08 de octubre de 2026
Gestión de riesgos en proyecto de I+D para estrategia de aprovechamiento de la Ley del Bien
Gestión de Riesgos en Proyectos de I+D para la Estrategia de Aprovechamiento de la Ley de Bienes
Jonilton Pereira Almeida Junior; Bruno de Lima Santoro
DOI: 10.22167/2675-6528-202603054
Artículo derivado del Trabajo de Conclusión de Curso (TCC), con contenido basado en el trabajo original del alumno y adaptado al formato editorial de la Revista E&S con el apoyo de la herramienta ResumeAI, solución de inteligencia artificial desarrollada por el Instituto Pecege para síntesis y organización textual.
Resumen
La gestión de riesgos en proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) elegibles a la Ley del Bien fue investigada en cuanto a su contribución a la estructuración y conformidad. El estudio objetivó desarrollar un plan de gestión de riesgos para proyectos de I+D+i enmarcados en la Ley del Bien, fundamentado en las directrices del PMBOK (6ª edición). La investigación se caracterizó como aplicada, de naturaleza cualitativa, con fines exploratorios y descriptivos. Se condujo el análisis de escenarios realistas de organizaciones de tamaño mediano que actuaron con innovación tecnológica y calcularon tributos por el régimen de lucro real. Se utilizó investigación bibliográfica, documental y la observación del contexto práctico de la Ley del Bien. La metodología se basó en los siete procesos de gestión de riesgos del PMBOK, abarcando planificación, identificación, análisis cualitativo y cuantitativo, planificación de las respuestas, implementación y monitoreo de los riesgos. Los resultados revelaron debilidades significativas de gobernanza, particularmente en la documentación técnica, trazabilidad de los gastos elegibles e integración entre las áreas técnica, tributaria y jurídica. Tras la aplicación del plan de gestión de riesgos, se observó mejora en la estructuración de los proyectos, en la previsibilidad de los resultados y en la mitigación de riesgos fiscales y documentales. La aplicación sistemática e integrada de la gestión de riesgos fortaleció la gobernanza de los proyectos de innovación y calificó la interacción de las empresas con los instrumentos de fomento de la política pública brasileña.
Palabras clave: Gestión de proyectos; Innovación tecnológica; Ley 11.196/2005; Planificación de riesgos; Políticas públicas.
1. Introducción
La innovación tecnológica es ampliamente reconocida como un vector esencial para la competitividad y el desarrollo económico. En este escenario, las políticas públicas de incentivo a la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) desempeñan un papel crucial al estimular la inversión privada y mitigar las incertidumbres inherentes al avance tecnológico (OECD, 2015; OECD, 2018). Las directrices internacionales para la caracterización de actividades de I+D refuerzan la incertidumbre técnica y la imprevisibilidad de resultados como elementos intrínsecos a la innovación, lo que demanda métodos de gestión que lidien con riesgos a lo largo del ciclo de los proyectos (OECD, 2013).
En Brasil, la Ley nº 11.196/2005, conocida como Ley del Bien, se consolidó como el principal instrumento de incentivo fiscal para actividades de innovación tecnológica en el sector productivo (Brasil, 2005). Su posterior reglamentación detalló los criterios de encuadre, requisitos de elegibilidad y las expectativas de comprobación técnica y documental, estableciendo un marco normativo para la promoción continua de la innovación empresarial (Brasil, 2006).
A pesar de la relevancia de la Ley del Bien como política pública, estudios indican que su utilización efectiva permanece por debajo del potencial, especialmente considerando el número de empresas elegibles. La efectividad del incentivo no depende solo de la existencia del instrumento fiscal, sino también de la capacidad organizacional de las empresas para estructurar proyectos, establecer una gobernanza adecuada y cumplir con los requisitos de control y comprobación de las actividades (Guimarães, 2006; Calzolaio y Dathein, 2012). Informes institucionales señalan que las dificultades en la comprobación técnica, la consistencia documental y la trazabilidad de la información se encuentran entre las principales causas de glosas, denegaciones e inseguridad jurídica en la utilización del incentivo (MCTI, 2023).
Entre los factores que contribuyen a esta subutilización se destacan desafíos asociados a la estructuración de proyectos de innovación, a la caracterización del riesgo tecnológico, a la calidad de las evidencias técnicas producidas y a la integración entre las áreas responsables del desarrollo tecnológico, de la apuración fiscal y del cumplimiento de las obligaciones accesorias. La correcta interpretación del concepto de innovación tecnológica a efectos de elegibilidad y la transformación de las actividades de I+D en un dossier técnico-fiscal consistente constituyen puntos críticos en la operacionalización de la Ley del Bien (Moreira Filho, 2013; MCTI, 2020). Los proyectos de I+D se caracterizan, por naturaleza, por elevados niveles de incertidumbre técnica e inestabilidad de alcance, lo que amplía la exposición a riesgos durante su ejecución. Cuando se asocian a incentivos fiscales, estos proyectos incorporan también riesgos de naturaleza fiscal, documental y de cumplimiento, cuyas consecuencias pueden incluir la pérdida del beneficio y la constitución de pasivos tributarios (Souza y Martins, 2020; MCTI, 2023).
La gestión de riesgos, tal como se establece en las buenas prácticas de gestión de proyectos, constituye un enfoque estructurante para abordar las incertidumbres, apoyar la toma de decisiones y aumentar la probabilidad de éxito de los proyectos. La guía del Project Management Institute (PMI, 2017) define procesos específicos para planificar, identificar, analizar, responder y monitorear los riesgos de manera sistemática e integrada a la gobernanza organizacional. Sin embargo, se observa una aplicación aún limitada de estas prácticas en proyectos de I+D vinculados a la Ley del Bien, sobre todo en lo que se refiere a la integración entre las dimensiones técnicas y fiscales y a la consistencia documental exigida por el incentivo.
Ante este contexto, se volvió pertinente investigar de qué manera la gestión de riesgos, fundamentada en las buenas prácticas del PMI, puede contribuir a la estructuración y conformidad de proyectos de PD&I elegibles a la Ley del Bien. Se parte del supuesto de que la adopción sistemática de los procesos de gestión de riesgos actúa como elemento integrador entre innovación tecnológica, gobernanza corporativa y conformidad regulatoria, ampliando la seguridad jurídica, la previsibilidad y el aprovechamiento cualificado del incentivo fiscal (PMI, 2021; MCTI, 2020). Así, el trabajo tuvo como objetivo desarrollar un plan de gestión de riesgos para proyectos de PD&I encuadrados en la Ley del Bien, con base en las directrices del PMBOK (6ª edición), publicadas por el PMI (2017).
2. Material y Métodos
Este trabajo se caracterizó como una investigación aplicada, de enfoque cualitativo, con objetivos exploratorios y descriptivos. La investigación se estructuró a partir del análisis de escenarios realistas del contexto empresarial asociado a la Ley del Bien. El objetivo fue desarrollar un plan de gestión de riesgos para proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) encuadrados en la Ley del Bien, basándose en las directrices del PMBOK (6ª edición), publicadas por el PMI (2017).
La construcción del plan de gestión de riesgos se basó en investigación bibliográfica y documental, abarcando normas, literatura y documentos públicos relacionados con la innovación y el incentivo fiscal. Esta base se complementó con la observación del contexto práctico de aplicación de la Ley del Bien y la experiencia profesional del investigador (Flick, 2009; Yin, 2015; MCTI, 2020). El estudio consideró el ambiente corporativo y de consultoría especializada que actuó en la estructuración de proyectos de I+D y en el soporte técnico-fiscal, sin identificación de empresas ni uso de datos confidenciales.
La metodología adoptada se basó en los siete procesos de gestión de riesgos del PMBOK (6ª edición), del PMI (2017), contemplando la planificación, identificación, análisis cualitativo y cuantitativo, planificación de las respuestas, implementación y monitoreo de los riesgos. La planificación se inició con la elaboración de un Acta de Constitución del proyecto, que consolidó el objetivo, la justificación, el alcance y las partes interesadas (MCTI, 2020; MCTI, 2023). A partir de esta acta, se estructuró el Plan de Gestión de los Riesgos, definiendo la metodología y el estándar de registro y trazabilidad (PMI, 2017).
Se definieron las categorías de riesgo alineadas a la Ley del Bien y a las obligaciones accesorias del proceso, agrupadas en riesgos técnicos, documentales, fiscales y de cumplimiento. Se establecieron las responsabilidades típicas por función y las reglas de aprobación y validación mínima para cada tipo de evidencia (MCTI, 2020; MCTI, 2023). Finalmente, se definieron los criterios de probabilidad e impacto, el apetito al riesgo y la cadencia de revisiones del plan, estableciendo estándares de trazabilidad documental (PMI, 2017; ABNT, 2018).
La identificación de los riesgos se realizó mediante el mapeo del flujo operativo típico de la Ley del Bien, desde la ejecución de las actividades de I+D hasta la consolidación de la información en el FORMP&D y la integración con la determinación fiscal. Se construyó una lista de verificación de riesgos, que contempló requisitos de elegibilidad técnica, consistencia documental y riesgos de cumplimiento fiscal (MCTI, 2020; MCTI, 2023). Los riesgos identificados se registraron en un registro de riesgos, con descripción objetiva del evento, causa, consecuencia y categorización en técnico, documental, fiscal y de cumplimiento (PMI, 2017).
El análisis cualitativo se realizó a partir de las escalas de probabilidad e impacto previamente definidas en el Plan de Gestión de Riesgos (PMI, 2017). El impacto se evaluó de manera multidimensional, considerando aspectos técnicos, documentales, fiscales y organizacionales (ABNT, 2018). Cada riesgo recibió una puntuación de probabilidad e impacto, permitiendo su clasificación y priorización en una matriz. El análisis cuantitativo se aplicó puntualmente a través de escenarios construidos con premisas realistas, con el objetivo de estimar el orden de magnitud del impacto financiero de riesgos críticos (Kerzner, 2017; PMI, 2021).
La planificación de las respuestas a los riesgos definió la estrategia más adecuada para cada riesgo crítico, entre mitigar, evitar, transferir o aceptar, según su naturaleza, criticidad y viabilidad de implementación (PMI, 2021). Para cada riesgo priorizado, se describieron acciones objetivas, responsables funcionales, plazos de ejecución y desencadenantes de activación. Las respuestas se estructuraron para integrar áreas técnicas y fiscales/contables, y se definió qué evidencia se produciría para demostrar la implementación de la respuesta (MCTI, 2020; MCTI, 2023).
La implementación consistió en operacionalizar las respuestas planificadas, transformándolas en rutinas y controles aplicables al flujo del proyecto. Se estructuraron instrumentos ejecutables, como una lista de verificación técnico-fiscal para la validación del dossier y un repositorio centralizado de evidencias con control de versiones y puntos de verificación (PMI, 2021). Se definieron responsables de revisión y validación antes de la consolidación final, reforzando la trazabilidad y la integridad documental, compatible con las exigencias de comprobación del incentivo (MCTI, 2020; MCTI, 2023).
El monitoreo de los riesgos se estructuró mediante una cadencia periódica de revisión del registro de riesgos y verificación de la eficacia de las respuestas implementadas (PMI, 2017). Se definieron criterios para reevaluar la probabilidad y el impacto, registrar cambios de estado e incorporar riesgos emergentes, asegurando que el proceso permaneciera alineado a las exigencias regulatorias (MCTI, 2023). El seguimiento se planificó para producir evidencias de gobernanza y asegurar que el proceso permaneciera controlado hasta la consolidación final de la información (PMI, 2021; ABNT, 2018).
3. Resultados y Discusión
El desarrollo de un plan de gestión de riesgos, fundamentado en las directrices de la 6ª edición del PMBOK, fue central para la estructuración de proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (PD&I) encuadrados en la Ley del Bien. La construcción analítica del plan aseguró la trazabilidad entre los procedimientos metodológicos y los artefactos generados, considerando las exigencias de conformidad técnica, documental y fiscal del incentivo (PMI, 2021; ABNT, 2018; MCTI, 2020). Los resultados demostraron cómo las buenas prácticas de gestión de riesgos fueron operacionalizadas en el contexto de la Ley del Bien, conectando la gobernanza de proyectos, la trazabilidad documental y la seguridad regulatoria, aspectos cruciales para el aprovechamiento efectivo del beneficio fiscal (MCTI, 2023; Souza y Martins, 2020).
La investigación reveló fragilidades significativas de gobernanza/gobernabilidad en proyectos de I+D, especialmente en la documentación técnica, en la trazabilidad de los gastos elegibles y en la integración entre las áreas técnica, tributaria y jurídica. La aplicación sistemática del plan de gestión de los riesgos resultó en mejoras en la estructuración de los proyectos, en la previsibilidad de los resultados y en la mitigación de riesgos fiscales y documentales. Este enfoque estructurado fortaleció la gobernanza/gobernabilidad de los proyectos de innovación y calificó la interacción de las empresas con los instrumentos de fomento de la política pública brasileña, conforme al objetivo principal del estudio.
Planificación de la Gestión de los Riesgos
La planificación de la gestión de los riesgos constituyó la etapa inicial del modelo propuesto, con el objetivo de definir las bases de gobernanza, los parámetros de análisis y los criterios para los procesos subsiguientes. Para ello, se elaboró un Término de Apertura del Proyecto, que consolidó el objetivo, la justificación, el alcance, las premisas, las restricciones, los entregables y las principales partes interesadas del proceso de aprovechamiento de la Ley del Bien. Este documento delimitó el recorte del estudio y el ciclo de vida del proyecto, alineándose a las buenas prácticas de gestión de proyectos (PMI, 2017) y a las exigencias de comprobación de la Ley del Bien (MCTI, 2020; MCTI, 2023).
A partir del Término de Apertura, se estructuró el Plan de Gestión de los Riesgos, que detalló la metodología, las categorías de riesgo, los responsables funcionales, los criterios de probabilidad e impacto, y la lógica de monitoreo. Las categorías de riesgo se definieron como técnicas (caracterización de la innovación y riesgo tecnológico), documentales (evidencias, versionado y consistencia), fiscales (gastos elegibles, cálculo y conciliaciones), de compliance (plazos, adherencia normativa y conformidad) y organizacionales. Se establecieron responsabilidades por función (técnica, fiscal/contable, jurídica) y reglas de aprobación para aumentar la consistencia del dossier técnico-fiscal (MCTI, 2020; MCTI, 2023).
Los criterios de probabilidad e impacto, el apetito por el riesgo y la cadencia de revisiones del plan se definieron para crear una gobernanza mínima aplicable al flujo de la Ley del Bien. Esta etapa también estableció estándares de trazabilidad documental, como control de versiones y vinculación entre entregables y gastos, asegurando que la gestión de los riesgos se conectara directamente con los requisitos de comprobación técnica y consistencia fiscal de la solicitud (PMI, 2017; ABNT, 2018). Este enfoque preventivo, que abarca riesgos técnicos, documentales, fiscales, de cumplimiento y organizacionales, fue crucial, ya que la vulnerabilidad de la solicitud no provino solo de la incertidumbre tecnológica, sino también de fallas de control, integración y comprobación (MCTI, 2023; Souza y Martins, 2020).
La estructura analítica de los riesgos, tal como se desarrolló, demostró que los riesgos se distribuyeron entre diferentes dimensiones del proyecto y exigieron una gestión integrada. Esta representación gráfica reforzó que la planificación no fue solo una etapa formal, sino la base de la gobernanza del modelo propuesto. La adecuada delimitación del proyecto favoreció una mayor coherencia entre los objetivos técnicos, la documentación probatoria y la futura consolidación del expediente técnico-fiscal, elementos esenciales para el éxito de la solicitud bajo la Ley del Bien (MCTI, 2020; MCTI, 2023).
Identificación de los Riesgos
El proceso de identificación de los riesgos se realizó mediante el mapeo del flujo operativo típico de la Ley del Bien, desde la ejecución de las actividades de I+D hasta la organización de las evidencias técnicas, la consolidación de la información en el FORMP&D y la integración con la liquidación fiscal y las obligaciones accesorias. Esta etapa buscó reconocer, de forma estructurada, los eventos que podrían comprometer la elegibilidad del proyecto, la consistencia del dossier técnico-fiscal y la seguridad del aprovechamiento del incentivo, en conformidad con la lógica de la gestión de riesgos propuesta por el PMBOK (PMI, 2017).
Con base en este mapeo, se construyó una lista de verificación de riesgos que abordó debilidades relacionadas con la caracterización de la innovación tecnológica, la comprobación del riesgo tecnológico, la contemporaneidad y consistencia de las evidencias, la clasificación de los gastos elegibles, el llenado de obligaciones accesorias y la integración entre áreas técnicas y fiscales. Los riesgos identificados se registraron en un registro de riesgos, que incluyó numeración secuencial, descripción objetiva del evento, causa principal, consecuencia esperada, categoría de riesgo, etapa del proceso en que ocurrió, responsable funcional y punto sensible u obligación accesoria relacionada (PMI, 2021).
La sistematización de los riesgos en el registro aseguró la trazabilidad entre el riesgo identificado y el momento del flujo en que este podría comprometer la solicitud, favoreciendo la priorización y la planificación de las respuestas. La identificación de los riesgos consideró que las vulnerabilidades no se limitaban al fracaso técnico del proyecto. Aun con mérito tecnológico, la fragilidad de la documentación, la ausencia de controles de trazabilidad y las inconsistencias entre información técnica y fiscal podrían comprometer parcial o integralmente el aprovechamiento del beneficio (Souza y Martins, 2020; MCTI, 2023).
Los principales riesgos identificados incluyeron la caracterización inadecuada de la innovación tecnológica, la ausencia de comprobación del riesgo tecnológico, evidencias técnicas no contemporáneas, falta de control de versiones documentales, inconsistencia entre informes técnicos y documentación fiscal, clasificación inadecuada de gastos elegibles, falla de trazabilidad entre entregables y gastos, inconsistencia en el llenado del FORMP&D, incumplimiento de plazos regulatorios, baja integración entre áreas técnica, fiscal y jurídica, cambio interpretativo o normativo, y fragilidad en la validación final del dossier técnico-fiscal. Estos riesgos fueron categorizados como técnicos, documentales, fiscales, de compliance y organizacionales, con impactos que variaron desde el no encuadramiento del proyecto hasta la pérdida integral del beneficio o retrabajo (MCTI, 2020; MCTI, 2023).
El análisis de los riesgos por relaciones de causa y efecto evidenció factores estructurales comunes y sus potenciales impactos sobre la solicitud. Causas como evidencias no contemporáneas, ausencia de control de versiones, desalineación entre el área técnica y fiscal, y validación final insuficiente, fueron identificadas como principales. Estas causas llevaron a fragilidad documental y baja integración entre áreas, resultando en subcausas como gastos sin vínculo al proyecto, documentos sin respaldo técnico, FORMP&D inconsistente y clasificación inadecuada de gastos. El efecto final fue el compromiso de la elegibilidad y de la seguridad fiscal de la solicitud. El diagrama reforzó la interdependencia entre los riesgos y mostró que la ausencia de estandarización, la baja integración funcional y la fragilidad de los controles internos sustentaron diferentes eventos, estableciendo la base para el análisis cualitativo subsiguiente (PMI, 2017).
Análisis Cualitativo de los Riesgos
El análisis cualitativo de los riesgos tuvo como objetivo clasificar y priorizar los eventos identificados en el registro de riesgos, considerando su probabilidad de ocurrencia y el impacto potencial sobre el proyecto y el aprovechamiento de la Ley del Bien. Se adoptaron escalas cualitativas de probabilidad e impacto en tres niveles: bajo, medio y alto, aplicadas de forma estandarizada. La probabilidad se estimó en función de la recurrencia esperada y la vulnerabilidad del proceso, mientras que el impacto consideró sus efectos técnicos, documentales, fiscales y organizacionales (PMI, 2017; ABNT, 2018).
La clasificación de los riesgos se presentó en una matriz de probabilidad x impacto, que visualizó la concentración de los riesgos en zonas de mayor o menor criticidad, apoyando la definición de las prioridades de gestión de riesgos. Los riesgos más críticos, con alta probabilidad y alto impacto, incluyeron la caracterización inadecuada de la innovación tecnológica (R1), inconsistencia entre informes técnicos y documentación fiscal (R5), inconsistencia en el llenado del FORMP&D (R8), ausencia de comprobación del riesgo tecnológico (R2) y falla de trazabilidad entre entregables y gastos (R7). Riesgos como evidencias técnicas no contemporáneas (R3) y baja integración entre áreas (R10) presentaron impacto medio/alto, mientras que la falta de control de versiones documentales (R4) tuvo impacto bajo.
La priorización de los riesgos, organizada en un ranking de criticidad, reforzó que los eventos más relevantes no se concentraron exclusivamente en la dimensión técnica de la innovación, sino sobre todo en la interfaz entre mérito técnico, documentación probatoria y consistencia fiscal. Los riesgos documentales, fiscales y de cumplimiento asumieron una posición central en la dinámica de utilización de la Ley del Bien, ya que pudieron inviabilizar la solicitud incluso cuando el proyecto, desde la óptica tecnológica, era consistente. Este resultado se alineó con la literatura que señala la baja integración entre gobernanza, documentación y conformidad como factores limitantes de la efectividad del incentivo (Souza y Martins, 2020; MCTI, 2023).
De esta forma, el análisis cualitativo transformó el Registro de Riesgos en una base priorizada para la toma de decisiones, orientando el enfoque de las etapas siguientes. Al identificar qué riesgos requerían un tratamiento prioritario y cuáles podían permanecer bajo monitoreo, esta etapa redujo la dispersión de esfuerzos gerenciales y creó una base objetiva para el análisis cuantitativo y la planificación de las respuestas, reforzando la lógica preventiva de la gestión de riesgos en el contexto de la Ley del Bien (PMI, 2017; ABNT, 2018).
Análisis Cuantitativo de los Riesgos
El análisis cuantitativo de los riesgos tuvo como objetivo estimar, en términos financieros, el orden de magnitud de los impactos asociados a los riesgos críticos previamente priorizados en el análisis cualitativo. En el contexto de este estudio, esta cuantificación no tuvo finalidad estadística ni inferencial, sino que se utilizó como instrumento gerencial de apoyo a la decisión, permitiendo tangibilizar las consecuencias económicas potenciales de fallos documentales, fiscales y de gobernanza asociados al proceso de disfrute de la Ley del Bien. El análisis se concentró en los eventos de mayor criticidad, especialmente aquellos con potencial de comprometer parcial o integralmente el beneficio fiscal (PMI, 2021).
Se construyeron escenarios cuantitativos basados en premisas realistas relacionadas con el valor total de los gastos de I+D, la expectativa de beneficio fiscal y la magnitud estimada de las pérdidas derivadas de diferentes eventos adversos. Por ejemplo, un proyecto con un gasto total de I+D de R$ 1.500.000,00 y un beneficio fiscal potencial de R$ 300.000,00, en el escenario de caracterización inadecuada de la innovación tecnológica (R1), resultó en una pérdida integral del beneficio, estimada en R$ 300.000,00. La divergencia relevante entre la documentación técnica y la determinación de los gastos (R5) llevó a una glosa parcial del 30% del beneficio, con una pérdida estimada de R$ 90.000,00.
La inconsistencia en el llenado del FORMP&D (R8) generó un costo adicional interno estimado de R$ 25.000,00 para retrabajo técnico-fiscal y ajuste documental. La falla de trazabilidad entre entregables y gastos (R7) resultó en una glosa parcial del 20% del beneficio, con una pérdida estimada de R$ 60.000,00. En contraste, el costo estimado para la implementación de controles preventivos, como checklist técnico-fiscal, repositorio de evidencias y rutina de validación integrada, fue de R$ 18.000,00. Estos resultados reforzaron que la vulnerabilidad del proceso no residió solo en la ejecución del PD&I, sino también en la capacidad de la organización de convertir la actividad innovadora en documentación técnicamente robusta y fiscalmente consistente (MCTI, 2020; MCTI, 2023).
La plausibilidad de estos escenarios cuantitativos fue corroborada por evidencia documental de una evaluación técnica real del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. En un dictamen técnico de impugnación, se constató que proyectos técnicamente encuadrables como actividades de I+D recibieron igualmente una recomendación parcial de gastos debido a fragilidades en la comprobación y vinculación entre materiales, equipos y la investigación desarrollada. Por ejemplo, en un proyecto, el valor de R$ 33.826,75 para materiales de consumo no fue aceptado, y la depreciación acelerada integral de R$ 3.326.997,20 no fue recomendada, debido a la falta de claridad en la descripción y comprobación del uso exclusivo para I+D (MCTI, 2025).
Esta evidencia reforzó el entendimiento de que el reconocimiento del mérito técnico del proyecto, por sí solo, no eliminó el riesgo de glosa cuando persistían lagunas documentales, fiscales o de trazabilidad. El análisis cuantitativo demostró que las pérdidas asociadas a fallas de comprobación no se restringieron a construcciones hipotéticas de riesgo, sino que se materializaron en proyectos técnicamente reconocidos. La comparación entre las pérdidas potenciales y el costo estimado de implementación de controles preventivos evidenció una relación favorable entre prevención e impacto evitado, justificando la inversión en mecanismos de control e integración (Kerzner, 2017; PMI, 2017).
Planificación de las Respuestas a los Riesgos
La planificación de las respuestas a los riesgos tuvo como finalidad definir, de forma estructurada, las acciones necesarias para el tratamiento de los riesgos priorizados en las etapas anteriores, reduciendo su probabilidad de ocurrencia, su impacto potencial o ambos. En consonancia con el PMBOK, esta etapa buscó seleccionar, para cada riesgo crítico, la estrategia de respuesta más adecuada entre mitigar, evitar, transferir o aceptar, de acuerdo con su naturaleza, criticidad y viabilidad práctica de implementación en el contexto de la Ley del Bien (PMI, 2017). Considerando el perfil de los riesgos identificados, se observó predominancia de estrategias de mitigación, especialmente para eventos asociados a fragilidades de gobernanza, documentación, integración entre áreas y trazabilidad del proceso.
El Plan de Respuesta a los Riesgos sintetizó la estrategia adoptada y la principal acción planificada para cada riesgo crítico identificado. Para la caracterización inadecuada de la innovación tecnológica (R1), la estrategia fue mitigar, con la acción de revisar el encuadre técnico y estandarizar la justificación de elegibilidad. La ausencia de comprobación del riesgo tecnológico (R2) fue mitigada por la estandarización del registro de pruebas, hipótesis e incertidumbres. Para evidencias técnicas no contemporáneas (R3), la respuesta fue implementar rutina continua de registro y actualización de las evidencias. La falta de control de versiones documentales (R4) fue mitigada por la institución de versionamiento formal y estandarización del almacenamiento documental.
La inconsistencia entre los informes técnicos y la documentación fiscal (R5) se mitigó mediante la realización de una revisión cruzada entre las áreas técnica y fiscal. La clasificación inadecuada de los gastos elegibles (R6) se abordó con la revisión de los criterios de elegibilidad y la conciliación contable-fiscal. La falla de rastreabilidad entre los entregables y los gastos (R7) se mitigó mediante la vinculación de los gastos a los entregables técnicos y documentos probatorios. La inconsistencia en el llenado del FORMP&D (R8) se mitigó mediante la adopción de una lista de verificación técnico-fiscal para su revisión antes de la presentación. El incumplimiento de los plazos regulatorios (R9) se abordó con la estrategia de evitar, definiendo un cronograma interno con hitos de revisión y seguimiento.
La baja integración entre las áreas técnica, fiscal y jurídica (R10) se mitigó mediante el establecimiento de puntos de control interfuncionales y reuniones de alineación. El cambio interpretativo o normativo (R11) fue aceptado/monitoreado, con la acción de monitorear actualizaciones normativas y ajustar el expediente cuando fuera necesario. Finalmente, la fragilidad en la validación final del expediente técnico-fiscal (R12) se mitigó mediante la institución de una revisión final estructurada antes de la presentación. La planificación de las respuestas estuvo orientada por una lógica predominantemente preventiva, centrándose en la mitigación de los riesgos más críticos a través de controles estructurados y rutinas de validación, dado que la mayor parte de los riesgos identificados provino de debilidades procesales y documentales (PMI, 2021; MCTI, 2023).
Las respuestas planificadas se distribuyeron a lo largo de diferentes momentos del ciclo del proyecto, abarcando desde la fase inicial de encuadre técnico hasta la validación final del dosier técnico-fiscal. Los principales desencadenantes para la activación de estas respuestas involucraron dudas sobre la adherencia del proyecto a los criterios de innovación, ausencia de evidencias técnicas consistentes, divergencias entre documentación técnica y liquidación fiscal, lagunas de trazabilidad y aproximación de plazos regulatorios. Esta distribución reforzó que el tratamiento de los riesgos, en el contexto de la Ley del Bien, dependió de una actuación preventiva y continua, y no solo de una revisión documental al final del proceso.
El plan de respuesta también reforzó la necesidad de integración interfuncional como elemento central de mitigación. Diversos riesgos, especialmente aquellos relacionados con la inconsistencia entre información técnica y fiscal, la trazabilidad de los gastos y el llenado del FORMP&D, no fueron adecuadamente tratados por un área única. La respuesta planificada buscó distribuir responsabilidades y crear puntos de validación compartidos, reduciendo el riesgo de fragmentación del proceso y aumentando la coherencia del expediente técnico-fiscal. Tal resultado corrobora la percepción de que la efectividad del incentivo dependió no solo de la calidad de la innovación, sino también de la capacidad organizacional para coordinar saberes técnicos, fiscales y regulatorios (Souza y Martins, 2020; MCTI, 2020).
Implementación de las Respuestas a los Riesgos
La implementación de las respuestas a los riesgos correspondió a la etapa en la que las acciones previamente planificadas se convirtieron en mecanismos operativos de control y gobernanza aplicables al flujo del proyecto. Esta implementación no se trató solo como la ejecución formal de medidas definidas en el plan, sino como la incorporación práctica de rutinas capaces de reducir la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y aumentar la consistencia del proceso de aprovechamiento de la Ley del Bien. De conformidad con el PMBOK, esta etapa buscó asegurar que las respuestas dejaran de ser intenciones gerenciales y pasaran a producir efectos concretos sobre la gestión de riesgos identificados (PMI, 2021).
Los principales controles implementados para el tratamiento de los riesgos incluyeron una lista de verificación técnico-fiscal del expediente, con el fin de verificar la coherencia entre la documentación técnica, fiscal y las obligaciones accesorias, generando como evidencia una lista de verificación completada y validada. Se estableció un repositorio centralizado con control de versiones para asegurar la trazabilidad documental y la integridad de los archivos, produciendo un historial de versiones y registros de actualización. Una rutina de registro contemporáneo de las evidencias garantizó el registro continuo de las actividades de I+D, generando registros fechados y organizados.
La revisión cruzada técnico-fiscal se implementó para validar la alineación entre entregables técnicos y gastos elegibles, resultando en un registro de revisión y versión conciliada. Se creó una matriz de trazabilidad entre entregables y gastos para vincular los gastos elegibles a las actividades y entregables, generando una matriz de trazabilidad actualizada. Se definió un cronograma interno de hitos regulatorios para evitar el incumplimiento de plazos y preparar la solicitud, con evidencias de seguimiento y registros. La revisión final estructurada del dossier validó la integridad técnica, documental y fiscal, generando un registro formal de validación final. El monitoreo de actualizaciones normativas identificó cambios regulatorios con impacto potencial, produciendo un registro de actualización normativa.
La implementación de las respuestas resultó en la creación de un conjunto de controles distribuidos a lo largo de diferentes etapas del proceso, con un enfoque predominante en prevención, validación y trazabilidad. La mayor parte de los controles implementados estuvo asociada a la reducción de fragilidades documentales y fiscales, lo que se mostró coherente con el perfil de criticidad revelado en las etapas de identificación y análisis cualitativo. Controles como la lista de verificación técnico-fiscal, la revisión cruzada entre áreas y la matriz de trazabilidad respondieron directamente a los riesgos más relevantes identificados, demostrando adherencia entre el plan de respuestas y su ejecución operativa.
Estos controles se aplicaron en momentos distintos del ciclo del proyecto, abarcando desde la ejecución de las actividades de I+D hasta la consolidación final del expediente técnico-fiscal y la sumisión de la solicitud. Parte de ellos asumió carácter continuo, como el repositorio con control de versiones y la rutina de registro contemporáneo de las evidencias, mientras que otros se concentraron en etapas críticas, como la revisión cruzada técnico-fiscal, la validación final del expediente y el seguimiento de hitos regulatorios. Esta distribución reforzó que la implementación de las respuestas no se restringió a la adopción puntual de medidas correctivas, sino que correspondió a la incorporación de mecanismos permanentes de prevención, validación y trazabilidad a lo largo de todo el proceso.
Los controles implementados no se restringieron a un área funcional única, sino que reforzaron el carácter interdependiente del proceso de la Ley del Bien. La presencia de mecanismos que exigieron interacción entre las áreas técnica, fiscal, de cumplimiento y de gestión del proyecto evidenció que la implementación de las respuestas se estructuró para reducir la fragmentación organizacional y aumentar la consistencia de la solicitud en su conjunto. Esta constatación dialoga con estudios que señalan la baja integración entre funciones como uno de los principales factores de vulnerabilidad en la utilización de incentivos fiscales a la innovación (Souza y Martins, 2020; MCTI, 2023). Adicionalmente, la vinculación de cada control a una evidencia generada fortaleció la auditabilidad del proceso y permitió demostrar, de manera concreta, que el tratamiento de los riesgos se puso efectivamente en práctica, generando registros verificables (PMI, 2017; Kerzner, 2017).
Monitoreo de Riesgos
El monitoreo de riesgos constituyó la etapa final del ciclo de gestión de riesgos y tuvo como objetivo asegurar el seguimiento continuo de los eventos identificados, la actualización de su estado y la verificación de la eficacia de las respuestas implementadas a lo largo del proceso. En el contexto de este estudio, el monitoreo se estructuró como un mecanismo de revisión periódica del registro de riesgos, permitiendo reevaluar la probabilidad y el impacto, verificar la permanencia o reducción de la exposición e incorporar riesgos emergentes derivados de cambios internos o externos al entorno del proyecto. De acuerdo con el PMBOK, esta etapa fue concebida como un proceso iterativo, orientado al mantenimiento del control y la previsibilidad del proyecto a lo largo de todo su ciclo de vida (PMI, 2021).
El panel de monitoreo de riesgos sintetizó el estado actual de los eventos, la tendencia observada y las acciones en curso para su gestión. Riesgos como la caracterización inadecuada de la innovación tecnológica (R1), la inconsistencia entre informes técnicos y documentación fiscal (R5) y la baja integración entre las áreas técnica, fiscal y jurídica (R10) permanecieron en tratamiento con tendencia estable, exigiendo una revisión continua del encuadre técnico y reuniones de alineación interfuncional. Otros riesgos, como la ausencia de comprobación del riesgo tecnológico (R2), evidencias técnicas no contemporáneas (R3) y falla de trazabilidad entre entregables y gastos (R7), presentaron tendencia de reducción debido a las acciones de estandarización del registro de experimentación, rutina de actualización del repositorio y actualización de la matriz de trazabilidad, respectivamente.
Riesgos como la falta de control de versiones documentales (R4), la clasificación inadecuada de gastos elegibles (R6) y la inconsistencia en el llenado del FORMP&D (R8) fueron monitoreados con tendencia estable o de reducción, con acciones como la implementación de una rutina formal de versionado documental, conciliación contable-fiscal y aplicación de checklist técnico-fiscal. El incumplimiento de plazos regulatorios (R9) fue monitoreado con tendencia baja, a través del seguimiento del cronograma interno. El cambio interpretativo o normativo (R11) fue monitoreado con tendencia variable, exigiendo seguimiento regulatorio, y la fragilidad en la validación final del dossier técnico-fiscal (R12) fue monitoreada con tendencia de reducción, por medio de revisión final estructurada.
El monitoreo de los riesgos se estructuró con un enfoque no solo en el estado, sino también en la tendencia de evolución de cada evento, permitiendo comprender si el riesgo se redujo, se mantuvo estable o requirió mayor atención gerencial. En proyectos de I+D vinculados a la Ley del Bien, esta lectura fue particularmente importante, ya que los riesgos documentales y fiscales no fueron eliminados automáticamente con la implementación de controles y demandaron seguimiento para confirmar la eficacia de las respuestas adoptadas (PMI, 2017; ABNT, 2018). Los riesgos clasificados como en tratamiento se concentraron en puntos sensibles de integración entre documentación técnica, comprobación del riesgo tecnológico y consistencia fiscal, reforzando la centralidad de estos factores en el éxito de la solicitud (MCTI, 2023).
El monitoreo no se limitó a la función de control, sino que también actuó como instrumento de aprendizaje organizacional. Al asociar la evolución de los riesgos con las evidencias producidas y las revisiones periódicas, el proceso permitió identificar patrones de fragilidad, perfeccionar mecanismos y fortalecer ciclos futuros de planificación y gestión de riesgos. El monitoreo se consolidó como una etapa esencial para sustentar la gobernanza, cerrar el ciclo de la gestión de riesgos y reforzar la viabilidad práctica del modelo propuesto para el contexto de la Ley del Bien (Kerzner, 2017; PMI, 2017).
En síntesis, la aplicación sistemática e integrada de la gestión de riesgos, conforme a las directrices del PMBOK y adaptada a las exigencias de la Ley del Bien, demostró ser un instrumento gerencial eficaz para aumentar la previsibilidad, fortalecer la conformidad regulatoria y elevar la gobernanza de las solicitudes de PD&I. La gestión de riesgos estructuró el proceso de innovación incentivada de forma más coherente y auditable, aproximando objetivos técnicos de las exigencias documentales y fiscales. Los hallazgos reforzaron que la efectividad de la Ley del Bien dependió de la capacidad organizacional de estructurar, registrar, controlar y comprobar los proyectos de innovación, integrando dimensiones técnicas, documentales, fiscales y organizacionales para cualificar el aprovechamiento del incentivo fiscal.
4. Conclusión
El presente estudio tuvo como objetivo desarrollar un plan de gestión de riesgos para proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (PD&I) enmarcados en la Ley del Bien, fundamentado en las directrices del PMBOK (6ª edición). Se verificó que la aplicación sistemática de los siete procesos de gestión de riesgos reveló debilidades significativas de gobernanza, particularmente en la documentación técnica, en la trazabilidad de los gastos elegibles y en la integración entre las áreas técnica, tributaria y jurídica. La construcción e implementación del plan de gestión de riesgos, con sus estrategias de mitigación predominantemente preventivas, resultó en mejoras notables en la estructuración de los proyectos, en la previsibilidad de los resultados y en la mitigación de riesgos fiscales y documentales. Este enfoque estructurado fortaleció la gobernanza de los proyectos de innovación y calificó la interacción de las empresas con los instrumentos de fomento de la política pública brasileña, demostrando la capacidad de convertir la incertidumbre tecnológica en un proceso más coherente y auditable.
La principal contribución de este trabajo reside en el desarrollo de un modelo gerencial que integra las dimensiones técnicas, documentales, fiscales y organizacionales, elevando la conformidad regulatoria y la seguridad jurídica en la utilización de la Ley del Bien. Se observó que la efectividad del incentivo fiscal depende no solo del mérito tecnológico, sino de la madurez organizacional para estructurar, registrar y comprobar los proyectos de innovación. Sin embargo, los resultados se derivaron de una construcción analítica basada en escenarios realistas, lo que restringe la generalización empírica de los hallazgos. Para futuras investigaciones, se recomienda la aplicación del plan de gestión de riesgos en estudios de caso reales, involucrando empresas de diferentes tamaños y sectores, con el fin de validar empíricamente sus efectos sobre la reducción de glosas, la mitigación de pasivos tributarios y el perfeccionamiento de la gobernanza en proyectos de innovación.
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Artículo originario del Trabajo de Conclusión de Curso de la Especialización en Gestión de Proyectos del MBA USP/Esalq
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