el aprendizaje.

En este contexto, la presente investigación se justifica por la urgencia de revisitar y comprender la aplicación de las políticas de inclusión y antibullying. La educación produce resultados a largo plazo, e invertir en ella es fundamental para construir una sociedad futura con menores índices de violencia y mayor inclusión, evitando la “normalización” de comportamientos violentos (Arendt, 2005). Así, este estudio tiene como objetivo revisitar los documentos federales para un mayor dominio y esclarecimiento de las leyes referentes a las escuelas regulares sobre bullying e inclusión; comparar la resolución de conflictos reales ocurridos en el país con lo que consta en los documentos oficiales, evidenciando errores y aciertos; y proponer formas más asertivas para que los gestores y profesores resuelvan los conflictos analizados, con respaldo jurídico y ético, garantizando una mayor proximidad de las prácticas escolares con las leyes brasileñas.

2. Material y Métodos

La presente investigación se caracterizó como descriptiva, con enfoque cualitativo, buscando comprender la complejidad de la realidad social y valorar los significados y actitudes de los sujetos involucrados (Minayo, 2014). El estudio tuvo como objetivo exponer las características de fenómenos relacionados con conflictos escolares, conforme a la naturaleza de la investigación descriptiva (Gil, 2008). Se adoptó una estrategia metodológica que combinó el estudio documental con el análisis de casos.

La estrategia de investigación empleada fue el estudio de caso, un enfoque empírico adecuado para investigar fenómenos contemporáneos en su contexto real (Yin, 2005). La unidad de análisis consistió en conflictos reales, específicamente casos de bullying y situaciones de falta de inclusión, ocurridos en escuelas de enseñanza regular. Se consideraron instituciones de enseñanza de diversas regiones de Brasil, abarcando tanto escuelas públicas como privadas.

El período de recopilación de datos y análisis documental abarcó los últimos cinco años (2019-2024), buscando referencias y casos que reflejaran el escenario educativo reciente. Los participantes implícitos en el análisis de los casos fueron los gestores y demás profesionales involucrados en los conflictos escolares. Los criterios de selección de los casos reales incluyeron la claridad en el posicionamiento de la gestión y del equipo docente ante las situaciones, permitiendo la evaluación de las acciones tomadas. Se excluyeron casos con ambigüedad en la postura de la gestión.

La recolección de datos se realizó a través de investigación bibliográfica y análisis documental. Se consultaron libros, artículos científicos y noticias periodísticas de los últimos años, además de documentos oficiales. Entre los documentos analizados, destacan la Constitución Federal, la Ley de Directrices y Bases de la Educación, el Plan Nacional de Educación, la Base Nacional Común Curricular, el Estatuto del Niño y del Adolescente y la Ley nº 13.185/2015, que instituyó el Programa de Combate a la Intimidación Sistemática.

Para la investigación bibliográfica, se utilizaron las plataformas SciELO (Scientific Electronic Library Online), el Portal de Periódicos CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) y Google Académico. La búsqueda se dirigió a trabajos publicados en portugués en los últimos cinco años, empleándose términos como “Criminalización del bullying”, “Familia en asociación con la escuela” y “Omisión de violencia escolar” para refinar los resultados y garantizar la relevancia para el estudio.

Como complemento al análisis documental, se procedió a la recolección de datos mediante la observación de conflictos reales, específicamente casos de bullying y situaciones de exclusión. Esta etapa tuvo como objetivo comprender los matices de la toma de decisiones y los desafíos que enfrentan los profesionales escolares. Los casos fueron seleccionados a partir de situaciones reales ocurridas en escuelas de diferentes regiones de Brasil, tanto en instituciones públicas como privadas, sin interferencia directa de la investigadora.

El análisis de los datos recopilados, tanto de los documentos como de los estudios de caso, se realizó cualitativamente. Los casos reales se examinaron a la luz de la revisión de la literatura y de los documentos oficiales, buscando identificar la asertividad en la resolución de conflictos por parte de la gestión escolar y demás profesionales. Se evaluaron las acciones correctas y erróneas, así como la presencia de omisión y la efectividad de la colaboración con la familia en las decisiones, según los criterios establecidos para la investigación.

El análisis comparativo fue un pilar central, confrontando la resolución de conflictos reales con lo que se preconiza en los documentos oficiales y en la legislación educativa. Este procedimiento permitió identificar las discrepancias entre la teoría y la práctica, evidenciando tanto los aciertos como los equívocos en los enfoques adoptados. La perspectiva jurídico-gestora orientó la evaluación, buscando comprender cómo las leyes y las prácticas administrativas se alinean en la promoción de un ambiente escolar inclusivo y seguro.

3. Resultados y Discusión

El análisis de los datos reveló una brecha persistente entre el sólido marco legal, que tiene como objetivo proteger a niños y adolescentes en el entorno escolar, y la efectividad de su aplicación práctica. Se observó que, si bien Brasil cuenta con leyes claras sobre la práctica anti-acoso y la inclusión escolar, la implementación de estas normativas se ve frecuentemente comprometida por diversos factores, como la falta de capacitación profesional, la dificultad para detectar actos de violencia y el silenciamiento de muchos casos. Esta discrepancia entre la teoría y la práctica constituye el núcleo del problema investigado, de acuerdo con el objetivo de revisar las leyes y contrastar su aplicación con la realidad escolar.

La Ley nº 14.811/2024, que tipificó como delito el bullying y el cyberbullying, representa un avance significativo en la protección de los menores, vinculándose al Estatuto del Niño y del Adolescente (ECA), a la Ley Brasileña de Inclusión de la Persona con Discapacidad (Ley nº 13.146/2015) y a la Ley nº 13.185/2015, que instituyó el Programa de Combate a la Intimidación Sistemática. Sin embargo, la ley de 2015 no definió sanciones específicas, lo que la tipificación de 2024 busca suplir, exigiendo mayor atención y posicionamiento de las instituciones educativas y de las familias para desestimular la violencia.

La criminalización del bullying y el cyberbullying, según lo analizado por Souza y Freitas (2024) en relación con el artículo 146-A del Código Penal, refleja el alarmante aumento de casos graves en Brasil, con más de sesenta y seis mil ocurrencias registradas entre 2022 y 2023. Para los menores de dieciocho años, estos actos se clasifican como infraccionales, resultando en medidas socioeducativas. Se espera que la posibilidad de indemnizaciones a las familias de las víctimas incentive una postura más preventiva y orientadora por parte de los padres de los agresores.

A pesar de la importancia de la legislación, la investigación indicó que la criminalización por sí sola no es suficiente para erradicar el problema. Trabajar de forma preventiva en la escuela es una actitud asertiva para la gestión, según Silva, Foresti y Ricardo (2024), pero no abarca todos los casos. Se observó que las intimidaciones verbales son más frecuentes que la violencia física y, a menudo, son ignoradas por los profesores para dar continuidad al currículo, lo que contribuye a la naturalización de esta práctica delictiva en el entorno escolar.

La importancia de las conexiones humanas y los vínculos sociales fortalecidos entre la institución escolar y el individuo fue destacada por Ikuma y Costa (2023) como un factor que inhibe comportamientos inadecuados y minimiza la violencia. La Constitución Federal de 1988 (artículo 205) asegura la educación como derecho de todos, y la Ley de Directrices y Bases de la Educación (Ley nº 9.394/1996) señala que la educación especial debe ocurrir preferentemente en la escuela regular. El Plan Nacional de Educación (PNE 2014-2024), en su Meta 4, visa universalizar el acceso a la educación básica para alumnos con deficiencia, mientras que la Base Nacional Común Curricular (BNCC) aborda el desarrollo de competencias y habilidades de forma inclusiva y transversal.

La nueva legislación, al aumentar la responsabilidad penal de los adultos que omiten o participan en prácticas de intimidación, refleja la necesidad continua de normativas para dictar lo que debería ser una conducta obvia, como la protección de niños y adolescentes contra intimidaciones y exclusiones. Sin embargo, la mera creación de leyes puede ser ineficaz si no va acompañada de prácticas pedagógicas coherentes y capacitaciones adecuadas, como lo ejemplifican los programas anti-bullying de Finlandia y Noruega, que involucran a toda la comunidad escolar, incluyendo a los testigos, en enfoques pedagógicos y culturales.

El bullying acarrea consecuencias devastadoras para las víctimas, abarcando problemas psicológicos como ansiedad, baja autoestima, aislamiento social y trastornos emocionales. En el ámbito académico, se manifiesta en bajas calificaciones, desmotivación y deserción escolar. Físicamente, puede causar insomnio, dolores de cabeza y estrés, mientras que socialmente, dificulta la confianza en las personas y puede llevar a comportamientos violentos, comprometiendo la socialización y la identidad de los jóvenes, según Bessa, Maia y Barreira (2023).

Gestión escolar ante la violencia: omisión o enfrentamiento

La investigación evidenció que, si bien Brasil ha avanzado legalmente, existe una brecha significativa en la implementación de políticas anti-bullying e de inclusión, donde la gestión escolar desempeña un papel central. La omisión de la gestión fue identificada como un factor crucial para la responsabilidad judicial de las instituciones. La falla en actuar de forma proactiva no solo perjudica a los estudiantes, sino que también acarrea serias consecuencias legales y financieras para las escuelas, como lo demostraron los estudios de caso analizados.

Un caso emblemático ocurrió en Brasilia, en 2025, donde la omisión de la escuela ante la violencia contra un estudiante de doce años resultó en una indemnización de diez mil reales por daños morales y siete mil reales más para tratamientos. De manera similar, en São Paulo, en 2023, la negligencia escolar en un caso de violencia contra un estudiante con discapacidad neurológica, física e intelectual llevó a una indemnización de treinta mil reales para la familia de la víctima. Estos ejemplos ilustran cómo la falta de intervención inmediata puede generar daños irreversibles y costos elevados.

En Goiás, en 2025, una estudiante de catorce años con cáncer fue objeto de crueles ofensas, y la escuela no intervino, agravando la situación. En contraste, en Mato Grosso do Sul, en el mismo año, la institución actuó de manera asertiva en un caso de agresión contra un estudiante con discapacidad intelectual y microcefalia, evitando un problema mayor. Sin embargo, en Santa Catarina, en 2022, una escuela intentó expulsar a un estudiante con discapacidad por bajo rendimiento, lo que representa una práctica discriminatoria y una violación directa de los principios de la Constitución Federal y de la Ley Brasileña de Inclusión.

El análisis de los cinco casos reales reveló que en cuatro de ellos la gestión escolar se omitió o tomó acciones que agravaron la exclusión, como el intento de expulsión. Solo en el caso de Mato Grosso do Sul la gestión actuó proactivamente. En tres de los cinco casos, las familias de las víctimas recibieron indemnizaciones, y en tres de ellos las víctimas poseían algún tipo de discapacidad, mientras que una tenía cáncer. La omisión fue el factor más recurrente y perjudicial, mientras que la acción rápida y enérgica demostró ser capaz de prevenir daños mayores.

La investigación también destacó la importancia de orientar a la familia del agresor, que, según Diniz (2023), puede tener algún trastorno mental o psicológico que lo lleve a agredir a las víctimas. El contacto de la escuela con la familia del agresor es crucial para buscar apoyo profesional, como psicólogos y terapeutas. La creación de comités de inclusión escolar y anti-bullying, compuestos por padres, alumnos y profesores, puede edificar una cultura de prevención y promover un ambiente escolar más respetuoso.

Las campañas educativas y los círculos de discusión son herramientas importantes para concienciar a la comunidad escolar sobre el respeto y la solidaridad. La inclusión escolar, que va más allá del rendimiento académico, exige un ambiente acogedor para todos los estudiantes, independientemente de su raza, origen étnico o credo, reconociendo el ritmo individual de cada niño. Los ajustes pedagógicos, el apoyo dirigido y la supervisión individualizada son esenciales para una educación verdaderamente inclusiva, y un reexamen de los documentos federales, no para modificarlos, sino para profundizar su estudio, ofrece oportunidades para mejorar la resolución de problemas.

La legislación es una herramienta fundamental, pero la transformación efectiva depende de la ética profesional y de la mirada atenta de los individuos involucrados en la educación. Aprender de los errores de otros gestores es una forma de prevenir nuevas ocurrencias y fortalecer una cultura de respeto e inclusión. Para reducir el acoso escolar y la exclusión escolar, la legislación por sí sola no es suficiente; la comunidad debe incorporar actitudes humanas y ser capaz de resignificar la escuela como un lugar de convivencia y aprendizaje.

La Familia como apoyo y responsable

Un punto esencial para la resolución de conflictos es el diálogo con los familiares, especialmente para que los padres de los agresores y de los testigos omisos comprendan sus responsabilidades. La escuela, que ya tiene la demanda de enseñar, a menudo se ve en la posición de tener que educar, ya que las reuniones con las familias frecuentemente revelan el origen de comportamientos inadecuados, reflejando un colapso en la educación familiar y social. Esta dinámica compleja exige una asociación más estrecha y efectiva.

Vinha et al. (2023) contextualizan el aumento de la violencia entre adolescentes, atribuyéndolo, en parte, al aislamiento social durante la pandemia, que impidió la convivencia con los compañeros y la adaptación infantil escolar. La familia desempeña un papel crucial en el reconocimiento de casos de bullying, ya que son los que están más cerca de los estudiantes y pueden observar comportamientos extraños. Una comunicación abierta y acogedora en casa, en colaboración con la escuela, es fundamental para el éxito en la resolución de conflictos.

En el estudio de Lima y Chapadeiro (2015), se observó un desencuentro de ideas, opiniones y frustraciones entre familias y escuelas. Esto ocurre cuando la familia espera una actitud de la escuela que no se toma, o cuando la escuela espera una colaboración en la educación del niño que no se materializa, transformando el ambiente escolar en un escenario de acusaciones mutuas. Esta falta de alineación perjudica la construcción de un ambiente colaborativo para el desarrollo del estudiante.

Valadão y Santos (1997) señalan que la sociedad contemporánea, difusa y compleja, genera confusión sobre los roles de los padres y de la escuela en relación con el niño. Muchos padres, de hecho, buscan la escuela para obtener orientación sobre cómo proceder con sus hijos, en lugar de preguntar cómo pueden apoyar a la institución. La postura de los padres es determinante y debe variar según el rol del hijo en el conflicto: acoger a la víctima, trabajar las actitudes del agresor o enseñar al testigo a no omitirse.

En reuniones con las familias, la escuela puede reforzar que el acoso es un delito y presentar casos reales de indemnizaciones pagadas por familias de agresores, lo que puede servir como un desincentivo. Los profesionales de las escuelas regulares, sin embargo, se sienten sobrecargados, percibiendo que las leyes recientes aún están distantes de la realidad escolar. La educación es un proceso a largo plazo, y la expectativa de resultados inmediatos de las nuevas leyes puede generar frustración y un escenario pesimista para los educadores.

El gobierno no culpando a los profesionales de la educación

La relación entre escuela y sociedad es un espejo de las jerarquías de poder, según Carreira y Dias (2021), donde la dinámica de que el más fuerte o rico prevalece se reproduce en las aulas. Una escuela inserta en una comunidad con carencias y conflictos, donde los niños conviven con hambre, sin cuidados básicos y con adultos que reproducen la violencia en casa, difícilmente será un lugar pacífico. En este contexto, la ley actúa sobre la herida, pero no trata la enfermedad social que la causa.

La experiencia de países como Finlandia, con bajas tasas de criminalidad y alta calidad de vida, demuestra que los programas anti-bullying tienen mayor probabilidad de éxito en un entorno social más estable. Esto sugiere que, si bien los programas con alumnos, profesores y padres pueden minimizar la violencia, es fundamental que los gobernantes aborden los problemas reales de la sociedad, en lugar de simplemente esperar que los profesionales de la educación resuelvan cuestiones que trascienden el ámbito escolar.

La forma en que el estado intenta resolver los bajos índices escolares y los altos índices de violencia, presionando a la gestión escolar y a los profesores con metas, puede ser contraproducente. El no alcanzar estas metas frecuentemente resulta en la transferencia compulsiva de profesionales, lo que puede llevar a la omisión y al encubrimiento de casos de violencia para evitar castigos. Esta práctica, además de no resolver el problema, lo agrava y desvaloriza el esfuerzo de los educadores.

La teoría de las ventanas rotas, propuesta por James Wilson y George Kelling en 1982 (Masson, 2018), sugiere que entornos depredados y desorganizados instigan comportamientos ilícitos y violentos. Aplicando esta teoría al contexto escolar, la mejora de la infraestructura y de las condiciones estéticas de las aulas, mobiliario y materiales puede disminuir la violencia y la falta de respeto. Una escuela con mala apariencia externa e interna, con baños sin mantenimiento, transmite un mensaje de desinterés que puede agravar actitudes negativas, contribuyendo al acoso escolar y a la exclusión escolar.

Este enfoque gubernamental de culpar y castigar a los profesionales, en lugar de reconocer su esfuerzo y resistencia en escuelas desfavorecidas y violentas, no contribuye al enfrentamiento efectivo de los problemas. Tal práctica no solo lleva a la deserción escolar por parte de los alumnos, sino también a la deserción de la carrera docente y al empeoramiento de la salud de los educadores. Un ambiente escolar hostil perjudica la salud mental de todos los que conviven allí, ya sean alumnos o adultos.

En resumen, la investigación evidenció que, a pesar de la existencia de un marco legal robusto para combatir el bullying y promover la inclusión, su efectividad se ve debilitada por la falta de capacitación profesional, la dificultad en la detección de actos de violencia y el silenciamiento de casos. Los estudios de caso revelaron que la omisión de la gestión escolar es un factor crítico, resultando en consecuencias jurídicas y financieras. La necesidad de una asociación más efectiva entre familia y escuela, la inversión en la formación continua de los profesionales y la consideración de los problemas sociales subyacentes son cruciales para transformar las escuelas en ambientes verdaderamente seguros e inclusivos, respondiendo así al objetivo de proponer enfoques jurídico-éticos más asertivos.

4. Conclusión

El presente estudio tuvo como objetivo revisar las leyes que rigen la educación y analizar su aplicación práctica, proponiendo enfoques jurídico-éticos más asertivos para las escuelas en el enfrentamiento del bullying y la exclusión. Se verificó una persistente brecha entre el robusto marco legal brasileño, que incluye la Ley nº 14.811/2024, el Estatuto del Niño y del Adolescente y la Ley Brasileña de Inclusión, y la efectividad de su implementación en el cotidiano escolar. Los hallazgos indicaron que la eficacia de estas normativas se ve frecuentemente comprometida por la falta de capacitación profesional de los educadores, la dificultad en la detección de actos de violencia y el silenciamiento de muchos casos. El análisis de estudios de caso reveló que la omisión de la gestión escolar es un factor crítico, resultando en serias consecuencias jurídicas y financieras para las instituciones. Se constató que la criminalización del bullying, aunque un avance, no es suficiente por sí sola para erradicar el problema, evidenciando la necesidad de acciones preventivas y pedagógicas más amplias. La principal contribución de este trabajo reside en la proposición de un conjunto de sugerencias para mejorar la resolución de conflictos, enfatizando la importancia de la formación continua de los profesionales de la educación, el fortalecimiento de la alianza entre familia y escuela, y la creación de comités de inclusión y anti-bullying, con el objetivo de transformar el ambiente escolar en un espacio verdaderamente seguro y acogedor.

Las limitaciones identificadas en el estudio señalan que la mera existencia de leyes, sin el acompañamiento de prácticas pedagógicas coherentes y capacitaciones adecuadas, puede ser ineficaz para promover un cambio cultural duradero. Se observó que la presión gubernamental sobre los profesionales de la educación, con metas y castigos, puede llevar a la omisión y al encubrimiento de casos, agravando la problemática en lugar de resolverla. Se sugiere, para estudios futuros, un reexamen profundo de los documentos federales, no con el fin de alterarlos, sino de profundizar su comprensión y aplicación en contraste con la realidad escolar, buscando formular alternativas más deseables. Además, se recomienda investigar las raíces sociales de la violencia y la exclusión, reconociendo que la escuela es un reflejo de la sociedad y que la transformación efectiva exige una mirada más amplia de los gobernantes hacia los problemas sociales subyacentes. La construcción de un ambiente escolar más respetuoso e inclusivo depende de un enfoque holístico que valore la ética profesional, el diálogo y la inversión en infraestructura, promoviendo una cultura de respeto y solidaridad en toda la comunidad.

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Artículo originado del Trabajo de Conclusión de Curso de la Especialización en Gestión Escolar del MBA USP/Esalq

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