19 de octubre de 2026
Gestión consorciada de residuos sólidos urbanos: estudio de caso del Vertedero Sanitario del Valle del Río Manuel Alves – TO
Gestión Consorciada de Residuos Sólidos Urbanos: Estudio de Caso del Vertedero del Valle del Río Manuel Alves – to
Tainan Pereira dos Santos Moreira; Márcia Rossi
DOI: 10.22167/2675-6528-202603473
Artículo derivado del Trabajo de Conclusión de Curso (TCC), con contenido basado en el trabajo original del alumno y adaptado al formato editorial de la Revista E&S con el apoyo de la herramienta ResumeAI, solución de inteligencia artificial desarrollada por el Instituto Pecege para síntesis y organización textual.
Resumen
La gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) en Brasil enfrenta desafíos técnicos, institucionales y socioeconómicos, intensificados por las exigencias de la Política Nacional de Residuos Sólidos y del Nuevo Marco Legal del Saneamiento. En este contexto, los consorcios públicos intermunicipales emergieron como una estrategia para viabilizar ganancias de escala y fortalecer la capacidad de gestión municipal. El estudio analizó cómo la implantación del Vertedero Sanitario Consorciado del Valle del Río Manuel Alves contribuye a la efectividad de la gestión sostenible de RSU en los municipios integrantes del consorcio, localizado en Tocantins. Se adoptó un diseño de estudio de caso descriptivo-analítico, fundamentado en datos secundarios y documentación técnico-normativa de 2019 a 2024. El análisis no midió resultados operacionales consolidados, sino la consistencia institucional y técnica del modelo y su potencial de efectividad, estructurada a partir de dimensiones legal-institucional, ambiental, económico-operacional, de gobernanza y social. Los resultados indicaron que el modelo consorciado presentó adherencia a los marcos legales vigentes, con formalización institucional, planificación integrada y concepción técnica del vertedero conforme a los requisitos ambientales, contribuyendo potencialmente a la superación de la disposición inadecuada de residuos. Sin embargo, se identificaron limitaciones en la educación ambiental, integración con recolección selectiva e inclusión social. Se concluyó que la implantación del vertedero sanitario consorciado representó un avance relevante en la conformidad legal y organización regional de la gestión de RSU, pero su efectividad sostenible depende del fortalecimiento de políticas complementarias de gobernanza, participación social y viabilidad económica a largo plazo.
Palabras clave: Vertedero; Gestión consorciada; Gobernanza ambiental; Residuos sólidos urbanos; Sostenibilidad.
1. Introducción
La gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) en Brasil sigue siendo uno de los desafíos más complejos de la agenda ambiental y sanitaria contemporánea, ya que implica simultáneamente requisitos técnicos, institucionales, económicos y sociales. La Política Nacional de Residuos Sólidos (PNRS), instituida por la Ley nº 12.305/2010, y el Nuevo Marco Legal del Saneamiento, reforzado por la Ley nº 14.026/2020, consolidaron directrices orientadas a la eliminación de vertederos, la regionalización de los servicios y la adopción de soluciones ambientalmente adecuadas para la disposición final de residuos. En este contexto, la gestión consorciada entre municipios se ha presentado como una alternativa capaz de viabilizar ganancias de escala, racionalización de costos y fortalecimiento de la capacidad estatal, especialmente en territorios marcados por baja recaudación, dispersión espacial y limitaciones administrativas.
En el Estado de Tocantins, la creación del Consorcio Intermunicipal de Desarrollo Sostenible Vale do Rio Manuel Alves y la propuesta de implantación de un vertedero sanitario consorciado configuran una experiencia relevante de regionalización de la gestión de residuos sólidos urbanos. Dicha experiencia es particularmente significativa por desarrollarse en un contexto regional en el que la disposición final de los residuos históricamente ocurrió de forma fragmentada y, en muchos casos, ambientalmente inadecuada, lo que evidencia la necesidad de soluciones colectivas capaces de superar la precariedad estructural de la gestión local.
Desde el punto de vista teórico, los consorcios públicos intermunicipales pueden ser comprendidos como instrumentos de coordinación horizontal que reducen asimetrías de capacidad entre gobiernos locales y amplían la posibilidad de cooperación en políticas públicas complejas. Bajo la perspectiva de la gobernanza ambiental, la efectividad de estos arreglos no se agota en la existencia formal de instituciones, sino que depende de la capacidad de articular reglas, coordinación, transparencia, participación y mecanismos de control (Abrucio y Sano, 2013; Ostrom, 2010).
Por otro lado, la gestión sostenible de residuos presupone la integración entre el cumplimiento legal, la infraestructura ambientalmente adecuada, la viabilidad económico-financiera, la inclusión social y la gobernanza participativa (Wilson et al., 2015; UN-Habitat, 2010). Desde esta perspectiva, el análisis de la gestión consorciada de residuos no debe limitarse a la verificación de la existencia física de un vertedero sanitario, sino considerar en qué medida el modelo institucional y técnico adoptado crea condiciones reales para superar pasivos ambientales, fortalecer capacidades municipales y estructurar una gestión regional más sostenible.
Es en este marco que se inserta el presente estudio. Aunque la literatura reconoce el potencial de los consorcios públicos como instrumentos de coordinación federativa, aún son escasos los estudios aplicados que investiguen su efectividad en contextos regionales periféricos y con limitaciones estructurales. El trabajo no se propone evaluar resultados operativos consolidados del emprendimiento, dado que este aún se encuentra en fase de implantación y licenciamiento ambiental. El foco analítico recae, por lo tanto, sobre la adherencia institucional y técnica del modelo de consorcio y sobre su potencial de efectividad como estrategia regional de gestión sostenible.
Este trabajo busca llenar ese vacío al ofrecer un análisis empírico y multidimensional de la capacidad de un consorcio público para estructurar soluciones sostenibles para la gestión de residuos sólidos urbanos. Su principal contribución consiste en demostrar que, si bien la gestión consorciada representa un avance institucional relevante, su efectividad depende de la integración entre gobernanza, inclusión social y viabilidad económico-financiera, no agotándose en la implantación de la infraestructura de disposición final. De esta forma, este trabajo tiene como objetivo analizar de qué manera la implantación del Vertedero Sanitario Consorciado del Valle del Río Manuel Alves contribuye a la efectividad de la gestión sostenible de residuos sólidos urbanos en los municipios integrantes del consorcio, localizado en el estado de Tocantins.
2. Material y Métodos
El presente estudio adoptó un diseño de investigación de estudio de caso aplicado, de naturaleza descriptivo-analítica. Este enfoque fue seleccionado para permitir un análisis en profundidad de la implantación del Vertedero Consorciado del Valle del Río Manuel Alves, ubicado en el estado de Tocantins, y su contribución a la gestión sostenible de residuos sólidos urbanos en los municipios integrantes del consorcio. La investigación se centró en la consistencia institucional y técnica del modelo y en su potencial de efectividad, sin medir resultados operacionales consolidados, dado que el emprendimiento se encontraba en fase de implantación y licenciamiento ambiental.
La base empírica de la investigación estuvo compuesta exclusivamente por datos secundarios y documentación técnico-institucional. Los documentos fueron producidos entre 2019 y 2024, período que abarca la estructuración del Consorcio Intermunicipal de Desarrollo Sostenible Vale do Rio Manuel Alves y la elaboración de los principales instrumentos normativos, técnicos y de planificación relacionados con la implantación del vertedero consorciado. Este recorte temporal permitió seguir la génesis del arreglo y sus bases regulatorias.
La selección documental observó tres criterios analíticos complementarios. En primer lugar, se consideró la relevancia normativa e institucional de los documentos para la gestión de residuos sólidos urbanos. En segundo lugar, se priorizó la vinculación directa de los documentos al proceso de constitución, planificación, licenciamiento o implantación del vertedero sanitario consorciado. Por último, se evaluó la confiabilidad técnica de las fuentes, con preferencia por documentos oficiales, estudios ambientales, instrumentos de planificación y bases públicas de datos.
Las fuentes analizadas incluyeron legislaciones federales y estatales, normas técnicas de la Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT), documentos de planificación e informes técnicos. Entre los documentos específicos, destacaron el Informe de Control Ambiental y Plan de Control Ambiental (RCA/PCA) del Vertedero Sanitario (2024) y el Plan Intermunicipal de Gestión Integrada de Residuos Sólidos (PIGIRS) (2019). También se consultaron datos oficiales y literatura académica sobre gobernanza ambiental y gestión consorciada.
Las legislaciones federales examinadas comprendieron la Ley nº 12.305/2010 (Política Nacional de Residuos Sólidos), el Decreto nº 7.404/2010, la Ley nº 14.026/2020 (Nuevo Marco Legal del Saneamiento), la Ley nº 11.445/2007 (Saneamiento Básico) y la Ley nº 9.605/1998 (Crímenes Ambientales). La Portaria MMA nº 280/2020, que instituye el Manifiesto de Transporte de Residuos (MTR) nacional, también fue utilizada. Datos demográficos y socioeconómicos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE, 2022) y estudios técnicos y diagnósticos regionales (2023-2024) complementaron la base documental.
Las normas técnicas de la ABNT, como la NBR 10.004:2004 (clasificación de residuos sólidos), NBR 13.895:1997 (pozos de monitoreo de aguas subterráneas) y NBR 13.896:1997 (rellenos de residuos no peligrosos), fueron consideradas para evaluar la conformidad técnica. Resoluciones del Consejo Estatal de Medio Ambiente de Tocantins (COEMA/TO) nº 07 y nº 08, de 2005, y la Resolución CONAMA nº 275, de 2001, sobre estandarización de colores para recolección selectiva, también integraron el corpus documental.
Los procedimientos de recolección y organización de los datos comprendieron tres etapas articuladas. La primera consistió en una revisión bibliográfica dirigida, con foco en gobernanza ambiental, consorcios públicos y gestión sostenible de residuos sólidos urbanos. La segunda etapa involucró el levantamiento documental, que incluyó actos constitutivos del consorcio, planes intermunicipales, estudios ambientales, normas aplicables y bases estadísticas oficiales.
La tercera etapa correspondió a la sistematización analítica de las evidencias, orientada por cuatro ejes de operacionalización de la efectividad. Estos ejes fueron: (i) adherencia normativa e institucional; (ii) consistencia técnico-operacional y ambiental; (iii) sostenibilidad económico-financiera; y (iv) gobernanza institucional y participación social. Estos ejes orientaron la lectura transversal del corpus documental y funcionaron como categorías de interpretación de la efectividad.
El plan de análisis se estructuró a partir de una matriz de cumplimiento legal e institucional, complementada por marcos analíticos temáticos. El objetivo fue identificar evidencias de adherencia, fragilidad, potencialidad y limitación del modelo consorciado. La interpretación se reforzó mediante la triangulación entre documentación normativa, estudios técnicos y literatura especializada, buscando conferir mayor densidad analítica al estudio y evitar una lectura meramente descriptiva del material examinado.
Como limitación metodológica, se destaca la ausencia de datos primarios y de indicadores operacionales consolidados. Esta limitación se derivó del hecho de que el emprendimiento aún se encuentra en fase de implantación y licenciamiento ambiental. Sin embargo, esta condición no imposibilitó el análisis propuesto, pues el objetivo del estudio fue examinar la consistencia institucional y técnica del modelo y su potencial de efectividad, y no medir el desempeño post-operación.
3. Resultados y Discusión
Los resultados preliminares de la investigación evidencian que la implantación del Vertedero Consorciado del Valle del Río Manuel Alves representa un esfuerzo significativo de reorganización regional de la gestión de residuos sólidos urbanos. Este emprendimiento está situado en un territorio caracterizado por baja densidad poblacional, dispersión municipal y limitaciones institucionales típicas de municipios de pequeño tamaño, lo que históricamente resultó en una disposición final fragmentada y ambientalmente inadecuada. El análisis indica que la contribución del modelo consorciado a la efectividad de la gestión sostenible no se restringe a la provisión de una infraestructura de disposición final ambientalmente adecuada, sino que reside en la combinación de un arreglo institucional robusto, planificación regional integrada, adherencia normativa y la capacidad de superar la lógica fragmentada que anteriormente caracterizaba la gestión de residuos en los municipios integrantes.
En este sentido, los hallazgos se organizaron y discutieron a partir de cinco dimensiones analíticas interdependientes: legal-institucional, ambiental, económico-operacional, gobernanza y participación, y social y salud pública. Esta estructura expositiva, que desarrolla los ejes metodológicos de operacionalización de la efectividad, permitió un análisis en profundidad del modelo consorciado. El enfoque adoptado reconoce que la sostenibilidad de la gestión de residuos depende de una articulación compleja entre infraestructura física, capacidad estatal, cooperación intermunicipal, financiación adecuada, participación social e inclusión, según lo preconizado por la literatura sobre gobernanza ambiental y gestión integrada de residuos (Ostrom, 2010; Wilson et al., 2015).
Dimensión legal-institucional
El análisis documental demostró que el arreglo consorciado está sólidamente apoyado en un conjunto coherente de marcos legales e instrumentos institucionales, confiriendo legitimidad a la propuesta de regionalización de la gestión de residuos sólidos urbanos. La formalización del consorcio, la existencia de una planificación intermunicipal y la vinculación del emprendimiento a las directrices de la Política Nacional de Residuos Sólidos (PNRS) y del Nuevo Marco Legal del Saneamiento indican que el modelo fue concebido en conformidad con la agenda contemporánea de superación de los vertederos y de organización regional de los servicios públicos, representando un avance inequívoco en la sustitución de la disposición inadecuada por una solución técnicamente controlada.
Sin embargo, la adhesión normativa identificada no debe interpretarse como sinónimo automático de efectividad plena. Aunque los documentos revelan conformidad formal con las exigencias legales en diversos puntos, también exponen lagunas en la integración entre la disposición final, el reciclaje, la inclusión social y la educación ambiental. Esto sugiere que, si bien la dimensión legal-institucional es robusta en el plano de la estructuración del modelo, su efectividad plena aún depende del desarrollo de políticas complementarias para alcanzar mayor coherencia con la noción ampliada de gestión integrada prevista en la legislación, que exige prevención, reciclaje e inclusión, además de la disposición final.
La presencia de un instrumento intermunicipal de planificación, como el Plan Intermunicipal de Gestión Integrada de Residuos Sólidos (PIGIRS), demuestra una articulación regional y adherencia al requisito de planificación estructurada, lo que refuerza la legitimidad institucional del consorcio y favorece la coordinación entre los municipios. Además, la referencia al uso del Manifiesto de Transporte de Residuos (MTR) y otros instrumentos de gestión amplía la trazabilidad y el control del flujo de residuos, fortaleciendo la gobernanza documental y la rendición de cuentas. Estas medidas son consistentes con prácticas modernas de control y gestión, aumentando la transparencia y la conformidad en la gestión de los residuos.
La estructuración consorciada de la solución de disposición final es compatible con la directriz de regionalización establecida por la Ley nº 14.026/2020, especialmente en contextos de baja capacidad individual de los municipios, lo que tiende a aumentar la escala y racionalizar costos. Sin embargo, la efectividad de esta regionalización depende de una gobernanza cooperativa continua. La documentación también vincula el emprendimiento al saneamiento básico, conforme a la Ley nº 11.445/2007 y sus actualizaciones, pero la universalización presupone estabilidad operacional y continuidad de la prestación, que aún no están plenamente consolidadas, manteniendo la adherencia más institucional que empírica.
El proyecto responde a la necesidad de interrumpir prácticas inadecuadas de disposición, como los vertederos, de acuerdo con la Ley nº 9.605/1998, pero la plena conformidad depende del cierre efectivo y la regularización de las áreas degradadas, bajo el riesgo de persistencia de pasivos y riesgos jurídicos. Finalmente, la documentación no evidencia un sistema regional consolidado de segregación y valorización de reciclables, lo que compromete la adherencia a la lógica de la gestión integrada y amplía la dependencia de la disposición final. Esto refuerza que el emprendimiento, aunque represente un avance sustancial, aún conlleva el desafío de migrar de una solución centrada en la disposición final a un modelo efectivamente integrado y sostenible.
Arreglo institucional y alcance territorial
La base empírica registra la creación del Consorcio Intermunicipal de Desarrollo Sostenible Vale do Rio Manuel Alves en 2019, con la finalidad de ejecutar actividades públicas de interés común relacionadas al saneamiento básico, a la disposición adecuada de residuos sólidos y a la mejora ambiental. Los municipios abarcados son Chapada da Natividade, Almas, Porto Alegre do Tocantins, Dianópolis, Novo Jardim, Rio da Conceição, Taipas do Tocantins y Conceição do Tocantins. La elaboración del Plan Intermunicipal de Gestión Integrada de Residuos Sólidos (PIGIRS) funciona como un instrumento estructurante de la actuación regional, garantizando un enfoque coordinado para los desafíos de la gestión de residuos.
Desde el punto de vista geográfico, los ocho municipios del consorcio se sitúan en la porción sureste del Estado de Tocantins, en una región caracterizada por baja densidad demográfica y relieve predominantemente de cerrado. En términos poblacionales, según estimaciones del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE, 2022), los municipios presentan los siguientes contingentes: Dianópolis, con 17.739 habitantes; Almas, con 6.499 habitantes; Chapada da Natividade, con 3.117 habitantes; Conceição do Tocantins, con 3.887 habitantes; Novo Jardim, con 2.600 habitantes; Porto Alegre do Tocantins, con 2.866 habitantes; Taipas do Tocantins, con 2.056 habitantes; y Rio da Conceição, con 1.895 habitantes. La población total atendida por el consorcio es de aproximadamente 40.127 habitantes.
Estos números evidencian la heterogeneidad de escala entre los municipios consorciados, con Dianópolis concentrando la mayor parte de la población regional. Esta distribución refuerza el argumento de que la regionalización de la gestión de residuos constituye una estrategia relevante para municipios de pequeño tamaño, que aisladamente tendrían baja capacidad para sostener infraestructura propia de disposición final. La constitución del consorcio, en este contexto, ya representa un indicio de fortalecimiento institucional, pues señala capacidad de coordinación horizontal, compartición de responsabilidades y construcción de una agenda regional común, en línea con las perspectivas de Abrucio y Sano (2013) sobre cooperación federativa.
Más que un dato institucional, esta amplitud territorial es analíticamente relevante porque demuestra el intento de superar la fragmentación de la gestión municipalizada de residuos en una región donde, aisladamente, los municipios tienden a presentar baja escala económica y capacidad técnica limitada. Al mismo tiempo, la amplitud territorial impone desafíos. La regionalización amplía la escala del servicio, pero también aumenta la complejidad de la coordinación administrativa, la logística de transporte y el mantenimiento de compromisos político-institucionales a lo largo del tiempo. Así, la amplitud del consorcio debe leerse simultáneamente como potencialidad y como factor de presión sobre la gobernanza del arreglo, exigiendo mecanismos robustos de gestión y cooperación continua.
Dimensión ambiental
Los documentos analizados indican que el emprendimiento fue dimensionado con base en estimaciones de generación de residuos sólidos urbanos para los municipios consorciados, considerando la población de referencia de 2022, totalizando 40.127 habitantes. La generación estimada es de aproximadamente 29,29 toneladas por día, con una media regional ponderada de 0,73 kg por habitante por día. Para fines de proyección de la vida útil, se adoptó como parámetro la mayor generación per cápita observada entre los municipios, asociada a Dianópolis, lo que sugiere una postura técnica conservadora en el dimensionamiento del sistema, visando garantizar su sostenibilidad a largo plazo.
La caracterización gravimétrica regional evidenció el predominio de la fracción orgánica, destacando restos de alimentos, además de la participación expresiva de materiales reciclables, como plásticos y papel/cartón. Este dato es particularmente relevante porque, si bien justifica la necesidad de infraestructura de disposición final ambientalmente adecuada, también evidencia el potencial aún no capturado de reducción, segregación y reciclaje. En otras palabras, la composición de los residuos refuerza tanto la necesidad del vertedero como la limitación de un modelo que permanezca excesivamente centrado en la destinación final, sin integrar plenamente la cadena de valorización.
La situación anterior a la implantación del emprendimiento se describía como de destino individualizado e irregular, con disposición en vertederos a cielo abierto, sin sistemas de control ambiental adecuados. Este diagnóstico es central para la interpretación de los resultados, ya que define el punto de partida a partir del cual la efectividad identificada se encuentra en etapa de construcción, aún no consolidada empíricamente. En términos comparativos, la sustitución de vertederos por un vertedero técnicamente estructurado constituye un avance sustantivo en la protección del suelo, de las aguas subterráneas, de la calidad del aire y de la salud pública, mitigando los riesgos asociados a la disposición inadecuada.
El emprendimiento fue diseñado en un área de aproximadamente 20 hectáreas, en zona rural de Porto Alegre do Tocantins, descrita como de baja interferencia sobre recursos hídricos y sin superposición con Áreas de Preservación Permanente (APPs) o unidades de conservación. La selección locacional demuestra preocupación previa con restricciones ambientales y viabilidad de licenciamiento. El horizonte operacional fue estimado hasta 2051, con vida útil de 27 años y previsión de cinco zanjas, además de estructuras operacionales y de tratamiento de efluentes. Para el tratamiento de lixiviados, se prevé una Estación de Tratamiento de Lixiviados (ETL) modular basada en lagunas de estabilización; para gases, sistemas de drenaje horizontales y verticales con flares individuales; y para monitoreo, cuatro pozos de aguas subterráneas, con campañas trimestrales.
La impermeabilización con geomembrana constituye un elemento esencial de control de percolación y protección del suelo y de las aguas subterráneas, siendo un punto de plena conformidad. Sin embargo, la robustez de este control depende de la calidad ejecutiva, el mantenimiento y la inspección continua. El sistema de tratamiento de lixiviados, aunque técnicamente coherente con la escala del emprendimiento, fue clasificado como parcialmente atendido, pues su eficacia dependerá del manejo operacional y del cumplimiento de los estándares ambientales, con riesgos de sobrecarga o fallas operacionales. De manera similar, el drenaje y manejo de gases, con drenos horizontales y verticales con flares, representa un avance, pero el sistema inicial sin extracción forzada indica un nivel intermedio de control, pudiendo haber limitación en la eficiencia del manejo de emisiones a lo largo de la operación.
El monitoreo ambiental periódico, realizado a través de pozos de monitoreo y campañas trimestrales, fortalece el control preventivo y la capacidad de detección de eventuales impactos, pero su efectividad depende de la continuidad institucional y la respuesta correctiva a desvíos. La vida útil proyectada de 27 años sugiere una planificación compatible con la estabilidad regional de la solución, aunque puede ser reducida si no hay control de entrada, segregación y gestión integrada. La sustitución de vertederos a cielo abierto representa un avance expresivo desde el punto de vista ambiental y sanitario, pero el beneficio integral depende del cierre efectivo y la recuperación de las áreas anteriormente degradadas.
Desde el punto de vista analítico, la dimensión ambiental es una de las más robustas del trabajo. La documentación evidencia que el emprendimiento fue concebido con base en parámetros técnicos compatibles con las exigencias de un vertedero sanitario regional, lo que indica un potencial real de mitigación de pasivos históricos asociados a los vertederos de basura. La existencia de sistemas de impermeabilización, tratamiento de lixiviados, drenaje de gases y monitoreo ambiental demuestra que el proyecto supera, en términos estructurales, la lógica de disposición precaria anteriormente predominante, alineándose con las directrices de Wilson et al. (2015) sobre la importancia de la disposición final ambientalmente adecuada.
Sin embargo, la robustez del diseño técnico no elimina los riesgos. Una parte relevante de los resultados ambientales esperados dependerá de la calidad de la implementación, del mantenimiento de los sistemas, de la regularidad del monitoreo y de la capacidad institucional de operación continuada. Así, el modelo se muestra técnicamente prometedor, pero su efectividad ambiental futura aún está condicionada a la transición entre proyecto, licenciamiento y operación estable. Esto significa que la ganancia más evidente, en esta etapa, es el potencial de ruptura con el escenario de degradación anterior, y no la comprobación empírica de desempeño ambiental consolidado, exigiendo vigilancia y gestión continua para garantizar la sostenibilidad a largo plazo.
Dimensión económico-operacional
Aunque la dimensión económico-operacional aparece de forma menos detallada en la documentación, existen evidencias suficientes para sustentar un análisis interpretativo sobre la viabilidad del modelo. Los datos de población atendida, generación regional de residuos, centralización de la disposición final y cobro de tasas asociadas a los servicios indican que el consorcio busca estructurar una solución basada en economía de escala, compartición de costos y racionalización de la inversión pública. La solución única para múltiples municipios, clasificada como “Atiende”, reduce la inviabilidad de soluciones aisladas en municipios pequeños, pero su beneficio depende de la permanencia de la cooperación y de la distribución equitativa de los costos.
En regiones de baja densidad poblacional, la viabilidad de vertederos municipalizados tiende a ser reducida, ya sea por el costo unitario elevado, ya sea por la incapacidad de cada municipio de mantener, aisladamente, infraestructura, operación técnica y control ambiental adecuados. En este contexto, la regionalización de la disposición final funciona como estrategia de compensación de fragilidades locales. La concentración del servicio en un único emprendimiento tiende a reducir redundancias estructurales, favorecer planificación integrada y ampliar la posibilidad de reparto de costos, lo que es un avance significativo en relación con la gestión fragmentada anterior.
La logística compartida, con la centralización regional de la disposición final, racionaliza la destinación, pero fue clasificada como “Cumple parcialmente” debido a la ampliación de la importancia de los costos de transporte y de la necesidad de rutas eficientes. Las distancias y la dispersión territorial pueden presionar los costos operativos, exigiendo una planificación logística robusta. Hay evidencia de intento de institucionalización del financiamiento por medio de tasas vinculadas a los servicios, lo que fortalece la capacidad de mantenimiento del sistema. Sin embargo, la ausencia de detalle financiero impide comprobar la suficiencia de la recaudación, clasificando la sostenibilidad financiera como “Cumple parcialmente”.
La planificación de la capacidad, con una vida útil de 27 años y proyecciones anuales, refuerza la previsibilidad operativa y fue clasificada como “Cumple”. Sin embargo, sin recolección selectiva y valorización de reciclables, la presión sobre la capacidad puede aumentar, comprometiendo la longevidad del vertedero. La estructura consorciada y la planificación integrada buscan evitar la multiplicación de pequeños vertederos y estructuras subdimensionadas, racionalizando los costos públicos. Esta medida fue clasificada como “Cumple”, pero la economía proyectada puede verse reducida por fallas de coordinación y costos logísticos elevados, resaltando la importancia de la gobernanza continua.
Desde la perspectiva de la efectividad, la dimensión económico-operacional sugiere que el modelo de consorcio es plausible e institucionalmente coherente con el contexto regional, incluso sin la presencia de datos financieros detallados. La principal ganancia identificada no es la demostración empírica de eficiencia económica ya realizada, sino la existencia de un arreglo diseñado para hacerla posible. En otras palabras, el consorcio parece crear condiciones estructurales más favorables para la sostenibilidad financiera que la gestión fragmentada anterior, aunque la comprobación de esta sostenibilidad dependa del seguimiento futuro de los costos reales de transporte, operación, prorrateo y mantenimiento, según lo discutido por Abrucio y Sano (2013).
Esta dimensión revela, por lo tanto, una efectividad potencial condicionada. Hay señales relevantes de racionalidad económica en el diseño institucional, pero también fragilidades inherentes a arreglos regionales en territorios extensos y poco densos. La centralización es, al mismo tiempo, solución y desafío: reduce la inviabilidad de las iniciativas aisladas, pero transfiere parte de la presión a la logística y a la estabilidad del financiamiento intermunicipal. La gestión de estos desafíos será crucial para la consolidación de la sostenibilidad económico-operacional del vertedero consorciado a largo plazo.
Dimensión gobernanza y participación
El análisis documental muestra que la gobernanza del modelo consorciado presenta un núcleo institucional relativamente consistente, sustentado por la formalización del consorcio, por la existencia del PIGIRS y por la articulación entre planificación regional e implantación de la infraestructura. Estos elementos indican capacidad de coordinación entre entes municipales y señalan que la gestión regionalizada no se está construyendo de modo improvisado, sino amparada en instrumentos formales de cooperación. La cooperación intermunicipal, formalizada por el consorcio público, demuestra capacidad de coordinación horizontal y compartición de responsabilidades, siendo clasificada como “Cumple”. Sin embargo, la cooperación necesita ser sustentada políticamente a largo plazo para garantizar su efectividad.
Aun así, la dimensión de gobernanza no se limita a la existencia de instituciones formales. Para que un consorcio produzca efectividad duradera, es necesario que sustente mecanismos de transparencia, participación, continuidad administrativa y control social, según la perspectiva de Ostrom (2010). En este aspecto, la documentación revela fragilidades importantes, sobre todo en el campo de la educación ambiental, la participación social continuada y la integración entre planificación institucional y compromiso de la población. La planificación regional, con la existencia del PIGIRS, fortalece la coherencia regional y ofrece una base para decisiones integradas, siendo clasificada como “Cumple”, pero el plan, por sí solo, no garantiza una implementación efectiva.
La articulación institucional entre consorcio, planificación y licenciamiento demuestra alineación entre instrumentos, pero la documentación no detalla integralmente rutinas permanentes de gobernanza, siendo clasificada como “Cumple parcialmente”, con riesgo de discontinuidad administrativa y operativa. La educación ambiental, con acciones puntuales y no continuas, fue clasificada como “No cumple plenamente”, pues la inexistencia de un programa continuo debilita la dimensión preventiva y participativa de la gestión, limitando el cambio de comportamiento y la adhesión social a la gestión integrada. La participación social y el control, con evidencias aún incipientes, fueron clasificados como “Cumple parcialmente”, pues no hay demostración robusta de instancias participativas permanentes y transparentes, lo que puede comprometer la legitimidad social y la rendición de cuentas del arreglo.
En términos analíticos, la principal fortaleza del modelo reside en la existencia de una gobernanza formal mínimamente estructurada, anclada en el consorcio, en el PIGIRS y en la articulación entre planificación y licenciamiento. Esta es la evidencia central. La evaluación derivada de esta evidencia, sin embargo, indica que la efectividad de la gobernanza permanece parcial, porque la robustez institucional no está acompañada, con la misma intensidad, por mecanismos continuos de transparencia, educación ambiental y participación social. La implicación analítica de este hallazgo es relevante: el arreglo consorciado demuestra capacidad de coordinación administrativa, pero aún no convierte plenamente esa capacidad en gobernanza socialmente densa y legitimada.
En síntesis, la gobernanza del modelo consorciado se revela más estructurada en el plano formal que en el plano relacional y participativo. Esta asimetría sugiere que la efectividad del arreglo, aunque institucionalmente viable, aún depende de la consolidación de mecanismos continuos de compromiso social y de institucionalización de prácticas de transparencia y control, sin los cuales la gobernanza tiende a permanecer predominantemente administrativa, y no propiamente colaborativa. Esta asimetría evidencia que la consolidación de la efectividad del modelo depende menos de la ampliación de su estructura formal y más de la institucionalización de prácticas continuas de compromiso, transparencia y corresponsabilidad social. En contextos de baja densidad poblacional, como el analizado, la gobernanza no puede limitarse a la coordinación administrativa, debiendo incorporar mecanismos que garanticen legitimidad social y sustentación política a largo plazo.
Dimensión social y salud pública
En la dimensión social, la evidencia más consistente es la potencial reducción de los riesgos sanitarios derivada de la sustitución de vertederos a cielo abierto por una estructura ambientalmente controlada, lo que fue clasificado como “Cumple”. Se trata de un resultado potencialmente significativo, ya que la disposición inadecuada de residuos suele estar asociada a la proliferación de vectores, la contaminación ambiental, la degradación paisajística y la ampliación de la vulnerabilidad social de las poblaciones del entorno. El cambio reduce la exposición a vectores, la contaminación y los pasivos sanitarios típicos de la disposición inadecuada, indicando un avance expresivo en relación con el escenario anterior y contribuyendo a la salud pública.
Por otro lado, la documentación indica que la inclusión de recolectores y la integración con la cadena de reciclaje aún no se encuentran estructuradas de forma robusta. La estructuración incipiente para la inclusión de recolectores fue clasificada como “No atiende plenamente”, ya que la ausencia de integración más clara con reciclaje e inclusión socioproductiva limita la dimensión social de la sostenibilidad. Esto revela que la transición propuesta es más consistente en la dimensión sanitario-ambiental que en la dimensión socioeconómica de la gestión sostenible, manteniendo fragilidad en la articulación entre gestión ambiental y justicia social.
La atención regional a múltiples municipios contribuye a la equidad territorial, ampliando el acceso a la disposición adecuada en municipios con baja capacidad individual. Esta medida fue clasificada como “Atiende parcialmente”, ya que la efectividad distributiva depende de la continuidad del servicio y del equilibrio entre los municipios. La ausencia de continuidad en la educación y cambio de comportamiento, con acciones puntuales, fue clasificada como “No atiende plenamente”, ya que la educación ambiental tiene bajo potencial de producir transformación estructural, lo que reduce la capacidad de prevención y segregación en el origen.
La lectura integrada de esta dimensión indica que el modelo consorciado produce importantes ganancias sociales indirectas, sobre todo al crear condiciones para la reducción de riesgos sanitarios regionales. Sin embargo, su contribución a la dimensión social de la sostenibilidad aún es parcial, porque permanece poco desarrollada en lo que se refiere a la inclusión de recolectores, a la valorización de los reciclables y a la promoción de justicia socioambiental. Esto refuerza la idea de que la efectividad del emprendimiento, aunque prometedora, es asimétrica entre las dimensiones analizadas, conforme al enfoque de ONU-Hábitat (2010) sobre gestión integrada y sostenible de residuos.
El análisis evidencia, por lo tanto, que la dimensión social de la gestión consorciada permanece como uno de los principales puntos de inflexión para la consolidación de la efectividad del modelo. La ausencia de mecanismos estructurados de inclusión socioproductiva y de valorización de residuos limita la capacidad del arreglo para avanzar hacia una lógica de Economía Circular, manteniéndolo más cercano a una solución sanitaria que a un sistema plenamente sostenible desde la perspectiva socioambiental. La transición hacia un sistema efectivamente sostenible exige la incorporación de estrategias de Economía Circular, capaces de articular la destinación adecuada, la valorización de residuos y la inclusión social de forma integrada.
Los resultados preliminares muestran que el modelo consorciado analizado posee un potencial consistente de contribuir a la efectividad de la gestión sostenible de residuos sólidos urbanos, principalmente por cuatro razones: (i) estructura un arreglo institucional regionalizado en un contexto de baja capacidad municipal; (ii) presenta una adherencia relevante a los principales hitos legales aplicables; (iii) proyecta una infraestructura técnicamente compatible con la superación del escenario de vertederos; y (iv) crea condiciones más favorables a la racionalización de costos y a la planificación a largo plazo. Estos hallazgos confirman la literatura que asocia arreglos cooperativos intermunicipales al fortalecimiento de la capacidad estatal en contextos de restricción institucional y económica (Abrucio y Sano, 2013; Ostrom, 2010).
Al mismo tiempo, el análisis evidencia que la efectividad identificada es, en esta etapa, predominantemente potencial y no aún empíricamente comprobada en términos operacionales. La lectura integrada de las cinco dimensiones, orientada por los cuatro ejes metodológicos adoptados, muestra un modelo más robusto en las dimensiones legal-institucional y ambiental, intermedio en la dimensión económico-operacional y más frágil en las dimensiones de gobernanza participativa y social. El principal hallazgo del estudio, por lo tanto, no es solo que el consorcio representa un avance, sino que este avance posee una densidad desigual entre los componentes de la gestión sostenible: rompe con la precariedad de la destinación inadecuada, pero aún depende del fortalecimiento de instrumentos participativos, sociales y económico-financieros para consolidarse como una experiencia plena de efectividad.
4. Conclusión
El estudio analizó de qué manera la implementación del Vertedero Consorciado del Valle del Río Manuel Alves contribuye a la efectividad de la gestión sostenible de residuos sólidos urbanos en los municipios integrantes del consorcio, ubicado en Tocantins. Se verificó que el modelo consorciado representó un avance significativo en la conformidad legal y en la organización regional de la gestión de RSU. Se identificó una sólida adherencia a los marcos legales vigentes, con formalización institucional y planificación integrada, y una concepción técnica del vertedero sanitario que atiende a los requisitos ambientales. Se observó que esta estructuración regionalizada crea condiciones favorables para la superación de la disposición inadecuada de residuos, mitigando pasivos ambientales históricos y promoviendo la racionalización de costos y la planificación a largo plazo en un contexto de baja capacidad municipal. La principal contribución reside en la demostración de que los arreglos cooperativos intermunicipales son instrumentos eficaces para fortalecer la capacidad estatal y viabilizar soluciones ambientalmente adecuadas en regiones con limitaciones estructurales.
Sin embargo, la efectividad de la gestión sostenible se reveló predominantemente potencial, no habiendo sido aún comprobada empíricamente en términos operativos, dado que el emprendimiento se encuentra en fase de implantación y licenciamiento, y el análisis se basó en datos secundarios. Se identificaron limitaciones importantes en las dimensiones de gobernanza participativa y social, especialmente en la fragilidad de las acciones de educación ambiental, en la incipiente integración con la recolección selectiva y en la inclusión socioproductiva de recolectores. La sostenibilidad económico-financiera, aunque plausible, carece de datos consolidados para una evaluación completa. Se sugiere que la consolidación plena de la efectividad del modelo consorciado dependerá del fortalecimiento continuo de políticas complementarias de gobernanza, participación social y viabilidad económica a largo plazo, además de la incorporación de estrategias de economía circular. Estudios futuros podrían acompañar los resultados operativos y los impactos sociales y económicos tras la entrada en funcionamiento del vertedero.
Referencias Bibliográficas
ABRUCIO, Fernando Luiz; SANO, Hironobu. Governança e gestão pública: desafios contemporâneos e propostas de agenda de pesquisa. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 47, n. 6, p. 1547-1564, 2013. DOI: https://doi.org/10.1590/S0034-76122013000600010.
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA). Resolução n° 275, de 25 de abril de 2001. Dispõe sobre a padronização de cores para os diferentes tipos de resíduos na coleta seletiva. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 19 jun. 2001.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Estimativas populacionais dos municípios brasileiros. Rio de Janeiro: IBGE, 2022. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/. Acesso em: 12 out. 2025.
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WILSON, David C.; RODIC, Ljiljana; SVIATSKY, Anne; WHITEMAN, Andrew; VILLALOBOS, P. Global waste management outlook. Nairobi: UNEP, 2015. Disponível em: https://www.unep.org/resources/report/global-waste-management-outlook. Acesso em: 12 out. 2025.
Artículo originado del Trabajo de Conclusión de Curso de la Especialización en Compliance y ESG del MBA USP/Esalq
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