26 de octubre de 2026
La compatibilización entre el bienestar ocupacional y la productividad institucional: los efectos de la Gestión de Personas para los servidores del Tribunal de Justicia del Estado de Bahía
Murilo Patrick Cerqueira Guedes Tramontini; SEM ORIENTADOR
DOI: 10.22167/2675-6528-202601245
Artículo elaborado por la herramienta ResumeAI, solución de inteligencia artificial desarrollada por el Instituto Pecege orientada a la síntesis y redacción.
Resumen
La investigación analizó la gestión de personas en el Tribunal de Justicia del Estado de Bahía (TJBA), con foco en la dicotomía entre la productividad institucional y el bienestar ocupacional de los servidores. El objetivo general consistió en evaluar los efectos de las políticas de productividad sobre el cuerpo funcional, investigando si el modelo gerencial orientado por metas, bajo la égida del juez gestor y de premios como el Sello Diamante del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), era capaz de compatibilizar la eficiencia cuantitativa con la salud mental. Metodológicamente, el estudio adoptó un enfoque mixto, combinando métodos cualitativos y cuantitativos, y se fundamentó en revisión bibliográfica, análisis de decretos judiciales recientes (2024-2026) y datos del “Justicia en Números” (2023-2025). Los resultados apuntaron que el éxito estadístico coexiste con elevados índices de trastornos mentales entre los servidores, evidenciando que la eficiencia institucional, tal como medida, ignoró los costos biopsicosociales de la producción y se enfocó en resultados de corto plazo, comprometiendo la longevidad de la fuerza de trabajo. Se concluyó que la gestión de personas en el TJBA no ha sido capaz de compatibilizar productividad y bienestar de forma sostenible, y que la eficiencia institucional debe ser condicionada a la viabilidad de un “Sello de Salud Mental” para garantizar la sostenibilidad del sistema judicial.
Palabras clave: Bienestar ocupacional; Juez gestor; Calidad de Vida en el Trabajo; Sello de Salud Mental; TJBA.
1. Introducción
El Poder Judicial brasileño ha pasado por un proceso continuo de modernización administrativa, impulsado por estrategias institucionales que buscan mejorar la prestación jurisdiccional. La creación del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), a través de la Enmienda Constitucional nº 45, en 2004, fue un hito fundamental, consolidando políticas nacionales de planificación, productividad y monitoreo de desempeño. Este escenario llevó al Poder Judicial a adoptar modelos gerenciales orientados por metas, indicadores y rankings comparativos, alterando la forma en que se evalúa el trabajo.
En este contexto, la evaluación del trabajo de magistrados y servidores trascendió la óptica jurídico-procesal, pasando a ser medida por parámetros administrativos de eficiencia institucional. Sin embargo, Sekunda y Junior (2022) señalan que los indicadores tradicionales de eficiencia tienden a privilegiar resultados cuantitativos, como el volumen de procesos y el tiempo de tramitación, sin capturar necesariamente la complejidad organizacional y humana involucrada en la actividad jurisdiccional. Esta perspectiva es crucial para comprender las condiciones concretas de trabajo.
La eficiencia y la productividad, aunque cercanas, no son equivalentes, especialmente cuando se disocian de las condiciones laborales. Freitas y Odelius (2021) evidencian que el diseño del trabajo en el ámbito judicial, caracterizado por una elevada carga cognitiva, presión por resultados y baja autonomía decisoria, impacta directamente las percepciones de control, reconocimiento y agotamiento de los servidores. Además, Batista y de Figueiredo (2021) destacan que el liderazgo en el Poder Judicial, a menudo ejercido por magistrados sin formación en gestión, asume un papel estratégico en la conducción de equipos y en la mediación de conflictos.
En el Tribunal de Justicia del Estado de Bahía (TJBA), alineado con las directrices nacionales, se instituyeron normas internas de modernización administrativa, gestión estratégica y enfrentamiento del acoso moral organizacional, como la Resolución n. 09/2025 del propio TJBA. A pesar de estas iniciativas, datos de Nascimento et al. (2024) revelan la persistencia de ausencias por enfermedad psíquica, conflictos jerárquicos y sobrecarga funcional, evidenciando los límites prácticos en la implementación de estas políticas. El funcionamiento del Poder Judicial depende directamente de la actuación de los servidores, que son la base de la ejecución cotidiana (Pozzi, 2023; Freitas y Odelius, 2018).
La modernización tecnológica, con la implantación del proceso electrónico (PJe), por ejemplo, aumentó el grado de responsabilidad funcional de los servidores, que ahora responden no solo por la práctica material de los actos, sino también por la correcta alimentación de los sistemas y el cumplimiento de plazos controlados electrónicamente (Cardoso y Godinho, 2025; Batista y Figueiredo, 2021). Esta intensificación del trabajo, aliada a la valorización del principio de eficiencia, llevó a la administración pública a adoptar mecanismos más rigurosos de planificación y evaluación de desempeño, con el CNJ instituyendo metas nacionales para todo el Poder Judicial a partir de 2009 (Kim y Silva, 2020).
La Calidad de Vida en el Trabajo (CVT) y el clima organizacional son conceptos orientadores esenciales para esta discusión. Muniz (2024) y Kilimnik (2006) resaltan que la CVT depende de prácticas adecuadas de liderazgo y administración de personas, mientras que el clima organizacional refleja la percepción colectiva sobre liderazgo, comunicación y reconocimiento. La presión por la productividad, frecuentemente percibida como “natural” (Pozzi, 2023), acaba por repercutir intensamente sobre los servidores, que no detentan el poder decisorio, pero son directamente responsables de las entregas cotidianas.
Ante este escenario, surge la problemática central de esta investigación: ¿de qué manera la gestión de personas en el ámbito del Poder Judicial, y específicamente en el TJBA, ha sido capaz de compatibilizar la búsqueda de productividad con la preservación del bienestar ocupacional de los servidores de la justicia? La hegemonía de indicadores estadísticos, como los que marcan el Sello Diamante del CNJ, tiende a convertir la Calidad de Vida en el Trabajo en un factor periférico, resultando en enfermedad laboral, conforme a la hipótesis que guía este estudio.
La brecha práctica y teórica reside en el hecho de que el modelo gerencial actual opera en un vacío de datos sobre el bienestar ocupacional, donde lo que no es cuantificado por las métricas del CNJ se vuelve estratégicamente invisible para la alta administración (Mello; Wander, 2024). Este enfoque, que prioriza el flujo procesal en detrimento del sujeto, genera un distanciamiento entre el prestigio institucional y el agotamiento biopsicosocial de la base, como evidencian los elevados índices de ausencias por trastornos mentales (F41, F32, F33) entre servidores del TJBA (CNJ, 2024; Nascimento et al., 2024).
La justificación de esta investigación reside en la apremiante necesidad de humanizar la Administración Pública frente a la creciente presión por resultados, garantizando la sostenibilidad del sistema judicial. El éxito estadístico, aunque loable, coexiste con altos índices de trastornos mentales, lo que indica que la eficiencia institucional debe estar condicionada a la viabilidad de un “Sello de Salud Mental”. Así, el objetivo general del presente trabajo consiste en analizar de qué modo la gestión de personas puede actuar como elemento de compatibilización entre el bienestar ocupacional y la productividad institucional en el ámbito del Tribunal de Justicia del Estado de Bahía.
2. Material y Métodos
La presente investigación se caracterizó por un enfoque metodológico mixto, que combina elementos cualitativos y cuantitativos. Esta elección se basó en la premisa de que la compleja relación entre la productividad institucional y el bienestar ocupacional en el Poder Judicial exige una comprensión multifacética. En cuanto a su naturaleza, el estudio se clasificó como aplicado, dirigido al análisis de un problema institucional concreto en el Tribunal de Justicia del Estado de Bahía (TJBA). En relación con los objetivos, la investigación fue de carácter exploratorio y descriptivo, buscando profundizar la comprensión de un fenómeno contemporáneo e identificar las características y tensiones inherentes a la gestión de personas en el contexto investigado.
El desarrollo del estudio se estructuró en tres ejes metodológicos complementarios. En primer lugar, se realizó una revisión bibliográfica, centrada en el examen de la literatura especializada pertinente al tema. En segundo lugar, se procedió al análisis normativo-institucional, dedicado al marco regulatorio y a la organización administrativa del Poder Judicial. Finalmente, se adoptó un eje analítico-interpretativo, que consistió en la lectura crítica y la triangulación de los datos y documentos recopilados.
La revisión bibliográfica se llevó a cabo en las bases de datos CAPES y SciELO. Para la búsqueda, se utilizaron las palabras clave “gestión de personas en el Poder Judicial”, “calidad de vida en el trabajo”, “productividad institucional” y “TJBA”. Se estableció un recorte temporal predominantemente contemporáneo, abarcando el período de 2020 a 2026, con un enfoque especial en la producción académica publicada entre 2024 y 2026. Se incluyeron, de forma excepcional, obras anteriores a este período, como las de Cardoso y Godinho (2015) y Kilimnik (2006), para contextualizar la evolución de las discusiones sobre el tema.
En el eje normativo-institucional, se analizó el marco regulatorio que rige la gestión de personas en el Poder Judicial brasileño. Se examinaron los cambios significativos impulsados por la Enmienda Constitucional nº 45, de 2004 (BRASIL, 2004), que creó el Consejo Nacional de Justicia (CNJ). Se destacaron la Resolución CNJ nº 240, de 2016 (CONSEJO NACIONAL DE JUSTICIA, 2016), que instituye la Política Nacional de Gestión de Personas, la Resolución CNJ nº 102, de 2009 (CONSEJO NACIONAL DE JUSTICIA, 2009), sobre transparencia administrativa, y el Provimiento CNJ nº 156, de 2023 (CONSEJO NACIONAL DE JUSTICIA, 2023).
Específicamente en el Tribunal de Justicia del Estado de Bahía (TJBA), se realizó la triangulación de documentos institucionales y actos administrativos recientes. Se incluyeron el Plan de Gestión del TJBA para los bienios 2024-2026 y 2026-2028 (BAHÍA, 2024), el Informe de 100 días (BAHÍA, 2024), el Decreto Judicial nº 150, de 2026 (BAHÍA, 2026), y el Decreto nº 167, de 2024 (BAHÍA, 2024). Para un cotejo crítico, se analizaron indicadores de desempeño asociados al Sello Diamante, así como notas técnicas y cuestionamientos de la OAB-BA (2025) y de las entidades sindicales SINTAJ (2024-2026) y SINPOJUD (2024-2026).
La unidad de análisis de la investigación se centró en los servidores de justicia vinculados al TJBA, excluyendo la magistratura. Esta delimitación se justificó por la sumisión más directa de los servidores a las rutinas administrativas, a las políticas de control interno y al cumplimiento de metas institucionales. La estructura funcional del TJBA, según datos de la Secretaría de Recursos Humanos (TJBA, 2025), estaba compuesta por 7.655 cargos efectivos al 31 de diciembre de 2025, incluyendo analistas y técnicos judiciales, además de funciones de apoyo especializado.
Para la recolección de datos sobre bienestar ocupacional, se utilizaron datos estadísticos relativos a la salud ocupacional, con enfoque en las enfermedades clasificadas en el Grupo F de la CID-10. Esta información se obtuvo mediante una consulta en el portal institucional del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), específicamente en el Panel de Seguimiento de la Política de Atención Integral a la Salud de Magistrados y Servidores del Poder Judicial. Se realizó un recorte para el año 2024, abarcando la Justicia Estatal y, en particular, el Tribunal de Justicia del Estado de Bahía, con acceso el 31 de marzo de 2026. Complementariamente, se consultaron datos de absentismo-enfermedad de servidores en la justicia estatal referentes al año 2023, según lo sistematizado por Nascimento et al. (2024).
El análisis de los datos y documentos recopilados se realizó mediante un enfoque analítico-interpretativo. Se procedió a la lectura crítica de la información, buscando confrontar los indicadores de desempeño institucional, como los relacionados con el Sello Diamante, con los datos de salud ocupacional de los servidores. Esta confrontación tuvo como objetivo verificar si el modelo de gestión por metas, adoptado en el Poder Judicial brasileño, consideraba los parámetros de bienestar ocupacional y si la eficiencia formal se alineaba con la realidad biopsicosocial del cuerpo funcional.
3. Resultados y Discusión
La modernización administrativa del Poder Judicial brasileño, si bien ha conferido mayor transparencia y celeridad a los flujos procesales, ha instituido un modelo de gestión que opera bajo una lógica predominantemente cuantitativa. El análisis del escenario en el Tribunal de Justicia del Estado de Bahía (TJBA) permitió constatar que la búsqueda de sellos de excelencia y rankings de productividad ha establecido un ambiente de alta presión, donde la eficiencia institucional se mide por el volumen de bajas procesales, muchas veces en detrimento de la salud ocupacional de los servidores. Este fenómeno evidencia un desajuste entre el prestigio de los premios alcanzados por la cúpula administrativa y el real bienestar de la base funcional, exigiendo una reevaluación crítica sobre los límites humanos de la producción jurisdiccional.
En este contexto, el estudio retomó el desafío de compatibilizar la productividad institucional con el bienestar ocupacional en el ámbito del TJBA, investigando los efectos de este modelo gerencial para los servidores. El problema de investigación buscó verificar si la actual política de metas del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) permite una gestión equilibrada, hipótesis que quedó superada al identificarse que la eficiencia es tratada como un criterio hegemónico que invisibiliza la Calidad de Vida en el Trabajo (QVT). Los análisis demostraron que el sistema de incentivos actual prioriza el flujo estadístico, muchas veces bajo la conducción de un juez gestor enfocado en el cumplimiento estricto de indicadores, tratando al cuerpo funcional como un recurso extensible y desprovisto de indicadores de salud mental en los informes oficiales.
El trabajo en el Poder Judicial y la condición del sirviente del Tribunal de Justicia del Estado de Bahía: calidad de vida en el trabajo, jerarquía y clima organizacional
El funcionamiento del Poder Judicial depende de una estructura humana que va mucho más allá de la figura del magistrado, siendo sustentado por un conjunto de servidores responsables de la ejecución cotidiana de la actividad jurisdiccional. En la práctica, el avance de los procesos, la realización de audiencias, el cumplimiento de despachos y la atención a las partes dependen directamente de la actuación de los servidores de la justicia. Por esta razón, comprender los matices del trabajo de estos servidores, así como las condiciones en que se realiza, se vuelve fundamental para cualquier análisis que involucre gestión de personas en un Tribunal de Justicia (Pozzi, 2023; Freitas y Odelius, 2018).
La modernización tecnológica del Poder Judicial, con la implantación del proceso electrónico (PJe), alteró significativamente la forma de ejecución de las tareas, pero no redujo la complejidad del trabajo desempeñado por los servidores. Por el contrario, la informatización de la actividad judicial aumentó el grado de responsabilidad funcional, ya que el servidor pasó a responder no solo por la práctica material de los actos, sino también por la correcta alimentación de los sistemas y por el cumplimiento de plazos controlados electrónicamente (Cardoso y Godinho, 2025; Batista y Figueiredo, 2021). Esta intensificación del trabajo exige constante adaptación y eleva el nivel de responsabilidad funcional.
La valorización del principio de eficiencia, previsto en el art. 37 de la Constitución Federal (Brasil, 1988), llevó a la administración pública a adoptar mecanismos más rigurosos de planificación, evaluación de desempeño y monitoreo de productividad. Este movimiento se intensificó tras la creación del CNJ por la Enmienda Constitucional nº 45/2004, que pasó a ejercer una relevante función de control administrativo, planificación estratégica y coordinación institucional en el ámbito del Poder Judicial (Lenza, 2024). A partir de 2009, el CNJ instituyó metas nacionales, promoviendo la consolidación de la planificación estratégica en los tribunales y reforzando la adopción de prácticas gerenciales orientadas a la eficiencia institucional, conocidas como los “Sellos Diamante, Oro y Plata” (Kim y Silva, 2020).
La estructura funcional del TJBA no se limita a una única categoría de servidores, sino que se organiza a partir de un conjunto plural de cargos y funciones, lo que exige un análisis más cuidadoso de las condiciones de trabajo. La Ley nº 10.845/2007 prevé diversos cargos vinculados a la actividad jurisdiccional, incluyendo técnicos, analistas, oficiales de justicia, asesores y jefaturas de unidad (Bahia, 2007). Datos de la Secretaría de Recursos Humanos del TJBA, con referencia al 31 de diciembre de 2025, indican una plantilla efectiva de 7.655 cargos, siendo 4.065 de analistas judiciales y 3.590 de técnicos judiciales, evidenciando la dimensión y complejidad de la gestión de personas (TJBA, 2025).
En este escenario, los cargos comisionados y las funciones gratificadas, comunes en gabinetes y secretarías, tienden a concentrar mayor responsabilidad y presión por resultados, ya que están vinculados al desempeño y a la confianza de la jefatura inmediata (Batista y De Figueiredo, 2021). La exigencia de productividad pasa a ser percibida como “algo natural” en el ambiente institucional, sobre todo cuando la permanencia en la función depende del desempeño presentado (Pozzi, 2023). Esta dinámica refuerza la presión sobre los servidores, que, aunque no detentan el poder decisorio, son directamente responsables de las entregas cotidianas.
El magistrado ocupa una posición distinta, ejerciendo no solo la función jurisdiccional, sino también la responsabilidad por la conducción administrativa de la unidad, actuando como gestor del gabinete o del juzgado (Freitas y Odelius, 2021). Sin embargo, esta función de gestión, ejercida por profesionales formados en Derecho y no en administración, puede generar dificultades en la conducción de equipos y en la organización del ambiente de trabajo (Batista y De Figueiredo, 2021; Silva y Arena Filho, 2020). La calidad de vida en el trabajo (QVT) y el clima organizacional, conceptos esenciales para la Gestión de Personas, dependen de prácticas adecuadas de liderazgo y administración, reflejando la percepción colectiva sobre liderazgo, comunicación y reconocimiento (Muniz, 2024; Kilimnik, 2006).
La gestión de personas en el TJBA entre bienios: entre intervenciones propositivas del Tribunal y críticas institucionales a la gestión de personas de los servidores
La gestión del TJBA se desarrolla entre mandatos sucesivos, con distintas inflexiones administrativas sobre promoción de magistrados, definición de prioridades e interlocución con las carreras del tribunal. En el bienio 2024–2026, la presidencia fue ejercida por la Desembargadora Cynthia Maria Pina Resende; en el bienio 2026–2028, la administración pasó al Desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano. Esta alternancia de directrices administrativas puede desestabilizar la lógica de previsibilidad y las expectativas de los servidores, independientemente de si el cambio es positivo o negativo.
La literatura producida hace aproximadamente una década ya señalaba que los problemas de organización del trabajo y de clima institucional en el Poder Judicial de Bahía no eran nuevos (Kilimnik, 2006). Investigaciones anteriores identificaban que la percepción de los trabajadores sobre liderazgo, reconocimiento y condiciones laborales interfería directamente en la calidad del ambiente organizacional (Nunes, 2015). Además, la informatización y la reconfiguración de los flujos decisorios exigían una nueva forma de organización del trabajo, y la modernización tecnológica, por sí sola, no resolvía dificultades administrativas y humanas (Cardoso y Godinho, 2015).
Cuando estos diagnósticos antiguos se comparan con la literatura más reciente, se percibe la persistencia de los problemas con nuevos disfraces. Factores sociolaborales, relaciones de poder y exigencias organizacionales continúan influyendo en la salud mental de los trabajadores (Freitas Júnior y Barbosa, 2022). La transformación del Poder Judicial en una organización fuertemente orientada a metas alteró profundamente la gestión del trabajo (Pozzi, 2023). Así, los problemas antes descritos en clave de clima organizacional y adaptación tecnológica pasan, ahora, a dialogar con categorías como gestión estratégica, gobernanza, productividad y salud ocupacional, reforzando la necesidad de observar el TJBA como institución de personas, y no solo de números.
En este marco, la gestión 2024–2026 presentó directrices formales para toda la administración del TJBA. El Decreto Judicial n.º 167/2024 estableció prioridades como el fortalecimiento del primer grado, el acceso de grupos vulnerables a la justicia, métodos adecuados de resolución de conflictos, un ambiente de trabajo saludable, la expansión de la fuerza laboral, programas de capacitación continua y el estímulo a la innovación tecnológica. Específicamente, el inciso IV del Art. 1º prevé la promoción de un ambiente de trabajo saludable y la valoración de magistrados y servidores en una gestión de recursos humanos que priorice el bienestar, el despertar y la retención de talentos, así como el perfeccionamiento de competencias y la validación de esfuerzos (TJBA, 2024).
El informe de los “100 días del TJBA” de la gestión 2024–2026 evidencia la lógica de la gestión estratégica adoptada por la administración, marcada por la reorganización interna y la centralidad en el monitoreo de resultados. En términos administrativos, esto puede leerse como un esfuerzo de alineación entre gobernanza, productividad y gestión de personas (Machado y Camargo, 2023). Sin embargo, persistió una brecha en cuanto a la transparencia de la estructura organizacional de Gestión de Personas para el bienio 2026–2028, visto que, hasta la conclusión de esta investigación el 23/04/2026, no hubo la debida divulgación pública.
El 2 de febrero de 2026, en la toma de posesión de la nueva Mesa Directiva, el Juez Rotondano afirmó que su gestión pretende “cuidar de las personas” y promover acciones con impacto positivo en los resultados del Tribunal y en la sociedad (TJBA, 2026). Esta nueva fase ya vino acompañada de la atención de algunas pautas de las entidades representativas, como la regulación de la progresión por desempeño de los servidores efectivos, por medio del Decreto Judicial nº 150, de 24 de febrero de 2026, y la actualización de los techos de la ayuda de salud a partir de enero de 2026. Esto demuestra que la valorización funcional pasó a aparecer más explícitamente como dimensión de la agenda administrativa (SINPOJUD, 2026).
Desde la perspectiva de programas perennes, merece atención la institucionalización del Comité Local de Gobernanza de la Política de Gestión de Personas (CGP), creado en observancia a la Resolución CNJ n. 240/2016. El CGP tiene atribuciones de proponer y coordinar el plan estratégico local de gestión de personas, monitorear resultados, divulgar desempeño e instituir grupos de discusión y trabajo (TJBA, 2025). Su composición busca equilibrar las interacciones entre los diversos interesados, reuniendo miembros de la magistratura, representantes de la gestión institucional y representantes de los servidores, como Maria Lenilda Cordeiro de Almeida (SINPOJUD), Luiz Cláudio da Silva Oliveira (SINTAJ) y Carmen Silvia Bonfim dos Santos Rocha (ASSETBA), asegurando la participación de la base funcional en las deliberaciones pertinentes a la política de gestión de personas (TJBA, s.d.).
Otro punto positivo es la política de prevención y enfrentamiento del acoso moral, sexual y de la discriminación, estructurada por la Resolución n. 09/2025 del TJBA. Esta política es aplicable incluso a las conductas practicadas por medios virtuales y abarca a becarios, aprendices, prestadores de servicios y otros colaboradores. La resolución define “Acoso moral organizacional” como un proceso continuo de conductas abusivas amparado por estrategias organizacionales que visan a obtener compromiso intensivo o excluir empleados, por medio del desrespeto a sus derechos fundamentales. También conceptualiza “Salud en el trabajo”, “Gestor”, “Calidad de Vida en el Trabajo” y “Clima Organizacional”, revelando una transición de un modelo reactivo a una postura más preventiva y orientada por el riesgo psicosocial (TJBA, 2025).
A pesar de los avances normativos, la crítica más dura aparece cuando se confronta este aparato institucional con lo que los sindicatos — SINTAJ y SINPOJUD — efectivamente vienen sosteniendo. En 2017, el SINTAJ ya señalaba al TJBA como el peor del país en acumulación de procesos y tasa de congestión, asociando el cuadro a la falta de personal, sobrecarga y precariedad de las condiciones de trabajo (SINTAJ, 2017). Casi una década después, la agenda prioritaria del SINTAJ para 2025 aún insistía en un reajuste lineal, Plan de Cargos, Carreras y Salarios (PCCV), aumento de subsidio de salud y subsidio de alimentación, nombramiento de aprobados y pago de pasivos (SINTAJ, 2025), revelando la permanencia de reivindicaciones estructurales.
Cuando una política de personal necesita ser tutelada permanentemente por entidades representativas para materializarse o ser comprendida, esto sugiere que la gestión estratégica aún no ha alcanzado plena legitimidad interna. En términos de gestión de personas, el tribunal trabaja con “números de matrículas”, pero en realidad lidia con hombres y mujeres que pasan más tiempo en las unidades judiciales que en sus propias casas. Por ello, la política de valoración no puede pensarse solo como una tabla remuneratoria, sino que debe incluir también el “salario emocional”, es decir, reconocimiento, respeto, previsibilidad, ambiente saludable, escucha institucional y percepción de dignidad en el trabajo (Machado; Camargo, 2023).
La compatibilización del bienestar ocupacional y la productividad institucional como criterio de eficiencia para la obtención del Sello Diamante del CNJ
El análisis de las políticas de salud y seguridad en el trabajo revela que, si bien existen marcos normativos, la ejecución práctica tropieza con un modelo de gestión que prioriza el flujo en detrimento del sujeto. Esta transición hacia una administración judicial de resultados, consolidada en el TJBA, estableció una tensión dialéctica donde la búsqueda del Sello Diamante del CNJ pasó a dictar el ritmo de la vida laboral. En este escenario, la eficiencia deja de ser un concepto multidimensional para convertirse en una métrica fría de salida procesal, resultando en un peligroso distanciamiento entre el prestigio institucional de la cúpula y el agotamiento biopsicosocial de la base (Machado y Camargo, 2023).
La gestión basada exclusivamente en incentivos de productividad cuantitativa genera externalidades negativas que el sistema de medición actual no logra capturar (Yeung, 2024). En el TJBA, esta realidad es flagrante, ya que el tribunal ha estado alcanzando la cima de la “eficiencia” estadística. En 2025, se midió el 93% de la productividad métrica por el método IPC-Jus, quedando solo por detrás de los TJ de Amazonia, Pará y Distrito Federal (CNJ, 2025). En 2024, el TJBA se ubicó en la 5ª posición, con un 87% de productividad (CNJ, 2024). Sin embargo, del análisis de “Justiça em Números”, no existe ninguna métrica que considere la gestión de personas o la innovación en este pilar como criterio de clasificación o bonificación, figurando de forma secundaria solo en el ámbito de los tribunales mediante directrices del CNJ (Mello; Wander, 2024).
El fenómeno del “isomorfismo institucional” presiona a los tribunales estatales a mimetizar comportamientos de “alto rendimiento” para garantizar legitimidad y premios nacionales (Salazar, 2024). En este contexto de presión sistémica y vaciamiento de las subjetividades en el ambiente de trabajo, la organización del trabajo puede convertirse en un vector de alienación y sufrimiento mental cuando impide la expresión de la creatividad y del deseo. El sufrimiento comienza cuando la relación hombre-trabajo se bloquea, es decir, cuando el trabajador ya no puede intervenir en la organización del trabajo para adaptarla a sus necesidades fisiológicas y a sus deseos psíquicos (Yeung, 2024).
Además, la gobernanza judicial brasileña, al centrarse en la reducción de la tasa de congestión, termina por institucionalizar el Taylorismo Digital (Oliveira, 2022). El PJe, lejos de ser solo una herramienta de facilitación, opera como una cinta de producción virtual ininterrumpida, donde el monitoreo algorítmico sustituye la gestión humanizada. El servidor bahiano vive la falacia de la modernización, donde la tecnología que debería liberar el tiempo de trabajo se ha convertido en un mecanismo de vigilancia, sumándose a las exigencias vía WhatsApp que invaden el espacio privado, caracterizando un acoso moral organizacional (Vieira, 2024).
A partir de un estudio disponible en el Panel de Seguimiento de la Política de Atención Integral a la Salud de Magistrados y Servidores del Poder Judicial, del Consejo Nacional de Justicia, se observó un dato sensible sobre las causas de alejamiento entre los servidores del TJBA en el año 2024. Hubo predominancia de las enfermedades clasificadas en el Grupo F de la CID-10, relacionadas con trastornos mentales y del comportamiento. Destacaron los registros de ansiedad (F41), con 120 alejados, episodios depresivos (F32), con 37 alejados, y trastorno depresivo recurrente (F33), con 23 alejados.
Específicamente para los trastornos de ansiedad (F41), hubo 79 bajas de mujeres y 41 de hombres. Para los episodios depresivos (F32), se registraron 32 bajas de mujeres y 5 de hombres. En cuanto al trastorno depresivo recurrente (F33), se identificaron 19 bajas de mujeres y 4 de hombres. Estos datos son indicadores relevantes, ya que tales ocurrencias suelen dialogar, en mayor o menor medida, con factores ligados al clima organizacional, a la sobrecarga ocupacional, a la presión por resultados y a la ausencia de gestión especializada de personas.
En cuanto al recorte referente a los magistrados en el año base de 2024, el panel del CNJ revela que, entre las ocurrencias más frecuentes, se destacaron los casos de convalecencia (Z54), con 16 registros sumados entre los sexos, dorsalgia (M54), con 14 registros, hipertensión esencial primaria (I10), con 9 registros, enfermedades por virus (B34), con 11 registros, y diarrea y gastroenteritis de origen infeccioso presumible (A09), con 7 registros. Como complemento, también aparecieron otros trastornos articulares (M25), con 7 ocurrencias (CNJ, 2024).
El dato revela que, entre los magistrados, destacan los apartamientos ligados a la recuperación clínica, enfermedades musculoesqueléticas y dolencias asociadas al desgaste físico, mientras que, entre los servidores, se verifican cantidades más expresivas y mayor presencia de trastornos mentales, como ansiedad y episodios depresivos. Esta distinción refuerza la hipótesis de Vieira (2024), sobre servidores y miembros de la magistratura ser antagonistas institucionales, de modo que la presión organizacional alcanza a ambos grupos, pero se manifiesta de forma diversa conforme el lugar ocupado en la estructura institucional y el tipo de actividad desempeñada.
A escala nacional, Nascimento et al. (2024) examinaron los datos de absentismo por enfermedad de servidores en la justicia estatal correspondientes al año 2023, sistematizando las principales causas de ausencia. El estudio evidencia que los trastornos mentales clasificados en el grupo F de la CIE-10 también repercuten a escala nacional en el ámbito de la justicia estatal brasileña, siendo F41 (otros trastornos de ansiedad) la primera causa de ausencia en diversos tribunales, incluido el TJBA. Este marco permite situar el caso bahiano dentro de una realidad más amplia del Poder Judicial estatal.
Borba, Yoshida y Oliveira (2024) argumentan que una gestión judicial de alto rendimiento solo se legitima cuando logra compatibilizar seguridad jurídica, eficiencia institucional y protección de la salud del trabajador. Sin embargo, en el plano concreto, el “Juez-Gestor” se orienta frecuentemente por paneles de productividad e indicadores estadísticos, en busca de evitar la exposición negativa de la unidad judicial ante rankings y metas institucionales, lo que puede ampliar el distanciamiento entre liderazgo efectivo y mera exigencia numérica. El Colegio de Presidentes de la OAB-BA (2025) cuestionó los datos del informe Justicia en Números 2025 en el recorte TJBA, sosteniendo que determinados indicadores formales no reflejan la realidad vivida por la abogacía y los jurisdicionados, mencionando extinciones sin resolución de mérito, despachos dilatorios y lanzamientos artificiales en el sistema procesal electrónico como factores capaces de inflar la productividad aparente sin traducir efectividad real.
Nascimento y Abers (2020) resaltan que la creatividad administrativa en la manipulación de estadísticas de productividad a menudo oculta la invisibilidad de las actividades intermedias y de la atención al público. En consecuencia, el servidor que prioriza la humanización y la acogida del jurisdiccionado es “castigado” por los criterios del Decreto Judicial nº 150/2026, que vincula la progresión funcional y la remuneración a indicadores puramente cuantitativos (TJBA, 2026). Este “collar de desempeño” transforma la valorización salarial en una herramienta de presión, obligando al servidor a elegir entre su salud mental y su estabilidad financiera, especialmente en las comarcas del interior donde la soledad funcional agrava el cuadro de desamparo institucional.
Freitas y Chaves (2024) señalan que el uso de DataJud como única fuente de la verdad administrativa crea un peligroso distanciamiento entre el dato y la vida. El TJBA, al centrarse en los procesos de conocimiento que generan una puntuación rápida para el Sello Diamante, termina descuidando el “nudo ciego” de la ejecución, donde el proceso permanece estancado durante años. Por lo tanto, la eficiencia pregonada por el tribunal es incompleta: es una eficiencia de mostrador y papeleo digital, que consume al servidor en retrabajo y burocracia, pero no entrega la prestación jurisdiccional efectiva que la sociedad bahiana exige y que la OAB-BA constantemente reclama en sus notas oficiales (OAB-BA, 2025).
Turbay y Corrêa (2021) analizan cómo el panóptico digital intensifica la deshumanización a través del algoritmo, donde el servidor se reduce a una unidad de producción en el sistema. Se percibe un desajuste presupuestario flagrante, en el que se invierten millones de reales en actualizaciones de software e infraestructura de TI, mientras que los fondos destinados a programas de CAL y prevención de Burnout son irrisorios y tratados como accesorios. Esta elección administrativa revela que, para el modelo de eficiencia hegemónico, el capital humano es visto como un recurso desechable y sustituible, y no como el pilar fundamental que sustenta la propia legitimidad del Poder Judicial.
La Resolución nº 09/2025 del TJBA surge como una confesión tácita de que el acoso moral organizacional ha alcanzado niveles críticos en el estado. Según Yeung (2024) reitera en su análisis económico, un tribunal que enferma a su fuerza laboral es, a largo plazo, ineficiente, ya que el costo de las sustituciones, licencias y la caída en la calidad de las decisiones supera la ganancia inmediata de un premio estadístico. Por lo tanto, la dicotomía instalada en el TJBA exige una transición hacia lo que se puede llamar Eficiencia Sostenible, donde el bienestar ocupacional deje de ser un tema de “charlas motivacionales” para convertirse en un requisito mandatorio de auditoría y puntuación para los sellos de calidad del CNJ.
En resumen, la investigación demostró que la celeridad alcanzada es, en gran medida, fruto de una sobrecarga individual y no de una mejora estructural, lo que se ve corroborado por las constantes críticas de la abogacía sobre la lentitud real en los juzgados de base. La eficiencia medida por el tribunal se demuestra parcial, ya que ignora los costos biopsicosociales de la producción y se enfoca en resultados a corto plazo que comprometen la longevidad de la fuerza laboral. Así, la compatibilización entre productividad y bienestar ocupacional no es solo un imperativo ético, sino una necesidad de gestión estratégica para la supervivencia de las instituciones públicas, exigiendo que el Sello Diamante sea condicionado a la medición rigurosa de un “Sello de Salud Mental” y de indicadores de clima organizacional como frenos necesarios a la aceleración desenfrenada del ritmo de trabajo.
4. Conclusión
El presente estudio buscó analizar de qué modo la gestión de personas puede actuar como elemento de compatibilización entre bienestar ocupacional y productividad institucional en el Tribunal de Justicia del Estado de Bahía (TJBA). Se verificó que la modernización administrativa del Poder Judicial, aunque promovió mayor transparencia y celeridad procesal, instituyó un modelo de gestión predominantemente cuantitativo. Los resultados demostraron que el TJBA alcanzó elevados índices de productividad, como 93% en 2025 y 87% en 2024, conforme al IPC-Jus, y obtuvo el Sello Diamante del CNJ. Sin embargo, este éxito estadístico coexistió con altos índices de ausentismo por trastornos mentales entre los servidores, con destaque para ansiedad (F41), episodios depresivos (F32) y trastorno depresivo recurrente (F33) en 2024. Se observó que el modelo gerencial, muchas veces bajo la conducción de jueces gestores enfocados en indicadores, trató al cuerpo funcional como un recurso extensible, sin integrar métricas de salud mental en los informes oficiales. La eficiencia pregonada por el tribunal se mostró parcial, pues ignoró los costos biopsicosociales de la producción y priorizó resultados de corto plazo, comprometiendo la longevidad de la fuerza de trabajo. La celeridad alcanzada, en gran medida, provino de sobrecarga individual, y no de mejora estructural, lo que fue corroborado por las críticas de la abogacía cuanto a la lentitud real en los juzgados de base.
La investigación evidenció que la gestión de personas en el TJBA no ha sido capaz de compatibilizar la productividad y el bienestar de forma sostenible, revelando que la eficiencia institucional, tal como se midió, ignoró los costos biopsicosociales de la producción. La principal contribución del estudio reside en la demostración de la necesidad de una transición hacia la Eficiencia Sostenible, donde el bienestar ocupacional sea un pilar fundamental. Como limitación, se identificó la brecha en la transparencia de la estructura organizacional de Gestión de Personas para el bienio 2026–2028 y la ausencia de un estudio de clima organizacional ampliamente divulgado por el propio TJBA. Se sugiere, para estudios futuros y como propuesta de intervención, que la obtención del Sello Diamante del CNJ sea condicionada a la medición rigurosa de un “Sello de Salud Mental” e indicadores de clima organizacional. Dicha medida garantizaría que la eficiencia institucional se base en la preservación de la salud y la calidad de vida de los servidores, asegurando la sostenibilidad del sistema judicial y reconociendo que el brillo del diamante institucional no puede ser sostenido por la enfermedad oculta de quien lo produce.
Referencias Bibliográficas
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POZZI, Jessyca Pacheco et al. As alterações na gestão do trabalho
SEKUNDA, André; JUNIOR, Arlos Eleodoro Seixas Risden. O que dizem os dados? Uma análise factual da (in) eficiência do poder judiciário brasileiro. Enfoque: Reflexão Contábil, v. 41, n. 2, p. 171-190, 2022.
Artículo originario del Trabajo de Conclusión de Curso de la Especialización en Gestión de Personas del MBA USP/Esalq
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