Guía de Integridad Social: una Propuesta Práctica de Cumplimiento para Organizaciones de Impacto Social

Bruna Prandi; Fernanda Cigainski Lisbinski

DOI: 10.22167/2675-6528-202602726

Artículo derivado del Trabajo de Conclusión de Curso (TCC), con contenido basado en el trabajo original del alumno y adaptado al formato editorial de la Revista E&S con el apoyo de la herramienta ResumeAI, solución de inteligencia artificial desarrollada por el Instituto Pecege para síntesis y organización textual.

Resumen

La creciente demanda de transparencia y responsabilidad institucional en el tercer sector ha puesto de manifiesto la escasez de instrumentos prácticos de integridad para organizaciones de pequeño y mediano tamaño. El estudio tuvo como objetivo desarrollar y evaluar la aplicabilidad de una Guía de Integridad Social, concebida como herramienta técnica para apoyar la implementación gradual de prácticas de integridad en organizaciones de la sociedad civil. La investigación, de naturaleza aplicada, cualitativa y exploratoria, se estructuró en tres etapas: análisis documental de legislaciones, normas y referencias nacionales e internacionales sobre integridad, gobernanza y compliance; análisis de buenas prácticas institucionales; y desarrollo y evaluación exploratoria de la aplicabilidad de la Guía en una organización de la sociedad civil. Los resultados indicaron el desarrollo de una guía compuesta por orientaciones prácticas, checklists e instrumentos simplificados para la implementación gradual de mecanismos de gobernanza y prevención de irregularidades. La aplicabilidad de la propuesta fue evaluada en una asociación de protección animal, donde se identificaron lagunas institucionales y se apoyó la adopción de prácticas iniciales de gobernanza, como la creación de un canal de comunicación y de una matriz simplificada de riesgos. Se concluyó que la Guía constituyó un instrumento técnico viable para apoyar la implementación de prácticas de integridad en organizaciones de la sociedad civil de pequeño y mediano tamaño, contribuyendo al fortalecimiento de la gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas, y ofreciendo una alternativa práctica para la difusión de la cultura de integridad en el tercer sector.

Palabras clave: Cumplimiento; Gobernanza; Integridad; Organizaciones de la sociedad civil; Tercer sector.

1. Introducción

El sector terciario brasileño ha experimentado una creciente atención a la integridad, la transparencia y la gobernanza. Este movimiento está impulsado, en gran parte, por la expansión de las asociaciones entre organizaciones de la sociedad civil y el poder público. Tal escenario ha intensificado las demandas de mecanismos de control, rendición de cuentas y transparencia, acercando a las organizaciones sin fines de lucro a prácticas tradicionalmente asociadas al entorno corporativo (Controladoria-Geral da União [CGU], 2022).

En este contexto, temas como compliance, gestión de riesgos, ética organizacional y gobernanza se han convertido en elementos cruciales en las discusiones sobre sostenibilidad institucional, legitimidad y fortalecimiento de la confianza pública. Las prácticas estructuradas de gobernanza y accountability se consideran factores esenciales para la pervivencia de las organizaciones de la sociedad civil, especialmente ante la creciente demanda de evidencias de impacto social y de responsabilidad institucional. Así, los instrumentos orientados a la promoción de la integridad organizacional se incorporan progresivamente en las discusiones sobre gestión y gobernanza en el tercer sector.

En Brasil, este movimiento cobra nuevo impulso con la tramitación del Proyecto de Ley nº 1.316 (Brasil, 2023), que propone la obligatoriedad de la adopción de programas de integridad para entidades privadas sin fines de lucro que establecen convenios, contratos o instrumentos análogos con la administración pública. Esta propuesta se alinea con los principios de la Ley nº 12.846 (Brasil, 2013), conocida como Ley Anticorrupción, y del Decreto nº 8.420 (Brasil, 2015), que reglamenta la responsabilidad administrativa de personas jurídicas por actos lesivos. Dichas normativas establecen la institucionalización de prácticas de gobernanza e integridad como herramientas esenciales para la transparencia, la conformidad y la prevención de irregularidades.

Sin embargo, la implementación de programas de integridad en el tercer sector enfrenta desafíos significativos. Se observa la limitación de recursos financieros y humanos, lo que restringe la capacidad de contratar consultorías especializadas o de estructurar áreas dedicadas a la gobernanza. También hay una escasez de conocimiento técnico sobre compliance y gestión de riesgos entre los gestores, además de la predominancia de estructuras organizacionales poco formalizadas, donde los procesos decisorios y las rutinas administrativas frecuentemente carecen de documentación o estandarización (Salamon, 2012; Instituto Brasileiro de Governança Corporativa [CGU], 2022).

Adicionalmente, gran parte de los referentes normativos y directrices disponibles se desarrolló originalmente para el sector público o para grandes empresas. Esto resulta en modelos complejos y a menudo inadecuados a la realidad operativa de organizaciones de la sociedad civil de pequeño y mediano tamaño (Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2017). Esta desproporción entre las exigencias regulatorias y la capacidad institucional de las organizaciones puede llevar a la adopción meramente formal de mecanismos de integridad, sin una integración efectiva en las prácticas organizacionales (DiMaggio; Powell, 1983).

Otro desafío reside en la escasez de instrumentos prácticos y accesibles que ayuden a las organizaciones a convertir las exigencias en procedimientos de gobernanza concretos. En consecuencia, muchas organizaciones de la sociedad civil dependen de consultorías externas para estructurar programas de integridad, lo que limita su autonomía y la difusión de estas prácticas (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa [IBGC], 2016; CGU, 2022). En este escenario, se identifica una brecha significativa entre las demandas regulatorias de integridad institucional y la capacidad operativa de las organizaciones de la sociedad civil para implementarlas. Aunque existen normas y guías para los sectores público y privado, hay una carencia de herramientas específicas para apoyar a organizaciones del tercer sector, sobre todo aquellas de pequeño y mediano tamaño, en la estructuración de prácticas compatibles con su realidad.

Ante este escenario, el presente estudio propone el desarrollo de una Guía de Integridad Social como instrumento técnico. Esta guía busca acercar las exigencias normativas a la realidad operativa de las organizaciones de la sociedad civil, contribuyendo al fortalecimiento de la transparencia, la confianza pública y la gestión adecuada de recursos, especialmente en entidades que trabajan con poblaciones vulnerables y causas de interés colectivo. Académicamente, la investigación expande las discusiones sobre compliance social y gobernanza en contextos no corporativos, proponiendo un modelo aplicado que articula referenciales normativos y prácticas institucionales. En la práctica, la Guía ofrece orientaciones accesibles para apoyar la estructuración de mecanismos de integridad, disminuyendo la dependencia de consultorías especializadas y ampliando la autonomía de las organizaciones en la adopción de buenas prácticas de gobernanza. Así, el objetivo general de este estudio consiste en desarrollar y evaluar la aplicabilidad de una Guía de Integridad Social adaptada a la realidad de las organizaciones de la sociedad civil, sistematizando orientaciones prácticas de gobernanza, ética y compliance a la luz del Proyecto de Ley nº 1.316 (Brasil, 2023) y de referenciales nacionales e internacionales sobre integridad institucional.

2. Material y Métodos

La presente investigación adoptó un enfoque cualitativo, de naturaleza aplicada, con finalidad descriptiva y propositiva. El estudio se destinó al desarrollo de un instrumento técnico para apoyar la implementación de prácticas de gobernanza y compliance en organizaciones de la sociedad civil. Conforme a Gil (2019), las investigaciones aplicadas buscan generar conocimientos dirigidos a la solución de problemas concretos, articulando referenciales teóricos y normativos a las demandas de la práctica.

El enfoque cualitativo resultó adecuado por posibilitar la comprensión e interpretación de fenómenos institucionales en sus contextos normativos, organizacionales y operacionales (Minayo, 2014). El diseño metodológico se basó en estudios exploratorios orientados al desarrollo de soluciones aplicadas, según las orientaciones presentadas por Yin (2015).

El diseño metodológico se estructuró en tres etapas complementarias. En primer lugar, se realizó el análisis documental de legislaciones, normas y referencias nacionales e internacionales relacionadas con la integridad, la gobernanza y el cumplimiento. A continuación, se procedió al análisis de buenas prácticas institucionales, con carácter ilustrativo y orientador para la construcción del instrumento. Finalmente, se desarrolló y evaluó exploratoriamente la aplicabilidad de una Guía de Integridad Social en una organización de la sociedad civil.

En la primera etapa, el análisis documental normativo tuvo como objetivo identificar los fundamentos jurídicos e institucionales que orientan la implementación de programas de integridad en organizaciones de la sociedad civil. Se examinaron instrumentos legales, regulatorios y referenciales institucionales relevantes para la promoción de la integridad, la gobernanza y la prevención de irregularidades.

Entre los documentos legales analizados, destacaron el Proyecto de Ley nº 1.316 (Brasil, 2023), la Ley nº 12.846 (Brasil, 2013), el Decreto nº 8.420 (Brasil, 2015) y la Ley nº 13.019 (Brasil, 2014). También se examinaron referenciales técnicos como la Guía de Programas de Integridad de la Controladoria-Geral da União (CGU, 2022), la “Recommendation of the Council on Public Integrity” de la OCDE (OCDE, 2017), la Agenda 2030 de la ONU (ONU, 2015) y la ISO 37001 (2016).

El análisis se realizó mediante lectura analítica y comparativa de los documentos, buscando identificar convergencias entre los requisitos normativos y las recomendaciones institucionales para programas de integridad. Se consideraron principios éticos, mecanismos de prevención y detección de irregularidades, gestión de riesgos, canales de denuncia, acciones de capacitación e instrumentos de monitoreo. Los elementos identificados se sistematizaron para el desarrollo de la Guía.

En la segunda etapa, se realizó un análisis documental exploratorio de prácticas de integridad adoptadas por organizaciones de la sociedad civil que publican información sobre sus mecanismos de gobernanza y ética institucional. El objetivo fue identificar instrumentos y procedimientos que pudieran respaldar la elaboración de la Guía, considerando la adaptación a la realidad de organizaciones de pequeño y mediano tamaño.

La selección de las organizaciones consideró la disponibilidad pública de documentos relacionados con la gobernanza y la integridad institucional. El análisis se centró en la identificación de mecanismos recurrentes de integridad, incluyendo códigos de ética, canales de comunicación y denuncia, políticas institucionales, prácticas de gestión de riesgos, acciones de capacitación e instrumentos de monitoreo. Esta etapa se caracterizó como estudio documental, según Lakatos y Marconi (2021).

En la tercera etapa, se desarrolló la Guía de Integridad Social, principal producto técnico del estudio. Su elaboración se fundamentó en la sistematización de los elementos identificados en las etapas anteriores, integrando requisitos normativos y prácticas de gobernanza observadas. El proceso buscó traducir referenciales legales e institucionales en orientaciones prácticas, accesibles y compatibles con la realidad operativa de las organizaciones de la sociedad civil de pequeño y mediano porte.

Para ello, se elaboraron directrices, “checklists” y modelos simplificados de documentos institucionales para apoyar la implementación gradual de mecanismos de integridad. Se incluyeron orientaciones para la elaboración de códigos de conducta, la identificación y gestión de riesgos de integridad, la estructuración de canales de comunicación y denuncia, la definición de responsabilidades, además de acciones de capacitación y sensibilización institucional. La estructura de la Guía se organizó de forma secuencial, permitiendo su utilización progresiva.

La elaboración del instrumento se basó en el método de análisis y síntesis descrito por Severino (2016), que consiste en la integración de referencias teóricas y evidencias documentales para el desarrollo de propuestas aplicadas. Los criterios de elaboración de la Guía partieron del alineamiento a las referencias normativas y teóricas, así como de la simplificación metodológica y accesibilidad, dialogando con el principio de proporcionalidad en la implementación de programas de integridad (OCDE, 2017; ISO 37001, 2016; CGU, 2022).

La Guía se estructuró en tres dimensiones operativas: diagnóstico, implementación práctica e instrumentalización y formalización. La dimensión de diagnóstico se operacionalizó mediante “checklists” de autoevaluación, organizados en torno a los pilares esenciales de la integridad. La dimensión de implementación práctica presentó una hoja de ruta estructurada en seis etapas, y la dimensión de instrumentalización y formalización proporcionó modelos de documentos institucionales simplificados.

Para evaluar la aplicabilidad de la Guía, se realizó una aplicación exploratoria en una asociación de protección animal de pequeño tamaño, ubicada en Minas Gerais, Brasil. La organización estaba compuesta mayoritariamente por voluntarios y se caracterizaba por recursos financieros limitados y baja formalización de prácticas de gobernanza. La aplicación tuvo un carácter exploratorio e ilustrativo, buscando obtener percepciones cualitativas iniciales sobre el potencial de utilización de la Guía por organizaciones sociales.

Los objetivos de la aplicación fueron verificar la comprensibilidad del contenido, evaluar la claridad y aplicabilidad de las orientaciones, identificar posibles dificultades de implementación y recoger percepciones sobre la utilidad institucional de la Guía. La aplicación se inició con la presentación de la Guía a la organización, seguida por el análisis del material por parte del equipo y el registro de percepciones cualitativas.

El equipo de la organización completó los “checklists” de autoevaluación, que permitieron identificar brechas institucionales. Con base en este diagnóstico, se desarrollaron instrumentos de implementación inmediata, como un canal de comunicación institucional a través de un formulario electrónico y una matriz simplificada de riesgos. El análisis de los datos se centró en las percepciones cualitativas de la organización sobre el material presentado.

La presente investigación se basó exclusivamente en el análisis documental de fuentes de acceso público y en la elaboración de una Guía Práctica de Integridad Social. No implicó la recopilación de datos primarios, la participación de seres humanos como sujetos de investigación, la utilización de animales o la intervención sobre recursos ambientales. De esta manera, el estudio no se encuadra en las hipótesis de sometimiento obligatorio al Sistema CEP/Conep, conforme a la Resolución nº 510, de 7 de abril de 2016, del Consejo Nacional de Salud, no siendo necesaria la apreciación por un Comité de Ética en Investigación.

3. Resultados y Discusión

El principal resultado de esta investigación fue el desarrollo de una Guía de Integridad Social, concebida como un instrumento técnico para apoyar la implementación gradual de prácticas de integridad, gobernanza y compliance en organizaciones de la sociedad civil y negocios de impacto social. Esta guía se estructuró a partir de la integración de referentes normativos y buenas prácticas identificadas, resultando en un modelo simplificado y adaptado a las limitaciones operativas, técnicas y financieras frecuentemente enfrentadas por organizaciones de pequeño y mediano tamaño. La propuesta busca, así, traducir requisitos legales y principios de gobernanza en orientaciones prácticas y accesibles, con el objetivo de reducir la brecha entre las exigencias normativas y la capacidad institucional de estas organizaciones para implementarlas.

La investigación comenzó con un análisis documental de hitos legales y referenciales institucionales, revelando que, si bien los programas de integridad se originaron en el contexto corporativo, sus principios se incorporan cada vez más a la gobernanza pública y a las organizaciones de la sociedad civil. En el escenario nacional, el Proyecto de Ley nº 1.316 (Brasil, 2023) incentiva la adopción de programas de integridad por parte de organizaciones que establecen alianzas con la administración pública. Esta iniciativa se alinea con la Ley nº 12.846 (Brasil, 2013), la Ley Anticorrupción, y el Decreto nº 8.420 (Brasil, 2015), que establecen los fundamentos legales y reglamentarios para los programas de integridad en Brasil.

Las directrices de la Contraloría General de la Unión (CGU, 2022) indican que los programas de integridad eficaces deben incluir elementos como el compromiso de la alta dirección, la elaboración de códigos de conducta, la gestión de riesgos, la existencia de canales de denuncia, la realización de acciones de capacitación y el monitoreo continuo. Estos componentes esenciales fueron corroborados por los referenciales internacionales examinados, como la “Recommendation of the Council on Public Integrity” de la OCDE (2017), que enfatiza la necesidad de estructuras institucionales para prevenir, detectar y responder a irregularidades, y la Agenda 2030 de la ONU (2015), que, por medio del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, subraya la importancia de instituciones eficaces, responsables y transparentes.

Adicionalmente, se analizó la norma ISO 37001 (2016), destacando la relevancia de la adopción de controles internos y de un enfoque sistemático para la gestión de los riesgos relacionados con el soborno, contribuyendo al fortalecimiento de la cultura de integridad organizacional. Se observó una amplia convergencia entre estos referentes en cuanto a los elementos fundamentales de un programa de integridad, especialmente en lo que respecta a la prevención de irregularidades, gestión de riesgos, transparencia, mecanismos de denuncia, capacitación y monitoreo. Sin embargo, el análisis también evidenció una limitación significativa: la mayoría de estos instrumentos fueron concebidos para grandes organizaciones, con recursos y estructuras que no corresponden a la realidad de las organizaciones de la sociedad civil de pequeño y mediano tamaño (Young, 2017).

Esta constatación de una brecha entre los requisitos normativos y la capacidad operativa de las organizaciones del tercer sector fundamentó el desarrollo de la Guía de Integridad Social. La Guía fue elaborada con el propósito de traducir los principales elementos de los programas de integridad en orientaciones prácticas, simplificadas y compatibles con la realidad institucional de estas organizaciones. Representa, por lo tanto, un producto técnico que integra los requisitos normativos identificados en el análisis documental con las buenas prácticas observadas en organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de ofrecer un apoyo concreto para la implementación de prácticas de gobernanza y compliance.

La estructura de la Guía fue concebida para apoyar la implementación gradual de mecanismos de integridad, priorizando instrumentos de fácil aplicación y adaptación. Para ello, se organizaron directrices, listas de verificación y modelos simplificados destinados a la estructuración de prácticas esenciales de gobernanza, incluyendo la elaboración de código de conducta, la identificación y gestión de riesgos de integridad, la estructuración de canales de comunicación y denuncia, la definición de responsabilidades, además de acciones de capacitación y mecanismos básicos de monitoreo. El contenido de la Guía fue construido a partir de la convergencia entre los principales referentes normativos, como la Ley nº 12.846 (Brasil, 2013), el Decreto nº 8.420 (Brasil, 2015), el Proyecto de Ley nº 1.316 (Brasil, 2023), las orientaciones de la CGU (2022), la “Recommendation of the Council on Public Integrity” de la OCDE (2017) y la ISO 37001 (2016).

A diferencia de los modelos tradicionalmente dirigidos al sector público y a las grandes organizaciones, la Guía fue elaborada con el objetivo de adaptar estos requisitos a la capacidad institucional de las organizaciones de la sociedad civil. Se buscó privilegiar instrumentos que pudieran ser implementados de forma progresiva, sin demandar estructuras especializadas o elevados investimentos financieros, favoreciendo la incorporación gradual de la cultura de integridad. La elaboración del instrumento se basó en el método de análisis y síntesis, que consiste en la integración de referenciales teóricos y evidencias documentales para el desarrollo de propuestas aplicadas (Severino, 2016).

Los criterios para la elaboración de la Guía partieron de la constatación de que los modelos tradicionales de cumplimiento presentan baja adherencia a la realidad de las organizaciones sociales, especialmente aquellas con estructuras reducidas y recursos limitados. En respuesta a este escenario, la Guía se fundamentó en un criterio de doble orientación: el alineamiento a los referenciales normativos y teóricos, y la simplificación metodológica y la accesibilidad. Este enfoque dialoga con el principio de proporcionalidad en la implementación de programas de integridad, según el cual los mecanismos de gobernanza deben ser compatibles con el tamaño, la complejidad y la capacidad operativa de las organizaciones (OCDE, 2017; ISO 37001, 2016; CGU, 2022).

Con base en estos criterios, la Guía se estructuró en tres dimensiones operativas. La primera, de diagnóstico, se operacionalizó mediante listas de verificación de autoevaluación, organizadas en torno a los pilares esenciales de la integridad, como código de conducta, canales de comunicación, gestión de riesgos y transparencia. Estos instrumentos fueron concebidos para traducir directrices normativas en procedimientos operativos accesibles, según lo recomendado por guías institucionales de integridad (CGU, 2022; OCDE, 2017). La utilización de preguntas objetivas permite que organizaciones sin dominio técnico realicen diagnósticos institucionales de forma autónoma, convirtiendo principios abstractos en criterios verificables (Severino, 2016).

La segunda dimensión, de implementación práctica, reconoce que el diagnóstico, por sí solo, no es suficiente para promover cambios organizacionales. Así, la Guía presenta un itinerario estructurado en seis etapas: compromiso del liderazgo, definición de responsables, creación de reglas de conducta, identificación de riesgos, establecimiento de canal de comunicación y monitoreo continuo. Estas etapas traducen directrices abstractas en acciones concretas, facilitando la adopción gradual de las prácticas de integridad, en consonancia con buenas prácticas de compliance que enfatizan la necesidad de operacionalización por medio de rutinas claras y responsabilidades definidas.

Finalmente, la dimensión de instrumentalización y formalización materializa el criterio de simplificación mediante la puesta a disposición de modelos de documentos institucionales, como código de conducta, matriz de riesgos y formulario de comunicación de irregularidades. Estos instrumentos fueron estructurados a partir de los elementos mínimos identificados en el análisis normativo, pero adaptados a un lenguaje accesible y de aplicación inmediata, conforme a la directriz de proporcionalidad en la implementación de programas de integridad (CGU, 2022; OCDE, 2017). La matriz de riesgos, por ejemplo, organiza la información en categorías simplificadas, como actividad, riesgo, impacto y medida preventiva, reflejando el enfoque basado en riesgos recomendado por normas internacionales (ISO 37001, 2016), pero adaptado a la capacidad operativa de organizaciones de pequeño tamaño.

La inclusión de ejemplos prácticos y orientaciones paso a paso refuerza la aplicabilidad de la Guía, permitiendo que organizaciones sin experiencia previa en compliance implementen mecanismos básicos de integridad de forma gradual y contextualizada, en consonancia con la necesidad de adecuación metodológica al contexto institucional (Minayo, 2014). De esta forma, la Guía trasciende la mera sistematización de buenas prácticas, constituyendo un modelo aplicado que integra diagnóstico, implementación y formalización de mecanismos de integridad. Al traducir fundamentos normativos en instrumentos operacionales accesibles, busca fortalecer la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para implementar programas de integridad de forma autónoma, gradual y sostenible.

Para verificar su aplicabilidad, la Guía se aplicó de forma exploratoria en una asociación de protección animal de pequeño tamaño ubicada en Minas Gerais, Brasil. Esta organización, compuesta mayoritariamente por voluntarios y caracterizada por recursos financieros limitados y baja formalización de prácticas de gobernanza, refleja el perfil predominante de las entidades del tercer sector brasileño, frecuentemente marcadas por limitaciones estructurales y baja institucionalización de mecanismos formales de integridad (CGU, 2022; OCDE, 2017). La aplicación se inició con el llenado de checklists de autoevaluación, permitiendo a la propia organización identificar sus debilidades institucionales y realizar un diagnóstico inicial de madurez en integridad.

Los resultados del diagnóstico indicaron que, si bien la organización posee prácticas informales de gestión y directrices éticas incorporadas a su actuación, no existen mecanismos formalizados de integridad implementados de manera sistemática. Las principales lagunas identificadas se concentraron en la ausencia de un canal formal de comunicación o denuncia y en la inexistencia de un proceso estructurado de gestión de riesgos. Específicamente, se verificó que la organización no poseía un código de conducta formalizado, ni principios éticos institucionales u orientaciones sobre conflictos de interés establecidos. De igual manera, no existía un canal institucional para denuncias o manifestaciones, ni responsable definido para recibirlas y analizarlas, tampoco registro de las manifestaciones.

En lo que respecta a la gestión de riesgos, la organización no identificaba formalmente riesgos relacionados con sus actividades, no los registraba en documentos y no poseía medidas de prevención definidas. Estos hallazgos convergen con la literatura normativa, que reconoce tales mecanismos como componentes esenciales de sistemas de integridad organizacional (CGU, 2022; OCDE, 2017; ISO 37001, 2016). La ausencia de estos instrumentos evidencia una brecha recurrente entre prácticas informales y exigencias estructuradas de gobernanza en organizaciones de pequeño tamaño.

En contraste, el eje de transparencia institucional presentó resultados positivos. La organización divulgaba su misión y objetivos institucionales, así como información sobre proyectos y actividades, y realizaba rendición de cuentas institucional. Sin embargo, el código de conducta, inexistente, no era divulgado a los colaboradores o voluntarios. Este resultado positivo en la transparencia sugiere la presencia de prácticas parcialmente consolidadas de “accountability”, un principio reconocido en la literatura sobre gobernanza (OCDE, 2017; ONU, 2015), incluso en ausencia de formalización completa de los demás pilares de integridad.

A partir de este diagnóstico, la organización avanzó a la etapa de implementación, según lo orientado por la Guía. Con base en las debilidades identificadas, se desarrollaron instrumentos de implementación inmediata, incluyendo un canal de comunicación institucional por medio de un formulario electrónico, con opción de anonimato y vinculado al correo electrónico de la organización. Este canal fue divulgado en las plataformas de la asociación, y la presidenta y la vicepresidenta fueron designadas como responsables del análisis de las denuncias. La adopción de un canal electrónico anónimo atiende a los principios de accesibilidad, confidencialidad y protección al denunciante, considerados fundamentales para la efectividad de estos mecanismos (CGU, 2022).

Adicionalmente, se desarrolló una matriz de riesgos simplificada, construida con base en las actividades operacionales de la entidad, como rescate, cuidado y disponibilidad de animales para adopción. Esta matriz identificó riesgos como gastos sin registro en donaciones en efectivo (impacto alto, medida preventiva: hoja de cálculo de gastos y facturas), animales sin registro en el rescate (impacto medio, medida preventiva: digitalización de documentos), adopción por personas sin condición de cuidar (impacto alto, medida preventiva: formulario de adopción y término de responsabilidad), y elección de servicios veterinarios sin comparación de valores (impacto medio, medida preventiva: solicitar presupuestos). Esta matriz refleja la aplicación de un enfoque basado en riesgos, conforme recomendado por normas internacionales de gestión (ISO 37001, 2016; OCDE, 2017), demostrando que la gestión de riesgos puede ser operacionalizada de manera proporcional a la capacidad institucional de la organización.

La elaboración de estos instrumentos por la propia organización evidenció la viabilidad de implementar prácticas de integridad incluso en contextos de baja capacidad técnica, reforzando la propuesta central de la Guía de traducir principios normativos en herramientas accesibles. Este resultado está alineado al principio de proporcionalidad, según el cual los programas de integridad deben adaptarse al tamaño, la complejidad y los recursos de las organizaciones (OCDE, 2017; CGU, 2022). La aplicación demostró que los instrumentos propuestos son capaces de orientar tanto la identificación de lagunas como la implementación de soluciones prácticas, estableciendo una relación directa entre diagnóstico y acción.

Los resultados indican que el modelo desarrollado permite operacionalizar principios de integridad en organizaciones con limitaciones estructurales, reduciendo la dependencia de consultorías especializadas y ampliando la autonomía institucional. Desde el punto de vista práctico, los hallazgos refuerzan que mecanismos básicos de compliance pueden ser implementados con recursos mínimos, siempre que vayan acompañados de orientaciones claras e instrumentos simplificados. Esta constatación contribuye al debate sobre compliance en el tercer sector, al evidenciar que la efectividad de las prácticas de integridad está menos asociada a la complejidad estructural y más a su adecuación al contexto organizacional, considerando las características, los recursos y los desafíos específicos de cada organización (Aulgur, 2015).

A pesar de los resultados positivos, la aplicación presenta limitaciones. El estudio se llevó a cabo en una única organización, con carácter exploratorio y basado en percepciones cualitativas iniciales, lo que restringe la generalización de los hallazgos. Como destacó Yin (2015), estudios de esta naturaleza tienen como principal contribución la exploración y comprensión de fenómenos, siendo necesarias aplicaciones adicionales para una validación más amplia del modelo. En general, la Guía de Integridad Social desarrollada en este estudio constituye una contribución aplicada al campo, al ofrecer un modelo viable para la implementación de estructuras mínimas de compliance y gobernanza en organizaciones sociales, fortaleciendo la promoción de la integridad en el tercer sector a través de instrumentos accesibles, adaptables y orientados a la realidad organizacional.

4. Conclusión

El presente estudio tuvo como objetivo desarrollar y evaluar la aplicabilidad de una Guía de Integridad Social, concebida para apoyar la implementación gradual de prácticas de gobernanza, ética y compliance en organizaciones de la sociedad civil. Se verificó que, a pesar de la existencia de referenciales normativos consolidados sobre programas de integridad, persistía una brecha significativa entre estas directrices y la capacidad operativa de las organizaciones de pequeño y mediano tamaño para implementarlas. En respuesta a esta necesidad, se desarrolló una guía que integra requisitos legales y buenas prácticas en un modelo simplificado, compuesto por orientaciones prácticas, checklists e instrumentos adaptados a las limitaciones estructurales y financieras del tercer sector. La aplicación exploratoria de la Guía en una asociación de protección animal demostró su capacidad para diagnosticar brechas institucionales, como la ausencia de un canal formal de comunicación y de un proceso estructurado de gestión de riesgos, y para apoyar la adopción de prácticas iniciales de gobernanza, incluyendo la creación de un canal electrónico de denuncias y una matriz simplificada de riesgos. Estos hallazgos indican que la Guía constituye un instrumento técnico viable, que contribuye al fortalecimiento de la gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas, ofreciendo una alternativa práctica para la diseminación de la cultura de integridad en el tercer sector y ampliando el debate académico sobre compliance social en contextos no corporativos.

A pesar de la relevancia de los resultados, la aplicación de la Guía se realizó en una única organización y tuvo un carácter exploratorio, basada en percepciones cualitativas iniciales, lo que restringe la generalización de los hallazgos. Se sugiere que investigaciones futuras amplíen la validación de la Guía en diferentes contextos organizacionales del tercer sector, investigando sus efectos en la consolidación de prácticas institucionales de integridad, gobernanza y transparencia a largo plazo. Tales estudios podrían contribuir a mejorar el modelo y fortalecer la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para implementar programas de integridad de forma autónoma y sostenible.

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Artículo originado del Trabajo de Conclusión de Curso de la Especialización en Compliance y ESG del MBA USP/Esalq

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