19 de octubre de 2026
Dificultad financiera de las micro y pequeñas empresas brasileñas y el escenario macroeconómico: panorama 2014-2024
Dificultad Financiera de las Micro y Pequeñas Empresas Brasileñas y el Escenario Macroeconómico: Panorama 2014-2024
Thauany Silva de Barros; João Paulo Eça
DOI: 10.22167/2675-6528-202603514
Artículo derivado del Trabajo de Conclusión de Curso (TCC), con contenido basado en el trabajo original del alumno y adaptado al formato editorial de la Revista E&S con el apoyo de la herramienta ResumeAI, solución de inteligencia artificial desarrollada por el Instituto Pecege para síntesis y organización textual.
Resumen
Se analizó el comportamiento de los indicadores relacionados con la morosidad de pago, la recuperación judicial y la quiebra de las Micro y Pequeñas Empresas (MPEs) en Brasil durante el período comprendido entre 2014 y 2024, buscando identificar los principales factores económicos asociados a estos índices. El problema central de la investigación residió en la vulnerabilidad de este segmento ante las oscilaciones macroeconómicas, que actúan como uno de los principales vectores de insolvencia en el país. A través de un enfoque cuantitativo-descriptivo, de carácter documental, fundamentado en datos de Serasa Experian y en los preceptos de la Controladoria Financeira, la investigación mapeó la trayectoria de la morosidad de pago, de las recuperaciones judiciales y de las quiebras. Los resultados sugirieron una relación consistente entre el mantenimiento de tasas de interés elevadas y el estrechamiento del capital de giro de las MPEs. El año 2024 reveló un hito crítico, presentando un récord histórico de 1.676 solicitudes de recuperación judicial, evidenciando que la reestructuración judicial se ha convertido en la última salvaguarda contra la discontinuidad de las actividades. Se concluyó que las variaciones de los indicadores de dificultad financiera de las MPEs presentaron asociación con las condiciones macroeconómicas observadas en el período, especialmente en contextos de tasas de interés elevadas y mayor restricción al crédito. Los resultados refuerzan la importancia de controles internos rigurosos y de políticas de crédito que contribuyan a la sostenibilidad financiera del sector.
Palabras clave: flujo de caja; Morosidad de pago; Insolvencia; Recuperación judicial; Selic.
1. Introducción
Las Micro y Pequeñas Empresas (MPEs) constituyen la base de la economía brasileña. Según el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (SEBRAE, 2026), representan el 97% de los negocios activos en el país, sumando 21,7 millones de emprendimientos y contribuyendo con el 26,5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Además de su relevancia económica, las MPEs desempeñan un papel social crucial, generando empleos, incentivando el emprendimiento y dinamizando la economía local. Sin embargo, este segmento es particularmente vulnerable a las inestabilidades económicas, las fluctuaciones en los costos de crédito y los períodos de retracción de la demanda.
En los últimos años, el escenario macroeconómico brasileño ha impuesto diversos desafíos a las MPEs. Las variaciones en las tasas de interés, en la inflación y en el consumo interno están intrínsecamente ligadas a las condiciones de liquidez y de capital de trabajo de estas organizaciones. Adicionalmente, las restricciones en el acceso al crédito y los elevados niveles de endeudamiento pueden tornar la gestión financiera aún más compleja y precaria.
Uno de los indicadores más relevantes en este contexto es la morosidad de pago empresarial. Según datos de Serasa Experian (2026), el número de micro y pequeñas empresas morosas alcanzó, en 2024, el mayor nivel observado en el período analizado. La dificultad para honrar compromisos financieros señala un deterioro del flujo de caja e insuficiencia de capital de giro, comprometiendo la continuidad de las operaciones. Conforme Assaf Neto (2020), la liquidez debe ser el foco de la gestión financiera de corto plazo, y la falta de capital circulante genera vulnerabilidad a las empresas.
En situaciones de dificultades financieras más acentuadas, las empresas pueden recurrir a la recuperación judicial como instrumento de reestructuración de sus deudas y preservación de las actividades. Coelho (2011) destaca que el instituto de la recuperación judicial tiene como objetivo dar a las empresas en crisis la oportunidad de reorganizar sus finanzas para evitar la bancarrota. La Ley nº 11.101/2005 establece como objetivo central permitir que la organización supere la crisis económico-financiera, manteniendo la producción y los empleos. Sin embargo, para las MPEs, la limitación de recursos y la estructura de gestión pueden hacer este proceso aún más desafiador.
En los casos más críticos, cuando el endeudamiento se vuelve insostenible y las alternativas de reestructuración se agotan, ocurre la bancarrota, que representa la extinción definitiva de las actividades de la empresa. Coelho (2021) explica que la bancarrota es un procedimiento de ejecución colectiva para la liquidación del patrimonio del deudor cuando la continuidad del emprendimiento no es viable. Assaf Neto (2020) observa que la incapacidad de generar flujo de caja operativo suficiente para honrar compromisos financieros, especialmente en ciclos de crédito escaso, convierte la insolvencia en un camino inevitable para muchas organizaciones de pequeño tamaño. De este modo, la morosidad de pago, la recuperación judicial y la bancarrota configuran un ciclo que, en diferentes intensidades, indica el grado de vulnerabilidad y los desafíos de supervivencia de este segmento, particularmente en períodos de inestabilidad económica (Vasconcellos y Garcia, 2014).
La supervivencia de las pequeñas empresas no solo depende de la rentabilidad, sino también de la capacidad de gestión de recursos financieros frente a los cambios económicos (Chiavenato, 2007). En este contexto, analizar los indicadores relacionados con la salud financiera de las micro y pequeñas empresas brasileñas es crucial para ampliar la comprensión sobre las dificultades que enfrenta este segmento y su evolución en diferentes escenarios económicos. La vulnerabilidad de las MPE ante las oscilaciones macroeconómicas, que actúan como vectores de insolvencia, justifica la necesidad de un estudio en profundidad para fundamentar políticas de apoyo y prácticas de gestión financiera más eficaces.
Por lo tanto, el objetivo de este estudio es analizar indicadores relacionados con la morosidad de pago, la recuperación judicial y la quiebra de las micro y pequeñas empresas brasileñas en el período de 2014 a 2024, buscando identificar e interpretar posibles asociaciones entre estos indicadores y factores económicos observados en el período.
2. Material y Métodos
La presente investigación adoptó un enfoque cuantitativo-descriptivo, de carácter documental, para investigar la dificultad financiera de las Micro y Pequeñas Empresas (MPEs) brasileñas. El estudio se insertó en el área de Finanzas y Control de Gestión, con el propósito de analizar e interpretar información secundaria obtenida en bases de datos oficiales. El objetivo fue comprender el comportamiento de indicadores de morosidad de pago, recuperación judicial y quiebra, así como sus posibles asociaciones con variables macroeconómicas en el período de 2014 a 2024.
La elección metodológica se basó en la posibilidad de analizar fenómenos económicos a partir de datos ya existentes, sin la aplicación de procedimientos estadísticos o experimentales. La investigación descriptiva tuvo como objetivo observar e interpretar hechos y tendencias, mientras que el carácter documental se justificó por el uso de informes institucionales y publicaciones de órganos de reconocida credibilidad, según la conceptualización de Gil (2019).
La recolección de datos se realizó a través de documentos, utilizando información consistente y reconocida de fuentes oficiales. Las principales fuentes de datos incluyeron el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (SEBRAE), Serasa Experian, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) y el Banco Central de Brasil. La unidad de análisis fueron las MPEs brasileñas, y el recorte temporal para la recolección y análisis de los datos fue de 2014 a 2024.
El estudio abarcó dos categorías principales de variables: indicadores de fragilidad financiera de las MPEs y factores macroeconómicos. Los indicadores de fragilidad incluyeron impago, recuperación judicial y quiebra. El impago se definió como el retraso en el cumplimiento de obligaciones financieras (Assaf Neto, 2020), con datos de Serasa Experian.
El concurso de acreedores fue entendido como un recurso que permite a las empresas con problemas financieros reestructurar sus deudas y operaciones bajo supervisión judicial (Chiavenato, 2007; Vasconcellos y Garcia, 2014). Los datos sobre solicitudes de concurso de acreedores también se obtuvieron de Serasa Experian. La bancarrota, definida como el cierre definitivo de las actividades comerciales (Gitman, 2010; Dornelas, 2018), tuvo su información igualmente recopilada de Serasa Experian.
Entre los factores macroeconómicos, la inflación, medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio (IPCA), fue monitoreada por series históricas del IBGE. La variación del IPCA fue considerada por su impacto en los costos y en la capacidad de pago de las empresas (Vasconcellos y Garcia, 2014).
Las series históricas del Banco Central de Brasil fueron empleadas para el análisis de la tasa Selic, la tasa básica de interés de la economía. El comportamiento de la Selic fue analizado por su papel en el costo del crédito, influyendo en otras tasas de interés y en las condiciones de capital de trabajo y acceso al crédito de las empresas (Assaf Neto, 2020; Vasconcellos y Garcia, 2014).
Adicionalmente, se consideraron las condiciones generales de acceso al crédito, identificando posibles dificultades que enfrentan las MPEs, como exigencias de garantías, historial de incumplimiento y restricciones impuestas por las instituciones financieras. Estos elementos se utilizaron como soporte para la interpretación de los indicadores financieros, basándose en la literatura consultada.
El análisis de los datos fue cuantitativo-descriptivo y asumió un carácter interpretativo. El proceso implicó la identificación de patrones, asociaciones y tendencias entre el escenario macroeconómico y los desafíos financieros que enfrentan las MPEs. No se aplicaron pruebas estadísticas, por lo que las asociaciones observadas no permiten establecer relaciones de causa y efecto entre las variables analizadas. La interpretación de los resultados se complementó con la literatura de Finanzas y Controloría, utilizada como soporte para la discusión de los patrones observados.
3. Resultados y Discusión
La comprensión de los datos recopilados en esta investigación presupone un análisis integrado de las oscilaciones de la economía brasileña y de los indicadores de dificultad financiera de las Micro y Pequeñas Empresas (MPEs). Esta sección detalla cómo las variaciones en la inflación y los sucesivos ajustes en la Tasa Selic, en el período de 2014 a 2024, se comportaron en relación con los indicadores de solvencia analizados. La propuesta es presentar una trayectoria que se inicia en el escenario macroeconómico y observa su evolución junto con indicadores como la morosidad, las recuperaciones judiciales y las quiebras, permitiendo entender las posibles asociaciones entre el ambiente económico y la salud financiera de estos pequeños negocios.
Evolución del ambiente macroeconómico brasileño (2014–2024)
Para comprender los desafíos de supervivencia de las Micro y Pequeñas Empresas en la última década, es fundamental analizar el escenario económico en el que están insertas. Variables como el costo del dinero y el poder adquisitivo de los consumidores son influenciadas por factores que escapan al control directo del emprendedor. Se observó el comportamiento de la inflación, medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio (IPCA), y de la tasa básica de interés, la Selic, entre 2014 y 2024, revelando sucesivos ciclos de inestabilidad que moldearon el ambiente económico enfrentado por el sector en Brasil.
El análisis de los datos macroeconómicos reveló una relación temporal entre la evolución de los precios y las decisiones de política monetaria. En momentos de crisis más acentuada, como el bienio de 2015 y el período pospandemia entre 2021 y 2022, la Tasa Selic se empleó como un riguroso mecanismo de control, elevándose a niveles superiores al 13% anual en el intento de contener el avance del IPCA. Para el micro y pequeño empresario, este escenario resultó en condiciones de crédito más onerosas, impactando directamente la capacidad de inversión y la liquidez de las empresas.
Los datos históricos del Banco Central de Brasil (2025) confirman esta presión financiera. Mientras que la Selic promedio en 2022 se situó en 12,40%, las tasas promedio de mercado para modalidades esenciales, como el Capital de Giro PJ, alcanzaron niveles del 22,80% anual, llegando a superar el 35% en líneas de Cuenta Garantida. Esta elevación del costo del crédito compromete la liquidez de las empresas, ya que el capital de giro se vuelve más caro, pudiendo reducir los márgenes de contribución y limitar la capacidad de reinversión, según los fundamentos de Assaf Neto (2020).
El escenario de 2024 ilustra la persistencia de este desafío, ya que, incluso con la inflación mostrando signos de tregua y estabilizándose en 4,50%, la Selic se mantuvo en un nivel restrictivo del 12,15%. En la práctica, el mantenimiento de esta tasa básica elevada coincidió con costos de crédito para las MPEs en promedios superiores al 23% anual, según el Banco Central de Brasil (2025). Este contexto configura un escenario de mayor costo financiero y potenciales restricciones al flujo de caja operativo, lo que impacta directamente la solvencia de las pequeñas organizaciones.
Morosidad de pago de las micro y pequeñas empresas
El comportamiento de la morosidad de pago de las MPEs entre 2014 y 2024 no fue lineal, con picos que coincidieron con los ciclos de ajuste monetario. Al inicio de la serie, en 2016, Brasil enfrentaba una recesión y la Selic se encontraba en un nivel elevado del 14,15%, lo que se asoció a un número expresivo de empresas con cuentas atrasadas. Tras un período de relativa estabilidad y caída de los intereses entre 2017 y 2019, el escenario fue drásticamente alterado por la pandemia de COVID-19, que trajo nuevos desafíos económicos.
En los años posteriores a la pandemia, se observó una escalada inflacionaria en 2021 y el retorno de los tipos de interés elevados en 2022, alcanzando el 13,65%. Concomitantemente, la morosidad de pago volvió a crecer, alcanzando su mayor nivel de la serie analizada en 2024. El volumen de empresas en situación de morosidad de pago saltó de aproximadamente 4,7 millones en 2016 a más de 6,5 millones en 2024, según datos de Serasa Experian (2025), evidenciando la creciente dificultad de las MPEs para honrar sus compromisos financieros.
Sin embargo, el bienio 2020-2021 presentó una retracción puntual en la morosidad de pago, período que coincidió con la implementación de la Ley nº 13.999/2020, que instituyó el Programa Nacional de Apoyo a las Microempresas y Empresas de Pequeño Porte (PRONAMPE). Este mecanismo de política pública inyectó más de 37 mil millones de reales en el segmento de MPEs en su fase inicial, ofreciendo tasas de interés subsidiadas (Selic + 1,25%) y un período de gracia de hasta ocho meses, con garantía del 100% por el Fondo Garantizador de Operaciones (FGO).
Según los indicadores del SEBRAE (2021), este apoyo gubernamental elevó artificialmente los índices de liquidez de las empresas y amplió el acceso a recursos financieros para las MPEs durante el período. Aunque no es posible atribuir directamente al PRONAMP la reducción de la morosidad de pago observada en 2020 y 2021, la coincidencia temporal entre el programa y la retracción del indicador constituye un elemento relevante para la interpretación de los datos. Tras el cierre de los períodos de gracia y el nuevo ciclo de elevación de la Tasa Selic a partir de 2022, los indicadores de morosidad de pago volvieron a elevarse.
A partir de 2022, la morosidad de pago se elevó en un contexto de inflación y tasas de interés en niveles elevados, culminando en el mayor volumen de MPEs morosas de pago de la serie en 2024. Según la teoría de Gitman (2010), el aumento de las tasas de interés eleva el punto de equilibrio financiero de las empresas, haciéndolas más vulnerables a variaciones en la facturación y dificultando la amortización de deudas de corto plazo. Los datos presentados parecen señalar que el costo del capital de trabajo puede configurarse como un factor relevante para la solvencia de las pequeñas organizaciones, que habitualmente disponen de menores reservas de contingencia.
Esta perspectiva sugiere que las MPEs están más expuestas a los riesgos de discontinuidad al enfrentar períodos prolongados de tipos de interés elevados, según lo discutido por la literatura. Este comportamiento es consistente con Neves, Cruz y Locatelli (2024), quienes identificaron la restricción al crédito y la elevación de la tasa Selic como factores críticos para la supervivencia de las micro y pequeñas empresas. Schio y Sampaio (2022) también señalan que las empresas con baja liquidez y alto endeudamiento presentan una mayor probabilidad de enfrentar dificultades financieras, lo que ofrece soporte teórico para la asociación observada en esta investigación.
El análisis de la morosidad de pago por sector económico, con datos de diciembre de cada año entre 2016 y 2024, revela una dinámica relevante en el perfil del endeudamiento de las pequeñas empresas. El sector de Servicios presentó la expansión más vigorosa de la serie, superando al Comercio en volumen absoluto de ocurrencias a partir de diciembre de 2018. Mientras el Comercio demostró oscilaciones y una estabilización relativa después de 2019, el segmento de Servicios mantuvo una trayectoria de ascenso consistente, alcanzando el ápice en diciembre de 2024.
Esta trayectoria sugiere que el sector de servicios puede presentar una vulnerabilidad distinta al ciclo económico actual. Se puede suponer que la estructura operativa de este segmento, que frecuentemente demanda un flujo constante de capital de giro para el costo de nómina y servicios de terceros, encuentre mayores dificultades de solvencia ante el mantenimiento de tasas de interés elevadas. En contrapartida, la variación más moderada observada en el sector industrial podría indicar una estructura de capital menos dependiente de líneas de crédito de corto plazo para su subsistencia operacional inmediata.
Esta dinámica sectorial, marcada por la acentuada vulnerabilidad del segmento de servicios, encuentra respaldo en el estudio de Neves, Cruz y Locatelli (2024). Los autores sostienen que factores como el acceso al crédito y la gestión eficiente del capital de giro son pilares determinantes para la supervivencia de las MPEs en Brasil. En el caso específico del sector de servicios, la alta dependencia de capital para el coste operativo y la baja tangibilidad de activos potencian el riesgo de morosidad de pago, dado que el aumento del coste de la deuda, impulsado por la Selic, asfixia el flujo de caja de forma más célere que en sectores con mayor base de activos fijos.
Recuperación judicial como mecanismo de reorganización financiera
La Recuperación Judicial (RJ) es un instrumento de preservación de la empresa, de su función social y de estímulo a la actividad económica. La Ley nº 11.101/2005 establece como objetivo central permitir que la organización supere la crisis económico-financiera, manteniendo la producción y los empleos. Desde la perspectiva de Coelho (2011), el proceso consiste en una moratoria forzada que concede un respiro a la caja de la empresa para que presente un plan de viabilidad a los acreedores, buscando evitar la bancarrota.
En el contexto de las MIPYMES, la activación de este mecanismo puede señalar una etapa más acentuada de dificultad financiera. Así, el volumen de solicitudes de recuperación judicial funciona como un indicador del nivel de estrés financiero observado en el sector y puede ser analizado junto con las oscilaciones del escenario económico. La trayectoria de este indicador revela dos momentos en que el nivel de estrés financiero alcanzó niveles críticos para los pequeños negocios, con un primer gran pico de alerta registrado en 2016, con 1.134 solicitudes requeridas.
Tras un período de relativa contracción, los datos de 2024 presentaron un escenario sin precedentes en la historia reciente, alcanzando el récord absoluto de 1.676 solicitudes de recuperación judicial. Este crecimiento evidencia un aumento expresivo en la demanda de este instrumento por parte de las MPEs en el período. El análisis de los datos revela que el año 2024 se consolidó como un hito crítico de insolvencia, con las MPEs alcanzando el récord de 1.676 solicitudes de recuperación judicial, de las cuales 1.388 fueron concedidas.
Este crecimiento de aproximadamente 217% en relación con 2022, año en que se registraron 528 solicitudes, sugiere una posible asociación entre el impacto acumulativo de las altas tasas de interés y el deterioro de la salud financiera de este segmento a lo largo del tiempo. Desde el punto de vista de la Contraloría, este salto puede interpretarse como un reflejo de la asfixia financiera derivada del mantenimiento de la Tasa Selic en niveles restrictivos. Según los preceptos de Gitman (2010), el aumento sistemático del costo de capital eleva el riesgo financiero de la operación y reduce el margen de seguridad de las empresas al elevar su punto de equilibrio.
En la práctica, cuando la generación de caja operativa se vuelve insuficiente para cubrir el servicio de la deuda y sostener el capital de trabajo, la protección judicial puede presentarse como una alternativa para mitigar el riesgo de quiebra definitiva. Este movimiento acompaña tendencias señaladas por Schio y Sampaio (2022), quienes demostraron que empresas con baja liquidez y alto endeudamiento tienen mayor probabilidad de recurrir a la recuperación judicial como estrategia de supervivencia. De forma complementaria, Neves, Cruz y Locatelli (2024) destacan que la restricción al crédito y el elevado costo del capital, intensificados por altas tasas de interés, son factores que presionan la salud financiera de las MPEs, lo que ayuda a explicar el récord de solicitudes observado en 2024.
La alta tasa de aplazamiento observada en el último año sugiere que, si bien el Poder Judicial reconoce la viabilidad potencial de estas organizaciones, la magnitud de la crisis de solvencia afecta con mayor intensidad al segmento de pequeñas empresas. A diferencia de las grandes corporaciones, las MPEs tienen menor poder de negociación con las instituciones financieras y acceso limitado a los mercados de capitales. En este escenario de crédito oneroso y escaso, la Recuperación Judicial se consolida como un mecanismo de supervivencia indispensable ante las presiones macroeconómicas vigentes.
La segregación sectorial de las solicitudes de Recuperación Judicial en Brasil, considerando el mercado total, revela que el récord de solicitudes en 2024 no fue un fenómeno aislado, sino transversal a los sectores productivos. El sector de Servicios mantuvo el liderazgo histórico en requerimientos, alcanzando el ápice de 928 solicitudes en 2024. Sin embargo, un punto de destaque reside en el sector Primario, que presentó un crecimiento exponencial, saltando de 70 solicitudes requeridas en 2022 a 423 en 2024.
Se puede suponer que esta marcada elevación en el sector de servicios y en el agronegocio (sector primario) esté vinculada a la alta sensibilidad de estas actividades al costo del capital de trabajo. En el caso de los servicios, la presión sobre la nómina y los costos operativos fijos, aliada a intereses restrictivos, sugiere una reducción drástica del margen de seguridad financiera. Por su parte, la estabilidad relativa del sector industrial, aunque presenta un alza en 2024, podría indicar una estructura de capital con mayor madurez en comparación con los demás segmentos, si bien también sucumbió al escenario de crédito oneroso en el último período.
Quiebras y discontinuidad de las actividades
A diferencia de la recuperación judicial, que tiene como objetivo la preservación del negocio, la bancarrota se caracteriza por ser la etapa irreversible de la insolvencia. Según enseña Coelho (2021), la bancarrota es el proceso de liquidación instaurado cuando la empresa ya no tiene viabilidad económica, quedando al sistema jurídico organizar la venta de los activos para mitigar las pérdidas de los acreedores. Desde la perspectiva de la Ley nº 11.101/2005, el proceso de bancarrota busca apartar al deudor de sus actividades para preservar los bienes y valores de la empresa, con el objetivo de una ejecución colectiva eficiente.
En el ámbito de las Micro y Pequeñas Empresas (MPEs), el cierre de actividades es, en última instancia, el desenlace de un proceso continuo de erosión del capital de trabajo. Como observa Assaf Neto (2020), la incapacidad de generar flujo de caja operativo suficiente para honrar compromisos financieros, especialmente en ciclos de crédito escaso, convierte la insolvencia en un camino inevitable para muchas organizaciones de pequeño tamaño. La trayectoria histórica de las quiebras solicitadas por el segmento de MPEs evidencia un patrón que parece reflejar los ciclos de inestabilidad de la economía brasileña.
La observación de los datos apunta a que el mayor volumen de quiebras solicitadas se concentró en el bienio 2015-2016, alcanzando el pico de 994 solicitudes en 2016, período en el que la Tasa Selic se mantuvo prolongadamente en 14,25%. Tras esta fase de crisis aguda, se observó una tendencia de retracción en las solicitudes. En 2024, los registros indicaron 578 quiebras solicitadas y 598 decretadas, manteniendo un nivel de relativa estabilidad en comparación con los años inmediatamente anteriores a la pandemia, lo que sugiere una acomodación tras el pico de la crisis.
El patrón observado en esta serie dialoga con la literatura reciente sobre mortalidad de las MPEs. En un análisis de alcance nacional, Silva, Rodrigues y Sena (2024) señalan que fallas en la gestión del capital de trabajo, asociadas a la presión del costo financiero, figuran entre los vectores recurrentes de quiebra, sobre todo en los sectores de servicios y comercio, que dependen intensamente de la liquidez para el costo operativo. En paralelo, evidencias de supervivencia empresarial sugieren que, en entornos de crédito caro y restringido, la resiliencia de las MPEs disminuye, aumentando la probabilidad de discontinuidad cuando la liquidez no se recompone con rapidez.
Un punto de análisis fundamental desde la óptica de la Controloría reside en la comparación entre el volumen de quiebras y el de recuperaciones judiciales. Mientras que las recuperaciones judiciales presentaron un crecimiento exponencial en 2024, alcanzando 1.676 solicitudes, las quiebras se mantuvieron en niveles estables. Esta divergencia sugiere que el microemprendedor ha priorizado la vía judicial como instrumento estratégico de preservación del negocio antes de sucumbir al cierre definitivo. Sin embargo, el elevado número de quiebras decretadas en 2024, superando los nuevos requerimientos del mismo año, señala un represamiento de procesos y la confirmación de la insolvencia de organizaciones que no soportaron la carga del servicio de la deuda.
La priorización de la recuperación judicial en detrimento de la solicitud de bancarrota parece coherente con la evidencia empírica: en contextos de alto costo de capital y acceso restringido al crédito, las empresas financieramente frágiles tienden a posponer la liquidación y pueden buscar una reestructuración formal como intento de preservar caja y renegociar plazos. Este patrón puede manifestarse con mayor intensidad en servicios y comercio, dada la mayor dependencia de capital de trabajo y la sensibilidad a los intereses, según sugiere la literatura reciente. Cuando la liquidez no se recompone, la discontinuidad tiende a reaparecer, lo que ayuda a interpretar por qué, a pesar del avance de las recuperaciones judiciales, el número de bancarrotas decretadas sigue siendo relevante al final de la serie analizada.
Según postula Assaf Neto (2020), la discontinuidad empresarial es el resultado de la incapacidad de la gestión para revertir el flujo de caja negativo y la erosión del capital propio. Cuando el costo de la deuda, impulsado por una política monetaria restrictiva, supera sistemáticamente el retorno sobre el capital invertido (ROIC), la organización entra en un proceso de insolvencia irreversible. Para las MPEs, cuyas reservas de contingencia son limitadas, la persistencia de intereses a dos dígitos puede representar un factor relevante para el aumento del riesgo de cese de actividades. La segregación sectorial de los datos de quiebras solicitadas y decretadas en Brasil, considerando el mercado total, revela un cambio estructural en la insolvencia brasileña.
Se observó que el sector industrial presentaba el mayor volumen de quiebras solicitadas al inicio de la serie (2014), sin embargo, a lo largo de los años, el sector de Servicios pasó a liderar el cuadro de quiebras decretadas, alcanzando 342 sentencias favorables en 2024. Este escenario sugiere que el sector de servicios, por su naturaleza operativa y dependencia de rotación, puede encontrar mayores obstáculos para revertir crisis de liquidez. Por otro lado, la reducción en las solicitudes de la Industria podría indicar una mayor eficacia de mecanismos preventivos o una consolidación del sector, que se muestra menos vulnerable a choques de liquidez.
Integración de los indicadores y factores de análisis
La comprensión de la crisis financiera en las Micro y Pequeñas Empresas (MPEs) exige una visión sistémica que relacione variables macroeconómicas con indicadores de insolvencia. Consideradas en conjunto, las series de la Tasa Selic y los registros de morosidad de pago, recuperaciones judiciales y quiebras sugieren un vínculo entre el endurecimiento monetario, el costo del capital y el estrés de caja en las MPEs. Este movimiento es coherente con evidencias de que la restricción de crédito y los intereses elevados reducen la resiliencia de estos negocios, como discuten Neves, Cruz y Locatelli (2024) y Schio y Sampaio (2022).
A la luz de la literatura financiera, el encarecimiento del capital reduce los márgenes y eleva el riesgo financiero al desplazar el punto de equilibrio, especialmente en estructuras más apalancadas, según Gitman (2010). Esta lectura integrada permite organizar una “escalera de insolvencia” en cuatro etapas para interpretar el período analizado. La primera etapa es la Presión Macroeconómica, donde la elevación de las tasas de interés tiende a encarecer el capital de trabajo y las anticipaciones de cuentas por cobrar, presionando el punto de equilibrio y reduciendo los márgenes, efecto discutido en la literatura de supervivencia de MPEs en entornos de crédito más caro por Neves, Cruz y Locatelli (2024) y compatible con los fundamentos del costo de capital en Gitman (2010).
La segunda etapa es la Sintomatología de Caja, manifestada por la morosidad de pago. Con la presión del servicio de la deuda y mayores costos operativos, aumenta la probabilidad de impuntualidad, lo que se alinea con los picos identificados en la serie y los hallazgos que vinculan la fragilidad de liquidez con el deterioro del cumplimiento en pequeños negocios, según Neves, Cruz y Locatelli (2024). La tercera etapa es el Mecanismo de Supervivencia, representado por la Recuperación Judicial. Ante la renegociación extrajudicial limitada en un escenario de crédito restringido, las empresas pueden recurrir a la recuperación judicial como vía formal de reestructuración. Estudios empíricos señalan que baja liquidez y alto endeudamiento aumentan la probabilidad de este movimiento, como muestran Schio y Sampaio (2022).
La cuarta y última etapa es el Desenlace y Descontinuidad, que culmina en la quiebra. Cuando la liquidez no se recompone y el plan de reestructuración no se sustenta en el flujo de caja, aumenta el riesgo de descontinuidad. Mapeos recientes de causas de quiebra en MPEs indican el papel relevante del capital de giro y del costo financiero, con destaque para servicios y comercio, sectores típicamente más intensivos en giro, según Silva, Rodrigues y Sena (2024). En el cruce de las series, se nota que, mientras las quiebras permanecieron relativamente estables frente al pico de 2015-2016, la morosidad de pago y las recuperaciones judiciales ganaron tracción en 2024.
Este cuadro es compatible con el entendimiento de que las MIPYMES, con menores reservas de liquidez, tienden a buscar la reestructuración antes de admitir la liquidación, sobre todo en actividades más sensibles al costo del capital, como señalan Schio y Sampaio (2022) y Silva, Rodrigues y Sena (2024). Así, la integración de los factores dialoga con la literatura de finanzas, indicando que períodos prolongados de intereses elevados pueden inducir selección adversa y estrechar márgenes de seguridad, aumentando la probabilidad de escalada a lo largo de esta “escalera de insolvencia”. Mitigar esta trayectoria dependería, por lo tanto, no solo de prácticas de control y gestión interna, sino también de condiciones macroeconómicas que favorezcan la sostenibilidad del capital de trabajo de las MIPYMES, como argumentan Neves, Cruz y Locatelli (2024) y Gitman (2010).
El análisis integrado de los indicadores macroeconómicos y los datos de insolvencia entre 2014 y 2024 permitió identificar posibles asociaciones entre las condiciones macroeconómicas y los indicadores de dificultad financiera de las Micro y Pequeñas Empresas brasileñas. La trayectoria de la Tasa Selic en el período estudiado no se limitó al control inflacionario, sino que presentó variaciones que coincidieron con cambios en los indicadores de solvencia analizados, sin que fuera posible establecer una relación causal directa. Los datos presentados demostraron períodos de deterioro financiero que coincidieron con el mantenimiento de tipos de interés elevados y con el aumento del coste del capital de explotación.
En este contexto, el volumen de impagos alcanzó el nivel más alto de la serie analizada en 2024. Como respuesta, el recurso sin precedentes a la Recuperación Judicial señala un esfuerzo de supervivencia de las MPEs, mientras que el volumen de quiebras destaca aquellas que no resistieron al escenario restrictivo. Este estudio sugiere una asociación entre la salud financiera de las MPEs y las condiciones macroeconómicas observadas en el período, incluyendo las variaciones de la Tasa Selic. Desde la perspectiva de la Controloría, la continuidad de estas organizaciones exige no solo competencia gerencial interna, sino un ambiente económico que permita el acceso al crédito a costos compatibles con la realidad operativa de las pequeñas empresas, bajo pena de continuidad de la destrucción de valor y descontinuidade de actividades fundamentales para la economía brasileña.
4. Conclusión
Este estudio buscó analizar indicadores de impago, recuperación judicial y quiebra de las micro y pequeñas empresas brasileñas en el período de 2014 a 2024, con el fin de identificar posibles asociaciones entre estos indicadores y los factores económicos observados. Se verificó que la trayectoria de la Tasa Selic, especialmente en períodos de elevación, coincidió con el aumento del costo del crédito y el consecuente estrechamiento del capital de trabajo de las MPEs. Se observó que el impago alcanzó su mayor nivel en 2024, con más de 6,5 millones de empresas en situación de atraso. En respuesta a este escenario de presión financiera, se registró un récord histórico de 1.676 solicitudes de recuperación judicial en el mismo año, indicando que este mecanismo se convirtió en una salvaguarda crucial para la continuidad de las actividades empresariales. Se notó, además, que el sector de Servicios demostró una vulnerabilidad acentuada, liderando los índices de impago y recuperación judicial, lo que sugiere una mayor sensibilidad de su estructura operativa a los costos de capital.
La principal contribución de este trabajo reside en la explicitación de que la sostenibilidad de las MPEs depende de un enfoque multifacético, que integra la profesionalización de los controles financieros internos con la formulación de políticas públicas que aseguren acceso al crédito en condiciones compatibles con la realidad del sector. Aunque no se ha establecido una relación causal directa, los hallazgos refuerzan la importancia de un entorno macroeconómico favorable para la resiliencia de estos negocios. Las limitaciones del estudio, de carácter cuantitativo-descriptivo y documental, impiden la afirmación de causalidad, pero ofrecen un punto de partida para futuras investigaciones que profundicen la comprensión sobre la dinámica de la insolvencia y subsidien la creación de estrategias más eficaces de apoyo a las micro y pequeñas empresas en Brasil.
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Artículo originario del Trabajo de Conclusión de Curso de la Especialización en Finanzas y Controloría del MBA USP/Esalq
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