Gobernanza y Gestión Escolar en la Enseñanza Superior: el Papel del Procurador Institucional

Josiane de Lourdes Pinto; Flávia Baccin Fiorante-Inforsato

DOI: 10.22167/2675-6528-202603072

Artículo derivado del Trabajo de Conclusión de Curso (TCC), con contenido basado en el trabajo original del alumno y adaptado al formato editorial de la Revista E&S con el apoyo de la herramienta ResumeAI, solución de inteligencia artificial desarrollada por el Instituto Pecege para síntesis y organización textual.

Resumen

Ante la creciente complejidad de los procesos regulatorios y de evaluación en la educación superior brasileña, se analizó la actuación del Procurador Institucional (PI) en las Instituciones de Enseñanza Superior (IES), articulando su función a la gestión escolar, especialmente en el ámbito de la planificación, la gobernanza y la calidad institucional. El estudio objetivó analizar la actuación del Procurador Institucional como agente estratégico en la gestión educacional de Instituciones de Enseñanza Superior pertenecientes a un mismo grupo educacional privado, localizadas en las regiones Norte, Nordeste, Sur y Sudeste de Brasil, identificando sus atribuciones, desafíos y contribuciones a la gobernanza y la calidad institucional. Se adoptó un enfoque cualitativo, de naturaleza descriptiva, con aplicación de un cuestionario semiestructurado a 37 Procuradores Institucionales, de los cuales 17 respondieron. El análisis de los datos se realizó por medio del Análisis de Contenido, con identificación de categorías temáticas. Los resultados evidenciaron al PI como un nexo articulador entre regulación, evaluación y planificación, contribuyendo a la integración de los procesos institucionales. Sin embargo, su actuación se vio condicionada por factores como acumulación de funciones, autonomía limitada y ausencia de formación continuada estructurada. A partir de los hallazgos, se propuso un modelo de actuación estratégico-sistémica, estructurado en cuatro ejes: gobernanza, regulación, planificación y evaluación, el cual evidenció su papel en la mediación e integración institucional. Se concluyó que el fortalecimiento de esta función depende de su inserción efectiva en los procesos decisorios y de la adopción de prácticas de gestión escolar orientadas por evidencia.

Palabras clave: Evaluación institucional; Planificación estratégica; Calidad institucional; Regulación educacional; Toma de decisiones.

1. Introducción

El sistema de educación superior brasileño ha experimentado intensas transformaciones estructurales en las últimas décadas. Este período se caracterizó por una expresiva expansión del sector privado, por el fortalecimiento de la regulación estatal y por la institucionalización de políticas de evaluación de la calidad. Este movimiento fue impulsado, sobre todo, por la creación del Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior (SINAES), instituido por la Ley nº 10.861/2004 (Brasil, 2004). El SINAES se configuró como un hito central al establecer estándares de calidad articulados a las diferentes dimensiones de la gestión institucional (Dias Sobrinho, 2003).

Estudios sobre el tema indican que la expansión acelerada de la educación superior privada ha traído consigo nuevos desafíos para la gestión de las instituciones, exigiendo estructuras más robustas de gobernanza, planificación y control (Sguissardi, 2008; Catani; Oliveira, 2002). En este escenario, la gestión educativa asume un carácter complejo y multidimensional, involucrando la articulación entre dimensiones pedagógicas, administrativas y financieras, orientada por prácticas de naturaleza democrática y participativa (Lück, 2017; Libâneo, 2004). De este modo, la gestión escolar en la educación superior trasciende la dimensión administrativa, configurándose como un proceso estratégico orientado por evidencias y por la articulación entre evaluación institucional y toma de decisiones. La gobernanza educativa emerge como elemento estructurante de este proceso, al organizar decisiones, alinear estrategias institucionales y asegurar la efectividad de las políticas educativas, especialmente cuando se articula al Plan de Desarrollo Institucional (PDI) y a mecanismos de evaluación y control (Atvars et al., 2024; Baena et al., 2025).

Es en este contexto que se inserta la función del Procurador Institucional (PI), formalmente instituida por la Portaria nº 46/2005 y reglamentada por la Portaria Normativa MEC n° 23/2010, con atribuciones relacionadas a la mediación técnica entre las Instituciones de Enseñanza Superior (IES) y el sistema regulatorio federal. El Decreto nº 9.235/2017 reforzó la centralidad de esta función, posteriormente actualizada por el Decreto nº 12.456/2025. En el plano operacional, el PI actúa en la gestión de informaciones académico-institucionales, en el seguimiento de procesos de acreditación y reconocimiento de cursos y en la interlocución con sistemas como el e-MEC, el Censo de la Educación Superior y el Examen Nacional de Desempeño de los Estudiantes (ENADE). Los indicadores derivados de estos procesos, como el Concepto Preliminar de Curso (CPC), el Concepto de Curso (CC) y el Índice General de Cursos (IGC), influyen directamente en la evaluación de la calidad institucional y la imagen pública de las IES (Lopes, 2025). Trabajos recientes destacan que la conformidad regulatoria y la calidad de los datos informados al MEC dependen, en gran medida, del desempeño técnico y de la capacidad articuladora del PI en el interior de las instituciones (Baena et al., 2025).

A pesar de esta relevancia, la actuación del PI aún se comprende frecuentemente de forma restringida, asociada al cumplimiento de exigencias regulatorias y a actividades de carácter operativo. Esta visión reducida limita el reconocimiento del potencial estratégico de esta función en la gobernanza institucional. Cuando efectivamente se integra a los procesos de gestión, el PI puede actuar como articulador entre regulación, planificación y evaluación, favoreciendo la toma de decisiones basada en datos y el alineamiento institucional (Amaral; Leite, 2013). Sin embargo, la ausencia de una trayectoria formativa estructurada y de políticas sistemáticas de capacitación contribuye a que el desarrollo de competencias ocurra de forma predominantemente empírica (Medeiros, 2015). La literatura sobre gobernanza en IES señala que la profesionalización de las funciones de mediación institucional es una condición necesaria para el fortalecimiento de la calidad organizacional y para la sostenibilidad de los procesos evaluativos (Atvars et al., 2024). Se observa, por lo tanto, una brecha significativa en las investigaciones acerca de la comprensión del PI como agente estratégico en la gobernanza educacional, especialmente en la interfaz entre regulación, evaluación y gestión escolar.

Esta laguna justifica y motiva la realización de este estudio, que tiene por objetivo analizar la actuación del Procurador Institucional como agente estratégico en la gestión educacional de Instituciones de Enseñanza Superior pertenecientes a un mismo grupo educacional privado, localizadas en las regiones Norte, Nordeste, Sur y Sudeste de Brasil, identificando sus atribuciones, desafíos y contribuciones para la gobernanza y la calidad institucional.

2. Material y Métodos

El presente estudio adoptó un enfoque metodológico cualitativo, con características de investigación descriptiva y exploratoria. Se configuró como un estudio de casos múltiples, buscando comprender la actuación del Procurador Institucional en el contexto de las Instituciones de Enseñanza Superior, así como la articulación de esta función con los procesos de gobernanza y regulación académica. La naturaleza descriptiva de la investigación, conforme delineado por Gil (2019), se mostró adecuada para sistematizar y analizar las características, prácticas y percepciones asociadas al ejercicio de la función, sin la intención de intervenir en la realidad investigada.

La elección del enfoque cualitativo se basó en la necesidad de analizar el fenómeno organizacional en su manifestación práctica institucional. Se consideraron las dinámicas, tensiones y significados atribuidos por los propios sujetos involucrados. Complementariamente, el enfoque buscó la comprensión interpretativa de los significados atribuidos por los participantes a sus experiencias profesionales, según la contribución de Flick (2009), quien destaca la pertinencia de este enfoque para aprehender percepciones y sentidos construidos por los individuos.

En este sentido, la investigación tuvo como objetivo comprender los significados atribuidos por los Procuradores Institucionales a sus prácticas, desafíos y responsabilidades, permitiendo un análisis interpretativo de su actuación en la regulación y gestión académica. El estudio se estructuró en tres etapas principales, que incluyeron revisión bibliográfica, análisis documental y recolección de datos empíricos, seguidas por el análisis de los datos.

La primera etapa consistió en una revisión bibliográfica exhaustiva. Se realizó el levantamiento y análisis de literatura académica pertinente a la gestión educativa, la gobernanza en Instituciones de Enseñanza Superior y la función del Procurador Institucional. Esta revisión proporcionó el fundamento teórico necesario para la comprensión del fenómeno investigado.

Paralelamente a la revisión bibliográfica, se realizó un análisis documental. Se examinaron legislaciones, ordenanzas y directrices emitidas por el Ministerio de Educación (MEC), con especial atención a la Ley nº 10.861/2004, que instituyó el SINAES, y a la Ordenanza Normativa MEC nº 23/2010, que formaliza la función del PI. También se consideraron notas técnicas, informes de evaluación y otros dispositivos regulatorios de la educación superior.

La etapa empírica comprendió la recopilación de datos mediante la aplicación de cuestionarios en línea. Los participantes fueron Procuradores Institucionales que actúan en Instituciones particulares de Enseñanza Superior pertenecientes a un mismo grupo educativo privado, ubicadas en las regiones Norte, Noreste, Sur y Sureste de Brasil. Fueron invitados 37 Procuradores Institucionales, de los cuales 17 respondieron al instrumento, resultando en una tasa de respuesta del 46%.

La muestra utilizada fue por conveniencia, justificada por la accesibilidad a los participantes y la homogeneidad del perfil de estos profesionales, quienes comparten atribuciones y contextos institucionales similares. El instrumento de recolección de datos se envió por medios electrónicos, lo que aseguró practicidad, alcance y economía de tiempo durante el proceso de recolección.

El cuestionario aplicado, de naturaleza semiestructurada, se organizó en seis bloques temáticos. Estos bloques abordaron el perfil formativo de los participantes, la estructura de actuación y autonomía, los procesos evaluativos y regulatorios, la articulación institucional, los desafíos y necesidades, y la percepción estratégica de la función del Procurador Institucional.

Los cuidados éticos fueron rigurosamente observados. La recolección de datos se realizó tras la sumisión del trabajo al Comité de Ética en Investigación, por medio de la Plataforma Brasil, y obtuvo aprobación bajo el número CAAE N° 93153225.5.0000.9927. Se garantizó el sigilo y el anonimato de los participantes, y los datos fueron almacenados de forma segura, siendo excluidos del ambiente en línea tras la descarga a un dispositivo electrónico personal de la investigadora. El Consentimiento Informado fue obtenido en dos vías, una para el participante y otra para la investigadora.

El análisis de los datos obtenidos a través de los cuestionarios se realizó utilizando la técnica de Análisis de Contenido, según la metodología propuesta por Bardin (2016) y su interpretación contemporánea presentada por Ferreira y Valle (2025). El procedimiento analítico se dividió en tres etapas principales para organizar e interpretar el material recopilado.

La primera etapa consistió en el preanálisis y la lectura flotante del corpus, permitiendo una inmersión inicial en los datos. A continuación, se realizó la exploración del material y la codificación en unidades de significado. La tercera etapa implicó el tratamiento de los resultados, la inferencia y la interpretación, culminando en la construcción de categorías temáticas emergentes a partir de los patrones identificados en las respuestas.

Las preguntas cerradas del cuestionario fueron analizadas mediante estadística descriptiva simple, mientras que las preguntas abiertas se sometieron a análisis de contenido, con identificación de unidades de registro y selección de extractos representativos. La triangulación entre datos cuantitativos, datos cualitativos y el marco teórico contribuyó al fortalecimiento de la consistencia analítica e interpretativa de los resultados, permitiendo una comprensión integradora del desempeño del Procurador Institucional.

3. Resultados y Discusión

El análisis del desempeño del Procurador Institucional (PI) en las Instituciones de Educación Superior (IES) reveló un escenario complejo, caracterizado por una función multifacética que trasciende el carácter meramente operativo, posicionándolo como un agente estratégico en la gestión educativa. Los resultados obtenidos, a partir de la aplicación de cuestionarios a 17 Procuradores Institucionales de un grupo educacional privado, permitieron identificar sus atribuciones, los desafíos enfrentados y las contribuciones a la gobernanza y la calidad institucional. La investigación evidenció que, si bien el PI es reconocido por su capacidad de articulación y mediación, su desempeño pleno se ve frecuentemente limitado por factores estructurales y organizacionales, como la acumulación de funciones y la autonomía restringida, aspectos que se detallarán a continuación.

Perfil de formación

El perfil formativo de los Procuradores Institucionales participantes del estudio demostró una notable diversidad académica, con predominancia de graduaciones en Derecho, Letras/Lingüística, Ciencias Contables y Pedagogía, cada una representando del 12% al 18% de los encuestados. Otras áreas, como Psicología, Ciencias Sociales, Nutrición, Administración, Psicopedagogía y Difusión del Conocimiento, también fueron observadas, indicando la naturaleza transversal y multidisciplinar exigida por la función. Esta variedad de formaciones sugiere que la actuación del PI demanda un conjunto amplio de competencias, que van desde la lectura e interpretación normativa hasta la visión sistémica y la capacidad de articulación institucional, conforme alineado a la literatura que aborda la gobernanza en IES como un proceso multidimensional (Atvars et al., 2024).

A pesar de reconocer la contribución de sus formaciones académicas al ejercicio de la función, los participantes indicaron que la complejidad del cargo no es abarcada integralmente por la formación inicial. Esta percepción refuerza la necesidad de procesos estructurados de formación continuada, un punto crucial ya destacado por Medeiros (2015). La ausencia de una trayectoria formativa específica para el PI implica que el desarrollo de competencias ocurre, en gran parte, de forma empírica y contextual, lo que puede generar vulnerabilidades tanto para los profesionales como para las instituciones. Esta dinámica de aprendizaje continuo en el ambiente institucional también es señalada por Dias Sobrinho (2010) al discutir funciones estratégicas y transversales en la enseñanza superior.

Acumulación de funciones y autonomía

Un hallazgo significativo de la investigación fue la acumulación de múltiples funciones por parte de los Procuradores Institucionales. Se observó que el 76% de los encuestados (13 de 17) ejercían otras atribuciones además del cargo de PI, mientras que solo el 24% (4 encuestados) se dedicaban exclusivamente a la función. Entre las actividades más frecuentemente acumuladas, se destacan la Coordinación de la Comisión de Evaluación Propia (CPA), la docencia, la Pró-rectoría de Investigación y Extensión, la Coordinación de Facilities, el Punto Focal del Jurídico y la Defensoría del Pueblo, y el Censador Institucional. Esta acumulación, aunque puede indicar reconocimiento técnico, frecuentemente resulta en sobrecarga funcional, limitando la dedicación estratégica necesaria a la función de PI.

La fragmentación de la carga de trabajo fue mencionada explícitamente por uno de los participantes, quien informó dedicar solo 20 horas semanales a la función de PI, evidenciando un desafío central en la conciliación de las demandas institucionales con la disponibilidad de tiempo. Esta realidad, donde la superposición de funciones es común, puede ser interpretada bajo la óptica de la racionalización de costos en IES privadas, según analizado por Dourado (2011). Tal modelo organizacional más amplio sugiere que las limitaciones en la actuación del PI no derivan solo de factores internos, sino de una estructura institucional que, a veces, restringe el potencial estratégico de la función.

En cuanto al nivel de autonomía, los resultados indicaron una predominancia de niveles intermedios. La mayoría de los encuestados, el 59%, clasificó su autonomía como media, mientras que el 35% la consideró alta. Solo el 6% (1 encuestado) reportó baja autonomía. Este panorama sugiere que, si bien la función del PI ha alcanzado cierto grado de consolidación en las IES, todavía existen limitaciones estructurales que impiden su plena inserción en los procesos de gobernanza y toma de decisiones. La autonomía restringida puede comprometer la capacidad del PI para actuar proactivamente en la mediación entre regulación, planificación y evaluación, un papel esencial para la calidad institucional (Amaral; Leite, 2013).

Articulación institucional y procesos evaluativos

La investigación reveló que el Procurador Institucional desempeña un papel central en los procesos de evaluación, actuando en la organización documental, en la interlocución con sistemas regulatorios y en la preparación institucional para evaluaciones externas. La percepción de los PIs sobre su articulación interna con la dirección, coordinaciones de curso, CPA y sectores administrativos fue ampliamente positiva. Casi la totalidad de los encuestados, el 94%, calificó su articulación como satisfactoria o excelente, con un 47% asignando la nota 5 y otro 47% la nota 4 en una escala de 1 a 5. Este resultado indica que, a pesar de los desafíos, los PIs perciben una buena integración en sus relaciones internas.

Sin embargo, el análisis de contenido de las respuestas abiertas identificó desafíos recurrentes en los procesos evaluativos, agrupados en cuatro subcategorías principales. El primer desafío es el alineamiento y compromiso institucional, donde uno de los PIs destacó la dificultad para sincronizar todos los sectores y coordinadores. El segundo se refiere a la cultura de registro, con un encuestado señalando la falta de concienciación sobre la importancia de registrar rutinas pedagógicas y administrativas, a pesar del intenso trabajo realizado por la IES. Esta brecha en la cultura organizacional puede comprometer la fiabilidad de los datos reportados a los organismos reguladores.

El tercer desafío, mencionado por 8 de los 17 encuestados, es la gestión de plazos y la confiabilidad de la información, un aspecto crítico dada la naturaleza regulatoria de la función. La precisión y puntualidad en la entrega de datos son fundamentales para la conformidad institucional. Finalmente, la inestabilidad y obsolescencia de los sistemas regulatorios, como e-MEC, ENADE y CENSUP, fueron citadas como desafíos centrales, especialmente cuando se acercan los plazos. Estas dificultades evidencian que la actuación del PI exige no solo dominio técnico, sino también habilidades de liderazgo, comunicación y articulación institucional para superar las barreras operacionales y culturales (Baena et al., 2025).

Reconocimiento estratégico y límites institucionales

A pesar de que el 82% de los encuestados (14 de 17) afirmaron sentir que su actuación como estrategas es reconocida dentro de la gestión institucional, las respuestas cualitativas revelaron una tensión entre el reconocimiento formal y la incorporación efectiva de la función en los procesos de toma de decisiones. Dos PIs, por ejemplo, respondieron negativamente a la pregunta, indicando que el reconocimiento declarado no siempre se traduce en un protagonismo real. Uno de los participantes ilustró esta contradicción al relatar que había llevado a cabo prácticamente solo un proceso de reconocimiento de curso, realizando aproximadamente el 90% del trabajo, pero los créditos públicos fueron dirigidos a la coordinación del curso, sin mención al PI.

Otro Fiscal Institucional profundizó esta percepción crítica, afirmando que, en la práctica, el PI es visto como un cargo técnico-administrativo, cuyos análisis y ponderaciones sobre el cotidiano regulatorio raramente son considerados en las decisiones institucionales. Esta situación, según él, compromete la finalidad estratégica de la función. Esta perspectiva dialoga con la distinción de Sguissardi (2008; 2015) entre calidad regulatoria y calidad efectiva, sugiriendo que el enfoque excesivo en indicadores puede reducir la actuación del PI a meras prácticas de cumplimiento, alejándolo de una contribución más sustantiva a la calidad educacional, conforme también señalado por Chaves (2010) al discutir mecanismos de compliance regulatorio.

Sin embargo, un encuestado con más de 20 años de experiencia en el puesto observó una evolución positiva en el reconocimiento a lo largo del tiempo, lo que indica que los PIs son hoy más visibles y reconocidos por los gestores. Esta percepción sugiere un movimiento gradual de ampliación del reconocimiento, impulsado por la creciente complejidad de la regulación y por la necesidad de una figura que articule las demandas externas con las capacidades internas de la IES. La centralidad de los datos institucionales, en gran medida gestionados por el PI, es crucial para la toma de decisiones de gestión educacional, como destaca Lopes (2025), reforzando el potencial estratégico de la función.

Necesidad de formación y mejora de la actuación

La investigación también investigó qué podría mejorar o facilitar el trabajo de los Procuradores Institucionales, y los resultados apuntaron a tres áreas principales. La opción más seleccionada fue “Formación y Capacitación”, con el 47% de las menciones, seguida por “Sistemas”, con el 29%, y “Reconocimiento Institucional”, con el 24%. Esta demanda de formación y capacitación es coherente con las respuestas cualitativas sobre los principales desafíos, que incluyeron la constante actualización de las normativas regulatorias, la articulación intersectorial, la valorización de la función por parte de los gestores y los problemas operacionales de los sistemas del MEC.

La alta demanda de formación y capacitación evidencia una brecha estructural en el sistema de educación superior brasileño, donde no existe un programa sistemático de formación para Procuradores Institucionales, como ya observó Medeiros (2015). Esta percepción se ve reforzada por la dificultad de conciliar la complejidad normativa de la educación superior con la agilidad exigida por el contexto institucional. La mejora de los sistemas, a su vez, refleja la necesidad de herramientas más eficientes y menos obsoletas para gestionar la información regulatoria, minimizando los desafíos operativos y optimizando el tiempo de los PIs.

El reconocimiento institucional, aunque menos votado que la formación y los sistemas, sigue siendo un factor importante para la mejora del desempeño de PI, reforzando la tensión entre el reconocimiento discursivo y la integración efectiva de la función en los procesos de toma de decisiones. La triangulación entre los datos empíricos y el marco teórico confirma que estas limitaciones no son puntuales, sino de naturaleza estructural, lo que indica la necesidad de intervenciones institucionales para fortalecer la función de PI, ampliando su autonomía, valoración e implementando políticas sistemáticas de formación continua.

La Percepción de PI como agente estratégico

Los datos revelaron que los 17 encuestados reconocen al Procurador Institucional como parte estratégica de la planificación institucional. Esta percepción es compartida por PIs de diferentes perfiles y contextos, quienes destacan la capacidad de la función para anticipar riesgos regulatorios, articular información transversal y respaldar la toma de decisiones basada en evidencia. Esta visión se alinea con el análisis de Lopes (2025), quien enfatiza la centralidad de los datos institucionales, en gran parte gestionados por el PI, para la gestión educativa. Sin embargo, esta percepción estratégica contrasta con los desafíos estructurales identificados, lo que indica que el reconocimiento discursivo aún no se traduce plenamente en condiciones institucionales para el ejercicio pleno de la función.

A partir de este análisis y de la articulación con el marco teórico, se propuso un modelo de actuación estratégico-sistémica para el Fiscal Institucional, estructurado en cuatro ejes interdependientes: Gobernanza, Regulación, Planificación y Evaluación. Este modelo parte del supuesto de que el FI no debe ser visto solo como un agente técnico-operacional, sino como un elemento central en la articulación institucional, capaz de integrar información, anticipar riesgos y subsidiar la toma de decisiones. La representación textual de este modelo evidencia que estas dimensiones no operan aisladamente, sino de forma sistémica e interdependiente, reforzando el carácter transversal de la función del FI.

En el eje de Gobernanza, la actuación del PI se materializa en la mediación entre los diversos sectores institucionales y en la participación activa en consejos y comisiones, contribuyendo al alineamiento estratégico y a la efectividad de las políticas educativas (Atvars et al., 2024; Baena et al., 2025). En el campo de la Regulación, su función primordial es el monitoreo normativo y la prevención de riesgos, asegurando la conformidad institucional con las exigencias del Ministerio de Educación. En cuanto a la Planificación, el PI integra los datos regulatorios con la estrategia institucional, proporcionando información crucial para la elaboración y revisión del Plan de Desarrollo Institucional (PDI).

Finalmente, en el eje de la Evaluación, el Procurador Institucional desempeña un papel fundamental en el apoyo a la autoevaluación y en la preparación para las visitas del MEC, induciendo una cultura de calidad y mejorando los procesos evaluativos internos y externos. Este modelo propuesto contribuye a una comprensión ampliada del PI como agente estratégico en la interfaz entre regulación, evaluación y gestión escolar, superando la visión de una actuación meramente operativa. La integración entre gobernanza, regulación, planificación y evaluación, mediada por el PI, es esencial para la sostenibilidad y la calidad de la educación superior, consolidando su posición como articulador estratégico.

En resumen, la investigación confirmó que el Procurador Institucional es un eslabón articulador entre regulación, evaluación y planificación, con un potencial significativo para integrar procesos institucionales y fundamentar la toma de decisiones basada en evidencia. Sin embargo, la plena efectividad de esta función está condicionada por desafíos como la acumulación de funciones, la autonomía limitada y la ausencia de formación continua estructurada. El fortalecimiento del PI depende de su inserción efectiva en los procesos decisorios y de la adopción de prácticas de gestión escolar orientadas por evidencia, conforme al modelo estratégico-sistémico propuesto, que destaca su papel en la mediación e integración institucional para la gobernanza y la calidad de la educación superior.

4. Conclusión

El presente estudio analizó la actuación del Procurador Institucional como agente estratégico en la gestión educacional de Instituciones de Enseñanza Superior de un grupo privado, buscando identificar sus atribuciones, desafíos y contribuciones para la gobernanza y la calidad institucional. Se verificó que el Procurador Institucional desempeña un papel multifacético, actuando como nexo articulador entre regulación, evaluación y planificación, con un potencial significativo para integrar procesos institucionales y subsidiar la toma de decisiones basada en evidencias. Sin embargo, su plena efectividad estuvo condicionada por factores estructurales y organizacionales, como la acumulación de múltiples funciones, la autonomía limitada y la ausencia de formación continuada estructurada, aspectos que impactan directamente su inserción en los procesos decisorios. Se observó que, aunque la función es reconocida como estratégica por gran parte de los encuestados, esta percepción no siempre se traduce en un efectivo protagonismo en las decisiones institucionales.

La principal contribución de este trabajo reside en la proposición de un modelo de actuación estratégico-sistémica para el Procurador Institucional, estructurado en cuatro ejes interdependientes: Gobernanza, Regulación, Planificación y Evaluación. Este modelo amplía la comprensión de la función más allá de una actuación meramente operativa, concibiendo al PI como un agente central en la gobernanza de la educación superior y en la producción de inteligencia institucional. La investigación, sin embargo, tuvo como limitación el hecho de haber sido realizada en un único grupo educacional privado, lo que restringe la generalización de los hallazgos a otros contextos institucionales. Se sugiere que estudios futuros amplíen el alcance a diferentes realidades institucionales e investiguen los efectos de programas de formación continuada sobre la efectividad de la actuación del Procurador Institucional.

Referencias Bibliográficas

Amaral, G. S.; Leite, L. S. 2013. Atuação do pesquisador/procurador educacional institucional no ensino superior: um estudo avaliativo. Revista Meta: Avaliação 5(13): 46–68.

Atvars, T. D. Z.; Serafim, M. P.; Silva, А. М. А. С. 2024. Interrelacionamento entre governança, gestão estratégica e planejamento estratégico em instituições de ensino superior: relato de experiência da UNICAMP. Revista Internacional de Educação Superior 11: e025041.

Baena, C. R.; Naves, M. L.; Melo Júnior, J. S. 2025. Governança e regulação no ensino superior privado: o papel articulador do Procurador Institucional. Revista Brasileira de Política e Administração da Educação 41(1): 45–63.

Bardin, L. 2016. Análise de conteúdo. 70. ed. Edições 70, São Paulo, SP, Brasil.

Brasil. 2004. Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Diário Oficial da União, Brasília, 15 abr. 2004. Seção 1, p. 3.

Catani, A. M.; Oliveira, J. F. 2002. Educação superior no Brasil: reestruturação e metamorfose das universidades públicas. Vozes, Petrópolis, RJ, Brasil.

Chaves, V. L. J. 2010. Expansão da privatização/mercantilização do ensino superior brasileiro: a formação dos oligopólios. Educação & Sociedade 31(111): 481–500.

Dias Sobrinho, J. 2003. Avaliação: políticas educacionais e avaliação da educação superior. Cortez, São Paulo, SP, Brasil.

Dias Sobrinho, J. 2010. Avaliação da educação superior: avanços e riscos. EccoS – Revista Científica 10(especial): 67–93.

Dourado, L. F. 2011. Políticas e gestão da educação superior no Brasil: múltiplas regulações e controle. Revista Brasileira de Política e Administração da Educação 27(1): 53–65.

Ferreira, L. J.; Valle Dalla, R. P. 2025. Análise de conteúdo na perspectiva de Bardin: contribuições e limitações para a pesquisa qualitativa em educação. Educação em Revista 41.

Flick, U. 2009. Introdução à pesquisa qualitativa. 3ed. Artmed, Porto Alegre, RS, Brasil.

Gil, A. C. 2019. Métodos e técnicas de pesquisa social. 7ed. Atlas, São Paulo, SP, Brasil.

Libâneo, J. C. 2004. Organização e gestão da escola: teoria e prática. 5. ed. Alternativa, Goiânia, GO, Brasil.

Lopes, G. C. D. 2025. Avaliação institucional e gestão escolar: o papel dos dados na tomada de decisão. Observatório de la Economía Latinoamericana 23(1).

Lück, H. 2017. Gestão educacional: uma questão paradigmática. 10. ed. Vozes, Petrópolis, RJ, Brasil.

Medeiros, I. 2015. Procurador institucional: um papel estratégico para instituições de educação superior. Revista Projeção e Docência 6(2): 38–46.

Sguissardi, V. 2008. Modelo de expansão da educação superior no Brasil: predomínio privado/mercantil e desafios para a regulação e a formação universitária. Educação & Sociedade 29(105): 991–1022.

Sguissardi, V. 2015. Educação superior no Brasil: democratização ou massificação mercantil? Educação & Sociedade 36(133): 867–889.

Artículo originado del Trabajo de Conclusión de Curso de la Especialización en Gestión Escolar del MBA USP/Esalq

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